La Gaceta Jurídica

Estado de situación de las cartas orgánicas enviadas al tcp

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 04 de febrero de 2014

Recientemente –según informe de la viceministra de Autonomías Departamentales y Municipales–, se ha dado a conocer que de los 328 municipios que existen en el país sólo 98 remitieron sus proyectos de cartas orgánicas al Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) durante el 2013 para el respectivo control de constitucionalidad, por lo que se encuentran a la espera del fallo que determine su constitucionalidad.

Así, por ejemplo, Chuquisaca es la región que tiene la mayor cantidad de proyectos de cartas orgánicas enviadas al tcp (en total 23); por su parte, los municipios de Cochabamba enviaron 20, los de Oruro 13, La Paz 11, Santa Cruz 10, Beni 8, Potosí 8 y Tarija 5. Sin embargo, en Pando, lamentablemente, ningún municipio envió su documento hasta ahora.

Ante este panorama, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, tras concluir la rendición pública de cuentas de su ministerio, ha concluido señalando: “Podríamos decir que casi el 30 por ciento de los gobiernos municipales tiene sus cartas orgánicas en consulta en el tcp, entonces, si es que pudieran haber sido más, podrían haberlo hecho antes, pero esa es la realidad que tenemos”.

¿Qué es una Carta Orgánica? ¿Qué es el control de constitucionalidad?

a) La Carta Orgánica Municipal es una de las normas institucionales básicas de un municipio, constituyéndose en la herramienta normativa que permite ejercer e implementar plenamente el régimen de descentralización político-administrativa con autonomías (artículo 1 constitucional).

En otras palabras, es el documento normativo que refleja la voluntad colectiva de los habitantes del municipio en forma democrática, con el objeto de guiar el camino para lograr una cohesión social en torno a nuestra identidad intercultural, consolidando así la transformación y liderazgo de la jurisdicción.

Es por esta razón que su elaboración debe ser necesariamente el resultado de un proceso ampliamente participativo, que involucre y movilice a todos los sectores de la ciudadanía, ya que será el instrumento normativo que regirá la vida institucional, política, social, cultural y económica de todos/as los/las habitantes del municipio.

b) El Control de Constitucionalidad consiste en aquella actividad jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la cual debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, por los gobernantes y gobernados, así como también debe ser aplicada con preferencia a las leyes, decretos y/o cualquier género de resoluciones.

Vale decir que se trata esencialmente de una acción de verificación sobre la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales (sean leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos), los actos administrativos, resoluciones y decisiones de los gobernantes con los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado (cpe).

Ahora bien, de acuerdo a las atribuciones que le confieren la Constitución (artículo 202 númeral 1) y la Ley Nº 27 (artículo 12 númeral 2), el tcp ejerce un control sobre la constitucionalidad de todas las disposiciones legales, sean leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de Ordenanzas y Resoluciones no judiciales, declarando su constitucionalidad o inconstitucionalidad, con carácter general, además del efecto derogatorio o abrogatorio conforme corresponda en cada caso.

A este efecto, el ordenamiento jurídico establece dos modalidades (en forma previa y posterior) de control de la normatividad y el control normativo previo se ejerce antes de la aprobación de la respectiva disposición legal, en aquellos casos en que exista una duda fundada sobre su constitucionalidad.

Asimismo, de acuerdo a las normas previstas por el nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado mediante Ley Nº 254, el control previo de constitucionalidad se puede ejercer sobre: 1) proyectos de tratados internacionales; 2) consultas de proyectos de leyes; 3) consultas de proyectos de estatutos o cartas orgánicas (artículos 116 al 120 del Código); 4) consultas de preguntas de referendos.

Entonces, la intervención necesaria del tcp –a través del control previo de constitucionalidad– en el proceso de aprobación de una carta orgánica municipal tiene, precisamente, el objetivo de verificar la compatibilidad de dicha disposición legal frente a los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales y garantías constitucionales de la ciudadanía en general, de acuerdo a la atribución conferida expresamente por la misma Constitución.

Esto es de observancia obligatoria para las entidades territoriales autónomas municipales, debiendo contar con la aprobación popular mediante referendo (según el artículo 54 de la Ley Marco de Autonomías), antes de que esas normas adquieran vigencia como norma institucional básica.

En la fase de admisibilidad, la Comisión de Admisión (dentro de los diez días siguientes a la presentación de la consulta), debe revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Procesal Constitucional (en el Capítulo de las normas comunes para Consultas y Recursos, artículos 24 al 28).

Una vez cumplidos dichos requisitos o subsanadas las observaciones en un plazo adicional de diez días, la Comisión de Admisión dispondrá el sorteo del asunto a la Magistrada o Magistrado Relator. En caso de no adjuntarse los requisitos, o que no hubieran sido subsanadas las observaciones en el plazo previsto, se tendrá por no presentada la consulta.

Posteriormente, el tcp deberá emitir la Declaración Constitucional sobre la consulta, en el plazo de cuarenta y cinco días siguientes, pudiendo declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, parcial o total, del proyecto de estatuto o carta orgánica.

En caso de que el tcp declare la inconstitucionalidad del proyecto de estatuto o carta orgánica (en su totalidad) o de alguna de sus cláusulas (en forma parcial), dispondrá también que el órgano deliberante (Asamblea Departamental o Concejo Municipal, según el caso) adecúe el proyecto a las normas de la cpe. En este caso, y cuantas veces sea necesario, antes de entrar en vigencia, el proyecto deberá ser objeto de un nuevo control de constitucionalidad a fin de lograr su optimización constitucional.

Sobre la base de ésta configuración normativa, es una tarea imprescindible del tcp realizar el control preventivo de constitucionalidad de todas las cartas orgánicas municipales en los municipios del país para que –resguardando la seguridad jurídica de la ciudadanía– dichas normas sean plenamente acordes a los parámetros mínimos establecidos en el pacto político y social que todos/as los/las bolivianos/as hemos adoptado hace cuatro años, a fin de lograr la consolidación de las autonomías municipales en Bolivia.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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