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Entre la revolución y la paradoja señorial

Este 22 de enero se celebra, al menos en términos del Gobierno, el tercer aniversario del Estado Plurinacional, vigente desde aquel 7 de Febrero de 2009, fecha en la cual se promulgó –con toda su fuerza necesaria– la Nueva  Constitución Política del Estado (cpe) que, al menos en teoría, representa la síntesis ideológica del nuevo Estado.

El proceso de cambio se ha trocado en un periodo de reformas débiles.

El proceso de cambio se ha trocado en un periodo de reformas débiles. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 20 de enero de 2012

El nuevo Estado, el día de hoy, precisa ser evaluado tanto por oficialistas como por opositores, a fin de precisar su situación real, sus debilidades, fortalezas y perspectivas, por lo que, a fin de realizar una evaluación pedagógica del Estado Plurinacional, divido el presente análisis en tres facetas o dimensiones: una institucional, otra política y, finalmente, una dimensión económico-social.

La dimensión institucional del Nuevo Estado: Leyes, más leyes

Para nadie es desconocido que, desde la puesta en marcha de la Nueva Constitución el 2009, el Gobierno se trazó la meta de construir el andamiaje institucional del nuevo Estado, incorporando la etiqueta de “plurinacional” a todo evento o institución que se puso a su paso, logrando de este modo –aún de manera parcial e incompleta– “refundar” algunas instituciones como el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) o el Tribunal Supremo de Justicia (tsj), además de la promulgación de las cinco leyes fundamentales (Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley del Régimen Electoral, Ley del Órgano Judicial, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización), vistas como los pilares del Nuevo Estado.

Hoy en día, este sumario ha anclado el proceso de cambio en una perspectiva burocrática y legalista sin sentido alguno. Todo el debate histórico del cambio, parece haberse concentrado a la discusión de unas cuantas leyes, que, por más revolucionarias que pretendan ser, no logran mejorar la calidad de vida de la gente ni menos dar respuesta a las múltiples exigencias que se plantean día a día.

Sumado a ello, las nuevas exigencias emergentes de la Cumbre Social de Cochabamba (enero 2012), consistentes en la necesidad de aprobar y gestionar un nuevo paquete de leyes (casi 70), tan absurdas e intrascendentes como aquellas referidas la protección de testigos o la de agentes encubiertos en materia de corrupción.En todo caso, se debe apuntar que, si bien existe la necesidad de consolidar todo el andamiaje institucional del Nuevo Estado Plurinacional, sin embargo, el hacerlo no debe descuidar la real perspectiva del cambio, es decir, una perspectiva revolucionaria que brinde respuestas a la gente y que retome la idea de la política como un espacio de alta conflictividad donde se define el curso de la Nación.

La dimensión política: entre la Nueva Agenda y las fisuras del Bloque Social Revolucionario

Curiosamente, a la par de que se daba este desarrollo institucional del Nuevo Estado, el Gobierno Nacional, de modo abrupto, decidió dar por cerrada la Agenda de Octubre (Nacionalización de Hidrocarburos, Recuperación de los Recursos Naturales y Nuevo Modelo Económico), para dar paso a una “nueva Agenda Nacional”, que resuma los objetivos a seguirse los próximos años de Gobierno, convocando para tal fin a la famosa Cumbre Social en Cochabamba con la finalidad de construir participativamente esta Nueva Agenda.

No obstante, la citada Cumbre quedó lejos –muy lejos– de construir una Nueva Agenda, arrojando más al contrario una especie de agenda legislativa (más de 70 leyes a ser aprobadas) lejos de seducir a la Nación boliviana, lo cual nos deja dos lecciones, por un lado, una fuerte crítica al rol de la Asamblea Legislativa Nacional, que, en los hechos, se ha visto superada por la Cumbre Social, que le ha tenido que imponer una agenda legal a seguir y, por el otro, la ausencia de una perspectiva histórica en el actual proceso de cambio, capaz de guiar nuestro horizonte los próximos 10 o 15 años.

A ello se debe sumar que definitivamente el 2011, en términos políticos, ha sido el peor año para el Gobierno, no solo porque se ha dado una ruptura real con los pueblos y los líderes de las tierras bajas (Oriente, Amazonia, cidob, etc.), sino también porque se ha puesto en tela de juicio el pretendido carácter indígena del Gobierno, develando una tensión entre el paradigma industrial (construcción de carreteras, industrias, puentes, etc.) que exige el desarrollo industrial y la economía nacional y el paradigma del “Vivir Bien”, de respeto a la Madre Tierra y a los derechos indígenas. Adicionalmente a ello, se debe tener en cuenta la emergencia de nuevos líderes indígenas como Adolfo Chávez, con una perspectiva por demás interesante en los años próximos.

La dimensión económica-social: entre el statu quo y la movilización

Finalmente, el otro elemento que no puede pasarse por alto es el referido a la dimensión económica-social del cambio. Al respecto, si bien el artículo 306 de la Nueva Constitución enseña que “la Economía Plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”, en los hechos, en Bolivia, rige una economía de mercado, liberal, con fuerte énfasis en el sector estatal y privado.

Esto es así a tal punto que el mismo Alfredo Rada (ex Ministro de Gobierno) en su artículo titulado La estabilidad le gana al cambio (Pagina Siete),  afirma que “Este pluralismo pasa por alto que la realidad técnica, organizativa y cultural de la producción capitalista sigue dominando a las demás formas sociales y comunitarias.

Ignora que no será posible construir un nuevo modelo económico social comunitario sino es transformando las relaciones sociales de producción capitalistas, así como las formas de transferencia de valor desde las economías comunitarias hacia las económicas capitalistas. Ignora que en este contexto pluralmente denominado por el poder del capital, los propios avances en la nacionalización del sector hidrocarburos pueden terminar anclados en una nueva versión de capitalismo de Estado”. Mas claro, agua.

Estas declaraciones, en realidad, tienen el mérito de develarnos lo que sucede exactamente hoy en Bolivia: un país que si bien reclama el haber transitado hacia el Nuevo Modelo Productivo Nacional, con fuerte énfasis en la económica estatal, comunitaria y cooperativa, en los hechos son las lógicas del capitalismo a secas (economía de mercado), las que regulan la vida cotidiana de la sociedad y de los grandes negocios del Estado (véase cualquier dato del sector de hidrocarburos o de energía eléctrica), por lo que el Gobierno se encuentra en la difícil encrucijada de acabar apostando por una economía capitalista o, en su caso, a buscar el equilibrio dentro de esa economía plural, donde –tal como lo afirma Rada– es el poder del capital el que manda y define el curso inmediato.

Al respecto, se puede citar como un elemento central de esta tensión, el famoso “gasolinazo” asumido en diciembre de 2010, el cual no solo puso en tela de juicio la economía de bienestar, abundancia y bonanza, sino también el pretendido carácter socialista del Gobierno, mostrándonos que Bolivia no había sido una isla en el contexto internacional y que, por ende, no está ajena a las leyes de la oferta y la demanda propias del sistema capitalista.

Mientras tanto, es decir, mientras el Gobierno trata de encontrar salidas ingeniosas a esta difícil situación, las marchas, movimientos y exigencias parecen irse acumulando: discapacitados, marchistas del Tipnis, obreros, universidades, etc.

Conclusión: entre la revolución y la paradoja señorial

Luis H. Antezana, en su ensayo  Dos conceptos en la obra de René Zavaleta Mercado: Formación abigarrada y democracia como autodeterminación, rescata el concepto de paradoja señorial, expuesto por Zavaleta Mercado, apuntando hacia el hecho de que, “pese a las grandes movilizaciones populares que marcan a la sociedad boliviana y sus más profundas crisis, bajo diversas máscaras –que no excluyen, ciertamente, la apariencia de una posible burguesía nacional–, la tradicional oligarquía se las arregla para seguir ejerciendo el poder; de ahí aquello que, aun “en el momento mismo del auge de las masas”, dice Zavaleta Mercado, “los pueblos miran a veces como su liberación a lo que suele no ser sino una disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos”. Por otro lado, la “paradoja señorial” apunta también hacia los límites objetivos del hacer socio-político en la Bolivia contemporánea. La dominación oligárquica tiñe con sus ecos y restos coloniales los procesos de constitución, sobre todo, estatal en Bolivia”.

Una tendencia central de la formación social boliviana radica justamente en el hecho de que a pesar de los grandes procesos insurreccionales que se viven en el país, en muchas veces son las élites señoriales las que se hacen del poder, de donde deviene la popular afirmación de que en Bolivia “todo cambia, pero nada al mismo tiempo”, tensión histórica que hoy en día pone en tela de juicio todo el proceso de cambio y que nos permite ver que lo que existe en el trasfondo de todos estos conflictos, es en realidad, el destino del proceso de cambio: si este proceso sigue siendo un proceso de arraigo y tendencias populares con el pueblo como actor principal de los cambios o, en su caso, se desvía para que un puñado de señores, a nombre de aquél, usurpen el destino del país y acaben apropiándose del mismo.

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