La Gaceta Jurídica

La relación de causalidad entre el hecho, el derecho y la petición

La Gaceta Jurídica / Orlando Parada Vaca / La Paz

05:00 / 06 de diciembre de 2011

Toda y cualquier demanda debe contener una pretensión, entendida como petición fundada que se dirige a un órgano jurisdiccional, frente a otra persona, sobre un bien de la vida” (Montero Aroca Juan y otros, “Derecho Jurisdiccional, Tomo II, Proceso Civil”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 116). Entonces, el acto de ejercicio del derecho subjetivo se llama pretensión, se funda en el derecho de acción y se materializa en la demanda.

La pretensión, la resistencia (contestación) y, en su caso, la reconvención permiten identificar los elementos delimitadores del objeto del proceso: a) subjetivos: las partes, el o los demandantes y el o los demandados; b)  objetivos: lo que se pide (petitum) y la causa de pedir (causa petendi) integrada por el conjunto de hechos con relevancia jurídica y el derecho en que se funda.

Cuando accionamos la jurisdicción es porque pedimos la protección de un determinado derecho –reconocido y declarado por el ordenamiento objetivo– que se ha visto afectado por algunos hechos. Esos hechos con relevancia jurídica deben tener una relación causal con el derecho invocado y con la petición formulada. Precisamente, la norma jurídica contiene un supuesto de hecho determinado y una consecuencia jurídica; por ello, al momento de dictar resolución sobre el fondo, el Juez subsume los hechos en la consecuencia jurídica contenida en la norma invocada.Esa necesaria relación de causalidad entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica contemplada en la norma es uno de los requisitos exigidos a quien acciona la jurisdicción. En materia penal, está contemplada esta exigencia para el caso de la denuncia en el segundo párrafo del artículo 285 cpp (Código de Procedimiento Penal):

“La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación”. En los mismos términos, se exige esta relación causal cuando se presenta la querella en el artículo 290 incisos 4), 5) y 6) cpp.

En materia civil, el artículo 327 cpc en el inciso 5) exige que se designe, con toda exactitud, la cosa demandada, lo que se pide, lo que se quiere y demanda del órgano jurisdiccional. Los incisos 6) y 7) del mismo artículo ordenan que en la demanda se indiquen, con precisión y claridad, los hechos en que se funda y el derecho que se invoca.

Reiteramos, para instar la actividad del Estado a través de la jurisdicción, es preciso que el ordenamiento jurídico tenga reconocido un derecho en una norma objetiva. Que la posible vulneración afectación o vulneración de ese derecho se encuentre contemplado en el supuesto de hecho y, finalmente, que dicha norma contenga, además, la consecuencia jurídica correspondiente.

En todo caso, esta exigencia no es de inexcusable cumplimiento y sin la cual podría no admitirse la querella o demanda, puesto que prima en este ámbito el aforismo latino que expresa: iurit novit curia, el juez conoce el derecho, o la expresión,  dadme los hechos que yo os daré el derecho.

El cumplimiento de este requisito es más exigente en el ámbito constitucional y se encuentra contemplada en los incisos III), IV) y VI) del Artículo 97 ltc (Ley 1836 de 01-04-98). Para provocar la actividad de la jurisdicción constitucional, es necesario precisar los derechos o garantías constitucionales que se consideren suprimidos, restringidos o amenazados y que se exprese con claridad la relación causal entre el hecho que le sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía afectado.

Aunque el desarrollo y puntualización de estos requisitos ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional en cuanto a los recursos que ante esa institución se articulan, es preciso remarcar que esta exigencia debe ser general para todo tipo de procesos y para toda solicitud a través de las cuales se pretenda accionar la jurisdicción. Ninguna demanda debiera ser admitida que no contenga, como mínimo, esa necesaria relación causal entre los hechos que se relatan con el derecho invocado y la petición formulada.

“De las precisiones exigidas por las normas aludidas, el requisito de contenido previsto en el artículo 97.IV de la ltc, señala que el recurrente debe: “Precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados”; el cual ha sido analizado por la jurisprudencia constitucional, así la SC 0365/2005-R ha señalado lo siguiente:

“(…) la causa de pedir contiene dos elementos:1) el  elemento fáctico que está referido a los hechos que sirven de fundamento al recurso; 2) el  elemento normativo, es decir, los derechos o garantías invocados como lesionados por esos hechos, que deben ser precisados por el recurrente; sin embargo, como en los hechos debe acreditarse el derecho vulnerado, es preciso que exista una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamento y la lesión causada al derecho o garantía. De ahí que el cumplimiento de esta exigencia no se reduce a enumerar artículos, sino a explicar desde el punto de vista causal, cómo esos hechos han lesionado el derecho en cuestión”.

(SC 740-2007 -RAC de 20 de agosto). (Negrillas y subrayado es nuestro)

Cuando se detectan estas omisiones en la jurisdicción ordinaria se permite, en aplicación del Artículo 333 CPC, que el juez mande subsanar esos defectos antes de admitir a trámite dicha demanda o petición. Son limitadísimos los casos en que se permite al juez ordinario, rechazar o inadmitir una demanda. En general, ante la ausencia de un  requisito de forma o de fondo, debe mandarlo subsanar.

En la jurisdicción constitucional, esos requisitos de contendido se encuentran establecidos en el artículo 97 en sus incisos III, IV y VI LTC (Ley del Tribunal Constitucional), referidos a los hechos, el derecho y la petición. El incumplimiento de este requisito, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, da lugar al rechazo in límine del recurso interpuesto.

Este es el criterio esbozado por el Tribunal Constitucional a través de las resoluciones que se citan y que, hasta hoy, se convierte en línea jurisprudencial vinculante. Se citan, entre otras, los AACC 109/11 -AAC (16-03); 110/11 -AAC (16-03), y 135/11 -AAC (04-04) y las SSCC Nos. 0143/07 -RAC (14-03); 0195/07 -RAC (27-03); 0412/07 -RAC (21-05); 0449/07 -RAC (06-06); 0497/07 -RAC (19-06); 0509/07 -RAC (19-06); 0571/07 -RAC (05-07); 0638/07 -RAC (25-07); 0703/07 -RAC (14-08); 0740/07 -RAC (20-08); y 125/11 -AAC (21-02).

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