La Gaceta Jurídica

Mucho por resolver en Latinoamérica

Una de cada tres mujeres en Latinoamérica sufre algún tipo de violencia física y el 16 por ciento ha sido víctima de violencia sexual alguna vez. En estos países, el 90% de los casos queda impune, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). República Dominicana es tercera  a nivel mundial en tráfico ilícito de personas, especialmente mujeres.

Salud y derechos reproductivos completan las aspiraciones femeninas de plenitud.

Salud y derechos reproductivos completan las aspiraciones femeninas de plenitud. Foto: reddesalud.org

La Gaceta Jurídica / Prensa Latina/Bolpress/redacción

00:00 / 03 de julio de 2012

Hay varias razones, las víctimas temen y callan, en muchas ocasiones dependen económicamente de quienes la maltratan, la confianza en las autoridades es baja y no todas las mujeres dominan el castellano, la lengua oficial. Encontrar personas a las que dirigirse resulta complicado, ya que la cultura de algunos lugares acepta la violencia intrafamiliar.

Por esos motivos, actualmente una de cada tres mujeres en la región sufre algún tipo de violencia física y un 16% ha sido víctima de violencia sexual alguna vez en su vida, de acuerdo con investigaciones de la Organización de Naciones Unidas (onu).

A pesar de algunos avances en materia de igualdad de género, la violencia doméstica contra las mujeres es común en Latinoamérica; en opinión de Moni Pizani, representante de onu Mujeres para el continente. Tales cifras aparecen en el informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo, en el cual se afirma que la violencia contra las féminas se produce a pesar de que el 97% de los países de la región aprobó leyes contra la intimidación de género.

Junto a esas acciones legales, el maltrato de a poco va gozando de menos aceptación social al no justificarse en ningún caso, por ejemplo, que un hombre golpee a su esposa. Menos de la mitad de las legislaciones aprobadas penalizan explícitamente la violencia dentro del matrimonio. No obstante, el panorama va cambiando, las mujeres ya se atreven a denunciar agravios y ultrajes, pero las cifras siguen muy altas y ratifican que se requiere políticas, recursos y códigos para garantizar a las féminas una mejor representación social.

Para onu Mujeres las instituciones gubernamentales, la policía y los tribunales deben velar por la presencia de mujeres en el parlamento, en la primera línea del poder judicial y en el resto del quehacer político, social y económico, lo que ayudaría a un mayor respeto de sus derechos.

Otra de las violaciones más comunes es la discriminación en el ámbito laboral. El 53% de la mano de obra en América Latina y el Caribe está conformada por mujeres, quienes, además, son mayoría en las universidades. Sin embargo, la brecha salarial es notable y en algunos países reciben salario hasta 40% inferior al de un hombre por el mismo trabajo.

Las mujeres, salvo excepciones, están relegadas a puestos secundarios, niveles inferiores de toma de decisiones, no cuentan con seguridad social y existe discriminación hacia las embarazadas o lactantes. Asimismo, siguen sin tener igualdad frente a los hombres en puestos importantes, por ejemplo, el porcentaje de mujeres en los parlamentos actualmente es de 19,5% y están poco representadas en ministerios de áreas política y económica, según cifras de onu Mujeres.

De ahí se puede afirmar que la violencia contra las féminas es estructural y constituye violación a sus derechos humanos, lo cual es, a su vez, manifestación de la jerarquía social en donde los hombres son beneficiados por encima de ellas y para mantenerlas en esa posición subordinada utilizan mecanismos de agresión.Psicólogos, sociólogos y politólogos coinciden en que ese orden jerárquico es producto de procesos culturales arraigados en las sociedades, traducido en subvaloración –asimilada por el hombre, incluso por un gran número de mujeres–que ideológicamente justifica la discriminación, exclusión y violencia sistemática, privada y pública.

En este contexto cobran especial importancia las organizaciones de mujeres que denuncian, se oponen y luchan en contra de esas concepciones en todas las esferas de la sociedad, con una tenaz resistencia en todos los rincones del continente.

Los avances en las leyes de muchos países son producto del esfuerzo de esas organizaciones, de los organismos de derechos humanos y de muchos gobiernos de la región, identificados con la plena igualdad y participación de la mujer en el quehacer de sus naciones. En estos esfuerzos sobresale la creación de Ministerios de la Mujer y de consejos de féminas en barrios y caseríos en países como Perú y Venezuela, en este último identificadas e integradas al desarrollo de las misiones sociales de la “Revolución Bolivariana”.

Mujeres indígenas, doble exclusión

Los pueblos indígenas son, en su mayoría, los más pobres de la región y las mujeres de estas comunidades afrontan mayores dificultades que los hombres para desafiar múltiples contratiempos pese a que son sucesoras de la cultura ancestral.

En la práctica, las mujeres asumen la mayor parte de las tareas “masculinas” junto con las propias. Esta situación de las mujeres indígenas se refleja en una serie de indicadores sociales y económicos, además de obstáculos que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos.

Como apunta la investigadora argentina Mariana Marcela Ríos, una de los principales planteamientos de estas mujeres es que, sin equidad de género no se puede hablar de desarrollo pleno. En el pueblo quechua en Argentina se considera a la prolongada educación de las mujeres como un gasto inútil de tiempo y de dinero, pues cuando llegan a la adultez, apenas necesitan practicar lo aprendido. También existe la creencia por parte de los padres que, una vez entrada a la pubertad, su hija corre más peligros que beneficios si asiste a la escuela.

María Edit Oviedo, coordinadora de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, opina que las desventajas de las mujeres indígenas en cuanto al acceso y permanencia en escuelas contribuyen a mantener su marginación social. Hoy podemos encontrar mujeres indígenas como dirigentes de sus propias organizaciones, regidoras, alcaldesas, diputadas, ministras, pero ellas mismas sienten que les falta avanzar más y para ello la formación es clave.

En su vida cotidiana encaran dificultades derivadas de la falta de servicios básicos y de una educación deficiente o inexistente, entre otros problemas que se convierten en grandes trabas para la participación social, son excluidas del espacio público dentro de comunidad. Aunque son muchas las que han logrado superar el miedo de hablar delante de hombres en espacios públicos y lograr ser escuchadas y tomadas en cuenta. Tal es el caso de la colombiana Eulalia Yagari, quien con 14 años de edad y contra la voluntad de su padre, fue la primera mujer de su comunidad que participó en una reunión orientada a aumentar la sensibilización del público respecto de la recuperación de tierras.

Afrodescendientes y discriminación

Víctimas de la violencia racial estructural y de siglos de exclusión, las mujeres afrodescendientes viven en situación de subordinación y vulnerabilidad en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Más de 150 millones de descendientes de africanos están asentados en la región, de ellos la mitad son féminas que en mayor o menor medida sufren desigualdades inherentes a la sociedad patriarcal.

Doblemente discriminadas, por raza y género, en sus sociedades las representantes del sexo femenino de descendencia afro adolecen de ausencia en los espacios de poder, público o privado. Grupos defensores de derechos humanos advierten que la violencia racial se manifiesta en la negación del derecho a la identidad jurídica, en desplazamientos forzados, tráfico de mujeres jóvenes y hasta genocidio.

Aunque no existen estadísticas oficiales, se precisa que las limitaciones con respecto al acceso a servicios básicos, incluidos los de salud sexual y reproductiva, repercuten en elevadas tasas de mortalidad materna y gran incidencia y prevalencia de vih y sida. Al no asumirse como sujetas de derecho, a las afrodescendientes les cuesta más enfrentar las diversas formas de abuso, exclusión y violencia doméstica e institucional a que son sometidas.

Según la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y la Diáspora (Rmaad), son invisibilizadas en términos de información y eso incide en la ausencia de políticas públicas que favorezcan sus intereses. En su más reciente informe sobre derechos humanos, divulgado en febrero de 2012, ese grupo de incidencia política exigió a los Estados e instituciones la adopción de acciones inmediatas y comprometidas.

*    Redacción y corresponsalías de Prensa Latina.

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