La Gaceta Jurídica

Los responsables, ¿dónde están?

Omisión de la Constitución

La Gaceta Jurídica / Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 09 de marzo de 2012

Finalmente todos –incluida la alta jerarquía del poder político en Bolivia– reconocieron que con el caso del Tipnis se omitió el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Nueva Constitución Política del Estado (ncpe), pretendiendo construir la vía Cochabamba-Beni (Parte II) sin haber realizado la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan en dicho territorio.

A esta conclusión se llegó después de haber mantenido en vilo al país durante los 65 días que duró la marcha de los indígenas de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), quienes, por cierto, por reclamar el cumplimiento de la Constitución recibieron una pateadura el 25 de septiembre del pasado año en Yucumo.

Al presente, si bien es cierto que el Gobierno ha promulgado una ley que pretende dejar sin efecto la Ley 180 que protege al Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), nadie se ha tomado la molestia de indagar por los autores y/o responsables de dicha omisión (consulta previa), quienes, en los hechos, son los verdaderos responsables de todo el conflicto social que hoy en día se vive y que, en su caso, bien pudo haberse evitado, cumpliendo la Constitución y respetando los derechos que se reconocen a favor de los pueblos indígenas de nuestro país.

El Código Penal de Bolivia, en su articulo 153, estipula el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, en los siguiente términos: “La servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u ordenes, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años”.

Entonces, la normativa penal boliviana sanciona con un máximo de 10 años de reclusión el incumplimiento de los mandatos constitucionales, extremo aplicable en el caso del Tipnis en relación a la consulta previa a los pueblos indígenas, quienes debieron haber sido consultados sobre la construcción de la carretera y no así recién ahora, después de todo el conflicto suscitado que prácticamente puso en vilo no solo al Gobierno, sino también al país.

Por lo expuesto, considero que al margen de las consideraciones constitucionales y políticas que se podrían hacer sobre el tema del Tipnis y la consulta previa, urge también identificar a los responsables y los autores de la omisión (consulta previa), para así cerrar el círculo y, en su caso, demostrar que la Constitución en Bolivia no solo se la cumple, sino también se la acata.

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