La Gaceta Jurídica

El singular status jurídico de Fancesa

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 04 de abril de 2014

Su nombre completo, por decirlo así, es Fábrica Nacional de Cemento Sucre, Sociedad Anónima (Fance- sa). Pero, ¿por qué ha terminado interesando a gran parte del país todo lo que sucede en relación a su manejo? Pues, porque aquella industria, con el tiempo, se convirtió en la primera de Chuquisaca y una de las primeras de su rubro en el país todo.

Pero, no sólo eso. Lamentable-mente, Fancesa en varias ocasiones fue origen de conflictos hacia adentro y hacia afuera. Y es lo que ha venido sucediendo, precisamente, en las últimas semanas cuando se ha tratado de decidir sobre el futuro inmediato de las operaciones industriales de la factoría.

En problema se complejiza porque, en las decisiones finales que en algún momento deben adoptarse, ya no sólo intervienen los directivos y/o copropietarios de la fábrica, sino organizaciones de las más diversas de la sociedad civil.

Y es que, finalmente, existe un tema por demás principal que casi siempre ha sido soslayado, es el referido al actual status jurídico de Fancesa.

Mientras tanto, hasta no hace mucho, uno de los copropietarios (con el 33,33 por ciento) fue el industrial Samuel Doria Medina por Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento SA), así, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la industria de Sucre podría ser considerada (nunca lo fue oficialmente) una sociedad anónima mixta (sam).

Pero empiezan las complicaciones jurídicas y de otra índole. El Gobierno nacional adoptó la decisión de EXPROPIAR la copropiedad de Soboce en Fancesa (el 33,33%), disponiendo, obviamente, el pago correspondiente al valor accionario respectivo. Es bueno hacer notar que el valor que fuera finalmente señalado nunca se llegó a cancelar.

Queda aquí, por tanto, abierta la interrogante de si en una sociedad de este tipo se puede dar por consumada la operación de “transferencia” accionaria sin el pago por el monto total del valor de las acciones, así se diga después que las acciones expropiadas ya han sido “inscritas” a nombre de la Gobernación de Chuquisaca en los respectivos libros de la sociedad.

El error que se cometió en la operación que convertía a la Fábrica en una SAM salta a la vista. Venía a ser copropietario uno de los competidores de aquella en Bolivia, es decir, Soboce. Peor, después de eso esta última “adquiere” la Presidencia del Direc- torio a cambio de una suma de dinero que recibe otra de las copropietarias, la Universidad de Chuquisaca. Más enredo, imposible.

Pero, obviamente hay más, “desaparecido” el socio Soboce, con o sin el pago de sus acciones, resulta imposible hablar de sam, o sea una sociedad conformada por capitales de entidades estatales, por un lado, y capitales privados, por el otro.

Y aquí viene el tema que nos habíamos permitido adelantar, que en este momento Fancesa tiene tres accionistas PÚBLICOS, PERO FUNCIONA COMO UNA EMPRESA PRIVADA.

En definitiva, son tres entidades públicas o del Estado, además todas ellas autónomas, conformando irregularmente una institución privada. En efecto, las sociedades anónimas se rigen por el Código de Comercio (Capítulo V, Título III, artículo 217). Todo el texto de ese y otros capítulos sobre el tema de las Sociedades Comerciales ha sido estructurado para referirse a las personas individuales en calidad de “accionistas” y no a las personas colectivas y, entre éstas últimas, jamás a entes del Estado.

Pero se preguntarán ¿cuál, finalmente, es el motivo principal que complica la situación de tres entes públicos reunidos para conformar anormalmente un ente esencialmente privado? Pues la razón principal es que tal hecho totalmente forzado complica al extremo el funcionamiento normal de esta tan singular sociedad anónima (SA).

A partir del artículo 283, el Código de Comercio establece cuáles son los organismos de dirección administrativa de las sociedades anónimas.

La Junta General de Accionistas, dice el Código, es “el máximo organismo que representa la voluntad social”… En el caso que nos ocupa no es precisamente así. Las máximas autoridades de las tres entidades copropietarias no pueden ni siquiera asistir a esas juntas, porque se trata de órganos colegiados.

Así ocurre con el Concejo Municipal de Sucre, la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca y el Concejo Universitario de San Francisco Xavier. Este último, además, constituye la expresión no sólo de la autonomía de cada institución, sino, en el último caso, también del cogobierno docente-estudiantil, totalmente ajeno a las otras dos entidades.

Por tanto, son “representantes” de aquellos organismos sus autoridades máximas y son las que se hacen presentes en las juntas.

El artículo 307 del Código de Comercio dice que la “administración de toda SA estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de tres miembros accionistas o no…”.

En el caso que analizamos, con tres entes del Estado resulta todavía más difícil “acomodar” ese texto, pero así se lo hace. Finalmente, están los síndicos encargados de la “fiscalización interna y permanente de la Sociedad…”

Pero no es que sus tres integrantes hacen al 100 por 100 de las acciones con entidades del Estado, ¿en qué queda, por tanto, la actuación legal de la Contraloría y otros entes también públicos?

Es obvio que el presente trabajo no alcanza en sus dimensiones para continuar el análisis en relación a otras figuras simplemente principales y básicas. Sin embargo, creemos que las señaladas son más que suficientes para que las tres entidades del Estado, actuales “copropietarias” de Fancesa, comiencen a revisar sus posturas y, admitiendo que sí existe un problema, dispongan la urgente necesidad de enmendarlo. La situación actual no es aceptable.

Es abogado analista de la constitucionalidad.

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