La Gaceta Jurídica

La relevancia jurídica del Derecho a la Verdad en Bolivia

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 08 de abril de 2014

En esta oportunidad me parece necesario poner de relieve la trascendencia jurídica del denominado Derecho a la Verdad (que, por cierto, no está reconocido explícitamente en la Constitución). Al efecto, se debe tener en cuenta que, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas (la extensión del nombre, justifica su alcance y ámbito de aplicación).

En todo caso, cabe tener en cuenta que los propósitos que persigue este día especial son los siguientes:

a) Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia;

b) Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;

c) Reconocer, en particular, la importante y valiosa labor y los valores de monseñor Óscar Arnulfo Romero (de El Salvador), quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables (1).

Es importante resaltar también el tratamiento de este derecho en casos concretos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

De acuerdo a la información proporcionada en el portal web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2) y que es de suma relevancia para conocer los criterios establecidos en casos anteriores y análogos que ha conocido dicha instancia internacional, cabe señalar que, inicialmente, la Comisión Interamericana consideró que se trata del derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, derivado de la obligación que tienen los Estados de brindar a las víctimas o sus familiares un recurso sencillo y rápido que los ampare contra violaciones de sus derechos fundamentales, conforme al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cadh).

La interpretación de este derecho ha evolucionado y actualmente se considera, por lo menos por parte de la Comisión, que el derecho a la verdad pertenece a las víctimas y sus familiares y también a la sociedad en general. Conforme a esta concepción, el derecho a la verdad está basado no sólo en el artículo 25, sino también en los artículos 1.1, 8 y 13 de la misma Convención.

El informe realizado por la Comisión sobre un conjunto de casos de Chile en 1998 constituyó la primera ocasión en que la Comisión consideró el artículo 13 dentro del marco del derecho a la verdad, así como la primera vez que la Comisión reconoció que este derecho pertenece a los miembros de la sociedad en general, así como a las familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En esta serie de casos, los peticionarios sostuvieron que la constante aplicación de la ley de amnistía en Chile violaba los derechos de las víctimas de la represión durante el régimen de Pinochet. Conforme a la ley, se perdonaban los crímenes cometidos entre 1973 y 1978, impidiéndose la investigación y sanción de los delitos y acordándose impunidad a sus responsables.

La Comisión consideró que el Estado había violado, entre otros, el derecho de las familias de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad acerca de lo ocurrido en Chile. La Comisión observó que esta obligación surge de los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la Convención. Además, la Comisión manifestó que cuando se dictan amnistías los Estados deben adoptar las medidas necesarias para establecer los hechos e identificar a los responsables.

La Comisión también señaló que “(t)oda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. Además, la Comisión señaló que “(l)a interpretación que ha hecho la Corte en el caso Castillo Páez … sobre las obligaciones genéricas del artículo 1.1, permiten concluir que el ‘derecho a la verdad’ surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado parte”.

La Comisión volvió a tratar esta cuestión en el marco de las leyes de amnistía con motivo de un caso en 1999 relativo a El Salvador. Los peticionarios denunciaron que varios agricultores habían sido arrestados y torturados por unidades del ejército salvadoreño durante un conflicto armado interno y que dos de los detenidos habían fallecido a raíz de las torturas. Como en el caso anterior, la Comisión señaló que el derecho al conocimiento de la verdad emana de los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la Convención, pero no manifestó expresamente que se hubiera infringido el artículo 13.

Además, la Comisión sostuvo que el derecho a la verdad es “un derecho de carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y un derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite una forma de reparación, en particular, en los casos de aplicación de leyes de amnistía. La Convención Americana protege el derecho a obtener y a recibir información, especialmente en los casos de desaparecidos, con relación a los cuales la Corte y la Comisión han establecido que el Estado está obligado a determinar su paradero” (3).

La cuestión del derecho a la verdad se suscitó posteriormente en dos casos que consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (4). El primero de éstos estaba relacionado con la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez, líder de un grupo guerrillero, a manos del ejército guatemalteco. Y el caso Barrios Altos que se refería a un asalto y tiroteo en un edificio de apartamentos en Lima, Perú, que arrojó un saldo de quince muertos y cuatro heridos y que, según se denunció, fue obra de miembros del “Grupo Colina”, un escuadrón de la muerte de los servicios de inteligencia del ejército peruano.

En ambos casos, la Corte entendió que se había infringido el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos que se denunciaba, pero que no era necesario considerar este aspecto por separado, porque, en ambos casos, la cuestión se trataba como parte de la violación de los artículos 8 y 25 de la cadh.

Reviste enorme importancia considerar estos antecedentes, dado que la jurisprudencia de la Corte Interame- ricana de Derechos Humanos es vinculante para la jurisdicción interna y forma parte del Bloque de Constitucionalidad en Bolivia.

Notas

1. Información disponible en: http://www.un.org/es/events/righttotruthday/

2. Información disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=156&lID=2

3. Caso 10.480, Informe Nº 1/99, El Salvador, Lucio Parada Cea, Héctor Joaquín Miranda Marroquín, Fausto García Funes, Andrés Hernández Carpio, José Catalino Meléndez y Carlos Antonio Martínez, 27 de enero de 1999, párrafo 150.

4. Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 25 de noviembre de 2000; Caso Barrios Altos, Sentencia de 14 de marzo de 2001.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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