La Gaceta Jurídica

El sector sándwich, el más afectado

La Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, que aún no cuenta con reglamentos procedimentales para su ejecución, afectará al sector sándwich del rubro minero y no le significará al Estado ni al país beneficios económicos ni de recuperación de los recursos naturales estratégicos, afirmó el sociólogo Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Con la medida, los cooperativistas podrán adjudicarse otros espacios para la explotación.

Con la medida, los cooperativistas podrán adjudicarse otros espacios para la explotación. Foto: comunicacion.presidencia.gob.bo

La Gaceta Jurídica / Periódico Digital PIEB

00:00 / 08 de octubre de 2013

Según el investigador, la norma promulgada en septiembre es aún ambigua y no establece bajo qué criterios se ejecutará los procedimientos que regirán su implementación, pero que, al parecer, será el sector sándwich de la minería el más afectado, pues “no está al lado de los más grandes ni de los más pequeños y trabaja de manera unipersonal o empresarial, ellos serán los más afectados”.

Determinaciones

El espíritu de la Ley 403 es la reversión sin derecho a la indemnización de parte del Estado de las concesiones mineras improductivas donde se demuestre que no hubo inversiones. El artículo primero señala que se debe establecer las causales de reversión de los derechos mineros por las Autoridades Transitorias Especiales (ate) y los contratos mineros previa verificación de la inexistencia de desarrollo de actividades mineras.

La verificación de la inactividad será realizada por el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización a partir de la publicación de dicha ley y el uso de procedimientos técnicos.

Gandarillas señaló que desde el Cedib se insistió en que la forma en que se concibieron las concesiones mineras con la promulgación del Código Minero 1777 durante los años 90 fue de manera indiscriminada, por lo que se reclamó la irresponsabilidad de haber entregado los recursos del Estado como si fuese un “cheque en blanco” para la especulación.

“Se dice en el carácter de la medida que los recursos serán de carácter estratégico y público, pero al ser revertidas las concesiones y asignadas a nuevos actores productivos habrá una fuga o traspaso de las concesiones ociosas, es decir, de los sectores medianos hacia las cooperativas. (Así) pasarían a ser las cooperativas el sector beneficiario, porque fueron ellas las que solicitaron ampliar sus áreas de operación”, señala.

El Cedib –dijo el investigador– no está de acuerdo con la ley porque se supone que si el Estado recupera recursos naturales mal habidos por algunos sectores empresariales, no es coherente recuperarlos para volverlos a entregar, ésta vez a un sector económico y político privilegiado.

Diagnóstico

“En un análisis profundo, las cooperativas son el principal sector exportador de minerales, han superado a las grandes trasnacionales, pero sus beneficios en todos los sentidos son cuestionables porque están liberados de la mayor parte de los impuestos, porque las zonas de auto-explotación van en deterioro de las condiciones de trabajo y salud y constituyen un sector con una enorme diferencia social en su interior”, aseguró.

De acuerdo al análisis del Cedib, la ley posibilitará la reversión de las concesiones de aquellos que tienen contratos como de los que tienen autorizaciones transitorias temporales que, en otras palabras, es una forma que encontró el Gobierno para burlar el cumplimiento de disposiciones de la Constitución Política del Estado (cpe) que establecía que, en el plazo de un año de promulgada la norma, quienes tuvieran concesiones debían convertirlas en contratos.

“El único factor real establecido en la Ley 403 es la inexistencia de la implementación de actividades mineras, esa sería la causal; pero, como se va hacer la comprobación, quien se va encargar de establecer esta inexistencia y quien determinará la reversión será la autoridad jurisdiccional minera. Dicho esto, la norma no es específica y puede dar lugar a graves discrecionalidades porque el Ejecutivo se constituirá en juez y parte”, afirmó.

La norma exceptuará de la reversión a aquellos que demuestren causas de fuerza mayor como las naturales o de avasallamiento el hecho de no haber, por ejemplo, desarrollado inversiones o trabajos. Tampoco tocará las áreas mineras a nombre de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), a ninguna cooperativa minera y a ningún operador minero unipersonal que tenga registrado menos de diez cuadrículas.

El sector cooperativista minero, según Gandarillas, es el responsable de la baja de precios de los minerales porque, en lugar de incrementar el valor, lo que se exporta no sólo son minerales, sino también agua, recursos estratégicos de vida, también vende pésimas condiciones laborales, de vida y salud e impactos ambientales que reducen capacidades productivas de otros sectores.

De acuerdo a datos oficiales, en el país existiren al menos 1.200 cooperativas mineras y más de 100.000 cooperativistas inmersos en las operaciones.

El Cedib advirtió que el sector cooperativista sólo paga al Estado las regalías mineras, que son variables según el mineral que se explote y sus cotizaciones en el mercado, que puede oscilar entre el 1 y el 7 por ciento. En cambio, además de las regalías, la minería privada y estatal aporta al Estado con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (iue) y la alícuota adicional al iue.

Con la Ley General de Cooperativas 356, Gandarillas indicó además que el sector cooperativista podrá asociarse con capitales extranjeros privados y generar sus propios regímenes sociales exentos de la Ley General del Trabajo.

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