La Gaceta Jurídica

La suerte del “Proyecto Sucre Ciudad Universitaria”

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 19 de abril de 2013

Es posible que, hasta la publicación del presente trabajo, se hayan producido otros acontecimientos en torno el conflicto originado en el recorte del financiamiento al “Proyecto Sucre Ciudad Universitaria”, por decisión del Gober- nador de Chuquisaca y de la Asamblea Departamental de este departamento, lo que ha motivado la reacción no sólo de la institución afectada, sino de la Universidad de San Francisco Xavier.

Aunque se trata de instituciones distintas, es imposible separar totalmente a ambas, el llamado Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, que en realidad hace ya tiempo dejó de ser un “Proyecto”, fue credo hace treinta años. Su origen, caso único en el país, fue un convenio interinstitucional del 23 de marzo de 1983, que acabó homologado a rango de Ley N° 551 de 15 de mayo del mismo año.

El punto 7 del convenio destacaba: “Los recursos asignados al Proyecto Sucre Ciudad Universitaria serán utilizados en la construcción y mejoramiento de la infraestructura física para la adquisición de equipos y laboratorios de investigación y enseñanza, dotación de bibliotecas y materiales didácticos pertinentes…”

O sea, desde su creación, el ente llamado “Proyecto” se constituyó, dada la naturaleza de la ciudad de Sucre como centro estudiantil por excelencia, como una especie de institución “complementaria” y de “apoyo” a la Universidad de San Francisco Xavier, cuya influencia en aquella ciudad no necesita de pruebas.

El convenio también dispuso (Punto 4) que para “La ejecución, administración y supervisión del Proyecto se crea un Consejo de Administración, CON AUTONOMÍA PROPIA, constituido por dos representantes de la Universidad y dos de CORDECH (Corporación de Desarrollo de Chuquisaca)”. Luego, ante la desaparición de las corporaciones regionales de desarrollo, fueron dos representantes de la Prefectura de Chuquisaca y, finalmente, ahora son dos de la Gobernación. El primer detalle que debe llamarnos la atención es que la actual Gobernación de Chuquisaca aparece como entidad del Estado totalmente ajena al Proyecto y, en tal condición, “resuelve” un recorte presupuestario y, además, cuestiona el manejo y el cumplimiento de objetivos de aquél, siendo que la Gobernación es corresponsable de la administración de la entidad, ante cuyo Consejo tiene dos representantes. ¿No podía haber planteado esos extremos ante ese Concejo?

Además, ¿por qué se ha esperado treinta años para preguntarse si la entidad había cumplido sus objetivos, utilizando en forma correcta los dineros de las regalías petrolíferas que le favorecieron?

La cláusula tercera del ya referido convenio homologado a rango de Ley decía que, para el financiamiento del Proyecto, CORDECH (luego Prefectura y Gobernación), destinaría el 10 por ciento del 11 que percibe por concepto de REGALÍAS PETROLERAS durante la presente gestión (1983) y en proporción a este 10 por ciento para 1984 y siguientes, hasta la explotación comercial del campo petrolífero Vuelta Grande, a partir de la que “se reconocerá el 20 por ciento del 11 de las regalías petroleras”.

Habrá que aclarar que, por los datos que se han divulgado hasta hoy, la última parte referida al incremento en el pago de regalías a partir de la explotación comercial de Vuelta Grande nunca se habría efectivizado. La Gobernación dice lo contrario.

Lo evidente es que esta última dice que se trata de formas de “interpretación” y habrá que suponer que, sobre esta base tan atrabiliaria, la Gobernación ya se adelantó a tomar decisiones, incluso fuera del Consejo de Administración del que forma parte y, además, sin que ninguna disposición legal le de competencia para “interpretar leyes”.

Al margen, insistimos sobre las nuevas figuras que hubiesen aparecido hasta la publicación de este artículo, así creemos urgente señalar que el conflicto no es del todo evidente que haya tenido el origen que se pretende darle. No es tampoco, o no lo ha sido, una mera pugna entre Gobernación y Universidad.

En torno al conflicto, existe un esquema político-partidista y de poder regional. En primer término, se debe recordar que, como en ningún otro departamento del país, en Chuquisaca el distanciamiento político e ideológico entre su capital, la ciudad de Sucre, y las provincias ha sido más que notorio. Tanto así que, hasta el presente, el partido de Gobierno no ha conseguido una sola victoria electoral en la capital e, incluso, en una ocasión llegó a perder la elección de Gobernador.

Frente a ese panorama, está servido el abundante plato de la discordia. A este detalle muy genérico se ha añadido uno nuevo en los últimos años: la presencia cada vez más pronunciada de la Universidad de Chuquisaca en las provincias, en varias ocasiones a través de dineros que provienen del Proyecto Sucre Ciudad Universitaria. Hasta el propio Canal Universitario ha llevado sus señales a aquellas como detalle prioritario, es decir, como parte de una política universitaria bien definida.

El impacto de aquel esquema no podía haber sido más importante en zonas que corresponden a uno de los departamentos más pobres del país. Inevitablemente, por lo tanto, han comenzado a surgir las comparaciones entre el papel que ha estado jugando el Estado (léase Gobernación) y el nuevo de la Universidad.

Este es un detalle que, finalmente, preocupa al Gobierno con miras a futuras elecciones. Es obvio que sus personeros han comenzado a pensar si podrán mantener los porcentajes de 80 por ciento y más que lograban en las provincias de Chuquisaca en anteriores comicios. No creemos que la ley tenga mucho para “interpretar”. Los motivos son otros y, como es bueno decirlo, esos “otros” constituyen la verdadera “madre del cordero”.

Es analista constitucional, abogado y ensayista.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia