La Gaceta Jurídica

La revocatoria en el Órgano Judicial

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 24 de abril de 2012

Puede una autoridad judicial ser revocada? Intrigado por esta incertidumbre me enfrasqué en una juiciosa búsqueda de una contestación razonable. Empecé realizando una reflexiva lectura de la Constitución Política del Estado (cpe), también le di una ojeada a rigurosos artículos escritos por entendidos en la materia y terminé con la Ley de Régimen Electoral. Respuesta a mi cuestionante: Quizás sí, quizás no, lo más seguro es que tal vez, como decía don Jaimito el Cartero de la vecindad de El Chavo.

Veamos cómo se origina una respuesta tan artificiosa y poco menos que incomprensible. La cpe señala como una de las atribuciones del Consejo de la Magistratura “Promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley” (artículo 195.1).

Hasta aquí está claro que los consejeros de la Magistratura, seguramente reunidos en Plenario, están en la capacidad de acometer, presumo, un juicio de responsabilidades contra estas altas autoridades de la judicatura nacional, pues el régimen disciplinario que está bajo responsabilidad de esa institución prevé solo la destitución de vocales, jueces y servidores de apoyo judicial cuando incurran en la comisión de faltas gravísimas, las que se encuentran detalladas en el artículo 188 de la Ley 025 del Órgano Judicial.

Ahora bien, no se tiene claro cuáles podrían ser las faltas gravísimas en las que incurrirían las autoridades superiores del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, pues, como quedó dicho, no hay una norma que especifique las mismas, por lo tanto, hay un gran vacío que, por el momento, es difícil de llenar.

Siempre en procura de clarificar si las autoridades del Órgano Judicial pueden o no ser revocadas de su mandato seguimos revisando la Constitución Política del Estado Plurinacional y encontramos que en clara contradicción con el artículo 195.1, citado con anterioridad, se encuentra el artículo 240.I, que, textualmente, señala: “Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley”.

Ahí se abre una interrogante del tamaño del Cuartel de la Glorieta, lugar donde la Asamblea Constituyente –pasando sobre los muertos de la Calancha y con la protección de ciertos sectores sociales–, se reunió para deliberar los alcances de la actual cpe.

¿Dónde queda la atribución del Consejo de la Magistratura que debería promover la revocatoria de mandato de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental?

Esa pregunta no tiene respuesta posible, seguramente serán los legisladores, miembros de la Asamblea, quienes deban tener un argumento adecuado que permita generar credibilidad en los gobernados, ya que en este caso es la propia norma suprema del Estado Plurinacional la que ingresa en esa serie de contrasentidos e incoherencias causando más de una confusión a quienes intentan encontrar cohesión en las orientaciones que, necesariamente, tendría que darnos este instrumento aprobado por el actual régimen.

Todavía hay más, la Ley del Régimen Electoral, aprobada con posterioridad a la Constitución Política del Estado Plurinacional, también se refiere a la revocatoria de mandato y señala que este mecanismo constitucional “se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal. No procede respecto de las autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional” (artículo 25.II).

Como se puede observar, esta norma concuerda con uno de los artículos constitucionales citados, el 240.I; pero destruye nuevamente esa atribución del Consejo de la Magistratura que se refiere a que sus autoridades pueden “promover la revocatoria…”. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pueden o no ser revocadas las autoridades del Órgano Judicial? Quizás si, quizás no, lo más seguro es que tal vez…

Caprichosos son los meandros leguleyescos, mucho más si no se tiene la capacidad de concordar aceptablemente las normas que se promulgan con la Constitución Política del Estado, peor aún si no se tiene la sutileza de que esta norma madre sea compatible consigo misma. Y no se crea que son las únicas discordancias, en este caso, solo se toma atención a la revocatoria de mandato y aún hay más. Volvemos al artículo 195 de la escarnecida cpe y vemos que en el parágrafo III se menciona que “el referendo revocatorio procederá por iniciativa ciudadana, a solicitud de al menos el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público”.

La Ley del Régimen Electoral señala que el procedimiento revocatorio emana de la iniciativa popular y entre sus requisitos habla de contar con las firmas y huellas dactilares de un 25 por ciento del padrón nacional, en el caso de promover la revocatoria de mandato de una autoridad nacional y de similar porcentaje si se quiere revocar a una autoridad departamental, en este caso, remite –eso es obvio– al padrón electoral departamental.

Cifras más cifras menos, por el momento, ni siquiera hay una norma específica que reglamente la revocatoria de mandato, lo que de por sí deja dudas sobre la honestidad y el comedimiento con que se incorporó esa figura en el engranaje constitucional.

Lo que queda claro es que si hay un mecanismo para revocar a las autoridades electas en el país éste debe tomar en cuenta a todas las que llegaron a sus cargos a través del voto, sean legislativas, judiciales o la del ejecutivo, sin excepción alguna.

No se vaya a creer que será la justicia divina la que sentencie a los actuales integrantes de la judicatura, mucho más cuando ya empiezan a develarse irregularidades en el comportamiento de las mismas.

Medir a todos con la misma vara, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, debería ser la regla; es más, probablemente se tendría que aplicar mayor rigurosidad en el control a las autoridades judiciales porque son las que imponen el cumplimiento de las leyes a todos los habitantes del país, consiguientemente la observancia de las mismas para ellos deberá ser entendida como el comportamiento que prevalezca por sobre todas las cosas.

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