La Gaceta Jurídica

Las tareas del Ministerio Público

La Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) eligió al nuevo Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, con 105 votos; en consecuencia, esta autoridad durante seis años de ejercicio al frente del Ministerio Público (mp) enfrentará desafíos en la construcción de la nueva institucionalidad conforme las facultades y atribuciones señaladas en la Ley Nº 260 de 11 de julio de 2012  (Ley Orgánica del Ministerio Público).

La elección del Fiscal General estuvo marcada por observaciones de la oposición.

La elección del Fiscal General estuvo marcada por observaciones de la oposición. Foto: Ángel Illanes

La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda

00:00 / 23 de octubre de 2012

La Constitución Política del Estado (cpe) señala que el mp defiende la legalidad y los intereses generales de la sociedad, por tanto, esta institución ejerce la acción penal pública; la referida norma suprema nacional señala que esta institución tiene una autonomía funcional, administrativa y financiera (artículo 225).El mp no debe ser entendido como parte constitutiva del Órgano Judicial ni de ningún otro órgano de poder del Estado, por otro lado, tampoco se constituye en un organismo de carácter jurisdiccional, lo que implica que no administra justicia; entonces, debemos resaltar que el mp en un organismo coadyuvante del Órgano Judicial, encargado de defender los intereses de la sociedad.

Por ello, es necesario considerar que esta institución es eminentemente constitucional, representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, asimismo, se debe entender que tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones, en el marco establecido por la cpe, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las leyes.

En consecuencia, debemos considerar que en el mp, dentro de las características más distintivas, está la de ser un órgano autónomo de jerarquía constitucional y, por ende, no debe admitirse la injerencia de otros órganos de poder en la toma de decisiones respecto a su ejercicio.Aún mas, debemos aclarar que al gozar el mp de esta jerarquía constitucional se sitúa al mismo nivel de los demás órganos estatales (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) creados directamente por el poder constituyente, lo cual impide materialmente su equiparación a los entes públicos originados a nivel legal y menos subordinarlo a estas instituciones en el cumplimiento de sus funciones, caso contrario implicaría la eliminación de la jerarquía y desconocimiento de la autonomía del mp y existiría un impedimento para el adecuado desempeño de sus funciones constitucionales, es decir, no cumpliría la función de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad.

Autonomía

La autonomía reconocida al mp por la propia Constitución, resulta indispensable para que pueda cumplir con sus fines específicos, ejerciendo los derechos o, en su caso, ejecutando las atribuciones que el ordenamiento jurídico reconoce; por el contrario, en caso de no existir la autonomía, esta institución estaría subordinada al poder relativo o absoluto de uno o alguno de ellos, esto, en un estado de derecho como el nuestro, es sencillamente inaceptable, porque la autonomía supone el nivel de independencia de otros órganos.

A lo largo de nuestra historia, particularmente los cambios que se insertaron en el mp han sido muy largos y problemáticos, debido a que han existido crisis políticas graves o simplemente donde la voluntad política ha estado orientada sólo a la manipulación y no a la consolidación de un nuevo mp.

Lamentablemente, por parte de la sociedad existe una desconfianza en las atribuciones que se otorgan al mp, porque, según se afirma, existe una actitud parcializada a los órganos del poder político, contrariando los designios de la cpe, es decir, dejando de la lado el defender la legalidad y los intereses comunes de la sociedad, por ello, Alberto Binder señala que “(...) el Ministerio Público es una institución raquítica, acerca de la cual poco sabemos, que no hemos estudiado, que no tiene perfil político propio, sin una historia importante y que genera desconfianza en los ciudadanos” (BINDER, 1994).

En consecuencia, mantener la institucionalidad del mp es fundamental, porque la naturaleza jurídica de esta institución supone la existencia de herramientas idóneas para superar así uno de los males endémicos de la justicia penal en nuestro país, consistente en la sobrecarga de trabajo de los distintos operadores de justicia. Razón por la cual las leyes que regulan el ejercicio del mp han otorgado diversas atribuciones, así también se entregaron importantes facultades discrecionales a los fiscales para que no ejercieran la acción penal y recurrieran, en cambio, a diversas manifestaciones del principio de oportunidad, a salidas alternativas del sistema y a la aplicación de mecanismos de simplificación procesal rigiéndose en los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad, jerarquía, unidad y transparencia.

Institucionalidad

La institucionalidad del mp siempre ha sido afectada por diversos problemas, el más importante consistente en el contexto político en el cual se desarrolla, pues éste se ha caracterizado por constituir un entorno de inestabilidad y crisis que ha generado diversas presiones y tensiones políticas a la institucionalidad misma del mp, constituyéndose en un obstáculo relevante para su consolidación.

Estas tensiones o presiones de carácter político han generado tres tipos de problemas; como un primer problema está la intervención o, al menos, los intentos de intervención del Órgano Ejecutivo en la determinación de sus políticas y planes de acción, en algunos casos en la conducción de casos específicos.

Esta intervención desmedida no sólo ha creado el riesgo de politizar la persecución penal, sino también de generar una suerte de impunidad en casos vinculados a corrupción política o administrativa e, incluso, en algunos casos de derechos humanos (por ejemplo, la intervención en Chaparina).

Un segundo problema que es posible constatar es que la tensión que genera el potencial intervencionismo de los otros órganos del Estado ha llevado en muchos casos a una suerte de aislamiento institucional y político del mp, lo que ha dificultado su capacidad para lograr sus objetivos, lo lamentable de esta suerte de aislamiento es que también ha comprendido al conjunto de la sociedad.

Debemos aclarar que la necesaria coordinación que el trabajo de esta institución supone con dichos órganos para el cumplimiento de sus funciones es indispensable para el buen funcionamiento de todo el sistema y, por tanto, ello significa que la coordinación no es sinónimo de intervención.

El tercer problema está representado por las crecientes demandas ciudadanas por mejoras en la seguridad ciudadana, toda vez que existe en la actualidad una creciente preocupación de la opinión pública respecto a esta temática, debido a que el índice de criminalidad cada día aumenta drásticamente, sin que el sistema de justicia haya entregado respuestas apropiadas.

Es por esta razón que el tema de la seguridad ciudadana se ha transformado en uno de los aspectos más importantes en el debate público y político en nuestro país.

*     Es abogado, con mención en Derecho Constitucional (UMSA).

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