La Gaceta Jurídica

El régimen parlamentario y el escrúpulo en las alforjas de los elefantes

La razón de esa eventual presentación se sustentaba en la ausencia de dación de cuentas por parte del Presidente con relación a las declaraciones del extesorero de su partido y que apuntaban a un posible caso de financiación irregular y a determinados pagos presuntamente recibidos por altos cargos del partido entre los que podría contarse el propio primer mandatario.

El candidato a presidente  es sólo la cabeza de una lista,  por eso es necesario controlar el  Poder Legislativo.

El candidato a presidente es sólo la cabeza de una lista, por eso es necesario controlar el Poder Legislativo. FOTO: mneudecker.blogspot-com

Fernando Reviriego Picón

00:00 / 25 de julio de 2014

El Maestro Posada escribió allá por 1891 sus conocidos “Estudios sobre el régimen parlamentario en España”; un encargo recibido desde la Revista de España para “criticar, desde provincias, la marcha del Parlamento español, y con tal motivo indicar las causas de las corruptelas que vician y perturban en su base misma, las instituciones representativas”.

Un estudio duro y ácido, articulado sobre cinco grandes bloques: La corrupción electoral, lo que es y debe ser el Parlamento, la descomposición parlamentaria, la degeneración del cargo de diputado y la inmunidad parlamentaria.

Obra dedicada a Manuel Pedregal y a Gumersindo de Azcárate, y deudora en parte del trabajo de este último, “El régimen parlamentario en la práctica”, publicado poco tiempo atrás, 1885.

Azcárate, un gran liberal y parlamentario insigne e incansable defensor de la acción eficaz del Parlamento, como el propio Posada refiriera en el prólogo a una reedición de aquel libro en agosto de 1931, justo a la par que las Cortes Constituyentes debatían en el Pleno el proyecto de Constitución. Y en cuya tercera edición, también en un momento ilusionante, 1978, pocos meses antes de que las Cortes aprobaran nuestro vigente texto constitucional, esta vez con prólogo de Tierno Galván, se destacaba su actualidad, deseando una mayor influencia del libro de la que había tenido en el pasado; ello en una “ocasión en que el porvenir de España depende en gran parte del Parlamento y de las instituciones parlamentarias”.

El “último ejemplar” de una “casta de hombres que creía en las cosas superiores y para los cuales toda hora llegaba con un deber y un escrúpulo en la alforja”, como escribió en las páginas de “El Sol” Ortega y Gasset con ocasión de su fallecimiento hace casi cien años, y a quien, añadía, parecía acompañarse en su caminar de las sombras de Castelar y Canovas, Salmerón y Giner.

Un trabajo, “El régimen parlamentario en la práctica”, más mesurado que el de Posada, como apuntara Rubio -influido sin duda el de este último por su juventud impetuosa, apenas contaba treinta años-, pero donde cobraban también gran importancia los capítulos dedicados a las corruptelas parlamentarias, al falseamiento de las elecciones, a la omnipotencia del poder ejecutivo, a la impotencia del poder judicial o a la inmoralidad política.

Y en el que dedica importantes reflexiones a los partidos y a los políticos “de oficio”, dentro de un país cada vez más desinteresado de la política, donde la ciudadanía se aleja cada vez más de ella, o cuando menos de sus estructuras más formales. Estábamos entonces apenas a una década del desastre del 98, de aquel terrible movimiento de tierras que (casi) todo lo alteró, y que ya se venía mascando desde tiempo atrás.

Más de un largo siglo ha transcurrido desde entonces y los cimientos vuelven a estar inestables bajo nuestros pies (¿acaso hubo alguna vez once mil vírgenes?) dentro de una gravísima crisis económica y de valores. Con una ciudadanía cada vez más alejada de nuestros partidos, de nuestros políticos, de nuestros representantes, de nuestros parlamentos. Y eso que el artículo posesivo ahora utilizado merecería sin duda múltiples matices y precisiones.

Buena ocasión sin duda para una reedición de aquel trabajo aunque fuere en formato electrónico.

En los días pasados se ha venido debatiendo sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Gobierno.

La razón de esa eventual presentación se sustentaba en la ausencia de dación de cuentas por parte del Presidente con relación a las declaraciones del extesorero de su Partido y que apuntaban a un posible caso de financiación irregular y a determinados pagos presuntamente recibidos por altos cargos del partido entre los que podría contarse el propio Presidente.

Una forma de conseguir debatir en la cámara estos temas y que en última instancia terminarían haciendo presentar al Presidente una solicitud de comparecencia para abordar en forma genérica la situación actual, especialmente la económica, pero en la que sin duda se apuntarían tales cuestiones,

Recordemos que nuestro texto constitucional, bajo la influencia de la Konstruktives Mistrauensvotum germana, establece en su artículo 113, punto clave de la arquitectura global del texto para Solé Tura, que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Una moción que debe ser presentada por al menos la décima parte de los diputados e incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que, caso de obtener dicha mayoría se entendería investido de la confianza de la Cámara y habría de ser nombrado por el Rey Presidente del Gobierno.

Una fórmula que como apuntaran López Pina y Gutiérrez favorecía desproporcionadamente, en su extrema racionalización, la estabilidad del Gobierno y la posición del Presidente en su seno. Estabilidad, aunque fuere artificial en según qué casos.

Una protección, señala Vírgala, que, en sus consecuencias –protección de los Gobiernos minoritarios–, puede conducir a situaciones antiparlamentarias. Y que, en su procedimiento, adolece de manquedad, al decir de Aragón, por la falta de equilibrio entre la discusión del programa del candidato y la discusión sobre la actividad política del Gobierno censurado.

Más anclado todo ello en el miedo a las crisis frecuentes; recordemos las reflexiones del diputado Pérez-Llorca durante los debates de dicho artículo cuando destacaba que “nosotros creemos que hay que asumir a fondo las reglas del parlamentarismo, pero hay que asumirlas con las enseñanzas de la historia, y la historia enseña que el parlamentarismo explícito y no racionalizado es un parlamentarismo que produce Gobiernos débiles, crisis frecuentes y de difícil solución.

Nada de ello parece útil, nada de ello parece adecuado para la implantación sólida de un Gobierno democrático, de gobiernos estables y duraderos que puedan asumir la labor ingente que espera a cualquier Gobierno y, desde luego, la inmensa que tendrá cualquier Gobierno a partir de la aprobación de la Constitución”.Más allá de todo ello, lo cierto es que poco más señaló la Constitución sobre este instrumento: plazo de enfriamiento, posibilidad de mociones alternativas y sanciones (en forma de prohibición de presentación de nuevas mociones en el mismo período de sesiones) a los diputados signatarios caso de no salir triunfante ésta.

Nada refirió sobre el programa del Gobierno a formar por parte del candidato alternativo caso de resultar ésta triunfante, una cuestión que fue objeto de críticas durante la tramitación constituyente; así por ejemplo por parte de Ollero Gómez, senador de designación real como otros profesores de Derecho político como Luis Sánchez Agesta o Torcuato Fernández Miranda. Una cuestión posteriormente resuelta por el Reglamento del Congreso de los Diputados, donde se estableció una referencia a la posible defensa del programa político del Gobierno a formar (programa que la Constitución sólo señalaba para la investidura ordinaria o la presentación de una cuestión de confianza), caso de resultar triunfante, por parte del candidato propuesto en la moción.

Más allá de que, caso de presentarse esta anunciada moción, estaba condenada al fracaso por mor de las mayorías parlamentarias y de esos partidistas mandatos imperativos que todo lo tiñen, lo cierto es que ha reabierto un interesante debate sobre la virtualidad y sentido de este instrumento.

Un mecanismo utilizado hasta la fecha sólo en dos ocasiones, en ambas con idéntico resultado práctico-jurídico, fracaso de la censura y mantenimiento del Gobierno, aunque con diferente resultado práctico-político para los candidatos en ellas presentados. Felipe González en la moción de censura presentada en 1980, Antonio Hernández Mancha en la de 1987. En este segundo caso la moción de censura se planteó en paralelo con varias mociones presentadas a nivel autonómico, todas ellas con idéntico resultado.

La moción no ha sido presentada hasta la fecha y queda por ver si finalmente se hará, una vez se produzca la anunciada comparecencia del Presidente del Gobierno el próximo 1 de agosto.

Caso de que finalmente se produzca, y más allá del evidente resultado práctico-jurídico, queda la duda de su resultado práctico-político; aunque lo cierto es que no creemos que la presentación de esa anunciada moción de censura termine aliviando ese sentimiento que parece posado en la ciudadanía sobre una suerte de resquebrajamiento de nuestra democracia representativa, necesitado sin duda de un activo regeneracionismo.

Saliéndonos de esa exclusiva responsabilidad-sanción plasmada entre otros instrumentos en la posibilidad de presentación de mociones de este tipo y gravitando a conceptos más generales de control, reseñar que hace más de tres lustros Garrorena en un interesante trabajo en el que abordaba diferentes sugerencias para renovar la función de control señalaba como una de ellas la necesidad de “renovar la proximidad social del control”.

Nos hablaba con acierto de un punto negro de debilidad de la función de control desarrollada por los Parlamentos, señalando que un control realizado sin inmediación suficiente con los intereses efectivos y los problemas reales de la sociedad no era sino un control seco o rutinario que los ciudadanos darán por no hecho en su nombre. Para solventarlo, apelaba a conectar a los controladores con la sociedad, no sólo con los fuertes poderes económicos convertidos en grupos de presión sino con buena parte de las organizaciones ciudadanas, la mayoría defensoras de intereses sociales sin fines de lucro. Apelaba así a la renovación de la tarea fiscalizadora de los Parlamentos con tales mimbres.

Renovación y regeneracionismo

Terminaba Azcárate su obra sobre la práctica del régimen parlamentario con un optimista capítulo dedicado al “elemento joven”.

Allí pedía a la juventud su lucha y trabajo para desarraigar los vicios del egoísmo, la arbitrariedad, la hipocresía y la mentira, desplegando en la vida pública las virtudes, tan propia y naturales de su edad, precisamente las adecuadas para remediar los males que corrompían, que corrompen, la práctica del régimen parlamentario. Y para ello apelaba a grabar en sus corazones la cita de Tennyson “La senda del deber es el camino de la gloria”.

La “senda del deber” que podemos sin duda contraponer a esa suerte de “senda de los elefantes” que llevan abriendo nuestros partidos desde tiempo atrás, adocenados por una estrechez de miras, y que ha terminado por separarles de un amplio sector de la ciudadanía que busca en otras vías y en otros movimientos, un engarce renovado con la política.

Y ello cuando no existen ya esas vías más contundentes como las del medievo en la vinculación de los procuradores a los mandantes por mandato imperativo, similar a la de un mandatario privado, idea que nos recordaba Alzaga apuntando que ese nexo a la voluntad y encargo de sus mandantes lo debió acabar de comprender bien, antes de expirar en el patíbulo, el procurador de las Cortes de Castilla por Segovia ahorcado tras “olvidarse” en dichas Cortes los mandatos de su cuaderno de instrucciones.

Unos partidos que en la actualidad se comportan como elefantes en cacharrería que han terminado en los últimos tiempos por articular la totalidad de los órganos constitucionales como posibles campos de batalla donde pertrechar tropas para los eventuales conflictos.

En el curso de un viaje, en palabras de Alzaga, del consenso constituyente al conflicto permanente, sobre la base de una dinámica partitocrática radicalizadora, donde parece poco viable apelar a la Concordia Salustiana.

Y donde en la ciudadanía, despertada de su letargo por el Sermón de Montesinos, parece venir cuajando la idea de que en las alforjas de una parte de nuestros representantes se sacaron los escrúpulos que apuntaba Ortega para dejar más sitio a según qué cosas.

Es profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España) y autor, entre otros, del libro “El Gobierno cesante o en funciones en el ordenamiento constitucional español”.

Este artículo fue publicado en la página web de la Revista Boliviana de Derecho (rBD) http://www.revistabolivianadederecho.org/la-espada-de-damocles

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