La Gaceta Jurídica

Las técnicas de comunicación como herramienta en el Derecho

(Parte I)

Foto: cernicalo-mispublicacionesrecientes.blogspot.com

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Yunior Andrés Castillo S.

00:00 / 27 de febrero de 2015

En este trabajo trataremos un tema de mucha importancia y atención, es acerca del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la profesión del Derecho. Veremos la influencia que tiene la tecnología sobre el profesional de esta rama, su desempeño y desarrollo gracias al avance de la tecnología.

Además, se desarrollará temas acerca de la influencia de la informática jurídica en los diferentes casos que se resuelven en ámbito del Derecho en sí.

El uso de las tecnologías de la información y comunicación

Entre el Derecho y la informática se podría apreciar dos tipos de interrelaciones. Si se toma como enfoque el aspecto netamente instrumental, se hace referencia a la informática jurídica. Pero al considerar a la informática como objeto del Derecho, se hace alusión al Derecho de la informática o simplemente Derecho informático.

La cibernética juega un papel bastante importante en estas relaciones, por cuanto sabemos que es la ciencia de las ciencias y surge como necesidad de obtener una ciencia general que estudie y trate la relación de las demás ciencias.

De esta manera, tenemos a la ciencia informática y, por otro lado, a la ciencia del Derecho; ambas disciplinas interrelacionadas funcionan más eficiente y eficazmente, por cuanto el Derecho, en su aplicación, es ayudado por la informática; pero resulta que ésta debe estar estructurada por ciertas reglas y criterios que aseguren el cumplimiento y respeto de las pautas informáticas.

Así pues, el Derecho informático surgió como una ciencia a raíz de la cibernética, como una ciencia que trata la relación Derecho e informática desde el punto de vista del conjunto de normas, doctrina y jurisprudencia que van a establecer, regular las acciones, procesos, aplicaciones, relaciones jurídicas, en su complejidad, de la informática.

Pero, del otro lado encontramos a la informática jurídica que, ayudada por el derecho informático, hace válida esa cooperación de la informática al derecho.

En efecto, la informática no puede pura y llanamente juzgarse en su simple exterioridad como utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, sino que, en el modo de proceder, se crea relaciones intersubjetivas de las personas naturales o jurídicas y de entes morales del Estado y surge, entonces, un conjunto de reglas técnicas conectadas con el Derecho, que vienen a constituir medios para la realización de sus fines.

La iuscibernética

Ésta surgió a raíz de la aparición y desarrollo de la cibernética. Entonces, parte con la idea de ver al sistema jurídico dentro de la cibernética como ciencia general. Encontramos otras disciplinas dentro de la iuscibernética como son:

La jurimetría

Disciplina que tiene como propósito o razón la posibilidad de la sustitución del juez por la computadora, finalidad que, por el momento, es inaceptada simplemente porque a través de la jurisdicción se emana una sentencia y, para ello, qué mejor candidato que un ser humano que, por supuesto, tiene el sentido racional, con lo que puede acudir al sistema de integración y poder, a través de las interpretaciones y lógica jurídica, dar una sentencia llena de la interrelación de la paz y la justicia para lograr verdaderas sociedades, verdaderas democracias y libertades.

La informática jurídica

Esta disciplina sostiene ya no la sustitución del juez por las computadoras, sino la ayuda de las computadoras en la función jurisdiccional, pudiéndose obtener más eficaz y eficientemente la información jurídica.

La modelística jurídica

Esta disciplina es una híbrida resultante de las anteriores, simplemente porque en la modelística jurídica encontramos dos posiciones que dan origen a dos disciplinas, la modelística en abstracto y en concreto.

La primera tiene carácter teórico y relaciones existentes en un ordenamiento jurídico y entre ordenamientos jurídicos. La segunda trata de producir una teoría que sustituya en todo o en parte la actuación del hombre (el jurista u órgano subjetivo jurisdiccional) por las computadoras.

Derecho informático

Es una ciencia que se desprende del Derecho para el estudio no solo de las normas jurídicas que dictaminan y regulan el ambiente informático, sino que también abarca en ese estudio a todo el material doctrinario y jurisprudencial que trate esta materia, para lograr un mejor control, aplicación y vigencia del ámbito informático.

Relación Derecho-informática como asignatura para juristas e informática

Entre el Derecho y la informática (Iuscibernética) se podría apreciar, entre otras, dos importantes tipos de interrelaciones. Si se toma como enfoque el aspecto netamente instrumental, se hace referencia a la informática jurídica. Pero al considerar a la informática como objeto del Derecho, se hace alusión al Derecho de la informática o simplemente Derecho informático.

Repetimos que la cibernética juega un papel bastante importante en estas relaciones establecidas, por cuanto sabemos que la cibernética es la ciencia de las ciencias y que surgió como necesidad de obtener una ciencia general que estudie y trate la relación de las demás ciencias. Insistimos que, de esta manera, tenemos a la ciencia informática y, por otro lado, a la ciencia del Derecho; ambas disciplinas interrelacionadas funcionan más eficiente y eficazmente, por cuanto el Derecho, en su aplicación, es ayudado por la informática; pero resulta que ésta debe estar estructurada por ciertas reglas y criterios que aseguren el cumplimiento y respeto de las pautas informáticas.

Así, pues, el Derecho informático surgió como una ciencia a raíz de la cibernética, como una ciencia que trata acerca de la relación Derecho e informática desde el punto de vista del conjunto de normas, doctrina y jurisprudencia, que van a establecer, regular las acciones, procesos, aplicaciones, relaciones jurídicas, en su complejidad, de la informática.

Por otro lado encontramos a la informática jurídica que, ayudada por el derecho informático, hace válida esa cooperación de la informática al Derecho.

Informática jurídica metadocumental

La informática jurídica metadocumental constituye aquella rama de la informática jurídica que tiene un mayor significado de complejidad, por cuanto no se agota en la recopilación de textos documentarios, en la realización de documentos jurídicos, o control de asuntos, sino que es aún más profunda en su aplicación de la informática, extendiéndose al campo decisional, educativo e investigativo, entre otras cosas.

Simplemente, existe un factor determinante para la realización o puesta en marcha de la informática jurídica metadocumental. Ese factor está constituido por el extraordinario invento de lo que conoce como inteligencia artificial, dando la oportunidad de crear sistemas de expertos artificiales, que, al entrar en el ámbito jurídico, se constituyen en sistemas de expertos legales artificiales.

La inteligencia artificial es una disciplina que estudia y desarrolla la capacidad de los autómatas y robots, con el fin de resolver problemas por medio de procesos afines a los del pensamiento humano.

En otras palabras, la inteligencia artificial constituye una disciplina que estudia y desarrolla mecanismos de dotación a los computadores de facultades propias de la inteligencia humana.

Consiste, entonces, en la incorporación de mecanismos manipulables en la computadora, que comprenden el conocimiento sobre algún tema y los procedimientos necesarios para dar solución o respuesta a los problemas planteados acerca del tema en discusión.

La enseñanza del Derecho y tecnologías de la información y la comunicación

La utilización de las tecnologías de la información en todos niveles de la enseñanza, en especial en el universitario, supone nuevos retos y oportunidades en los métodos y procesos de aprendizaje. De ahí que estas tecnologías constituyan hoy día importantes instrumentos de docencia e investigación del Derecho.

Aquí analizaremos la evolución de la docencia universitaria del Derecho desde los métodos tradicionales hasta la utilización de entornos virtuales. También la evolución en el uso de la tecnología e información y comunicación en la docencia y en la investigación del Derecho.

Estos facilitan el trabajo del docente y del investigador de Derecho en factores como:

1. Permiten el acceso a todos los tipos de información actualizada.

2. Posibilitan el proceso y almacenamientos de forma inmediata, y finalmente constituyen canales de comunicación rápida para difundir o intercambiar información o para contactarse con personas o instituciones de derecho.

3. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) ha permitido la evolución de la enseñanza del Derecho de la presencialidad a la virtualidad, de modo que se ha pasado la formación presencial en la que el profesor y el alumno están condicionados por la necesidad de coincidir en un mismo tiempo y espacio (esto es en el aula) a la formación en entornos virtuales o eLearning (aprendizaje electrónico), que ofrece una amplia gama de posibilidades de enseñanza, tales como:

Primero, por la asesoría en cuanto al tiempo y al espacio, ya que el aprendizaje puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento.

Segundo, por la utilización de medios tecnológicos digitales (redes de transmisión de datos y ordenadores del Derecho).

Los estudiantes, en este modelo de enseñanza universitaria del Derecho se han limitado a tomar apuntes de las explicaciones magistrales del profesor, el estudiante no adoptó un papel crítico frente a la información que el profesor le transmite, pues ellos confían en la veracidad de la fuente, pero ellos se limitan a hacer un esfuerzo o, al menos, lo intentan por entender la información y aprenderla.

Las bases de datos jurídicas, otro ámbito en el que la proliferación de las tic ha supuesto un cambio importante en el mundo jurídico y en concreto en la enseñanza universitaria del derecho, es el tratamiento y la gestión de información con relevancia jurídica, tan necesaria en este ámbito.

En este sentido, por una parte se ha pasado de libros y revistas doctrinales en soporte papel a revistas y libros electrónicos y, por otra parte, de recopilaciones en papel de jurisprudencia y normativas a bases de datos jurídicos contenidos originalmente en cd-rom y, posteriormente, accesibles desde internet, es decir, desde cualquier punto geográfico.

Esta última herramienta permite la inmediatez en el acceso a una abundante información jurídica.

Tanto el profesor como el alumno universitario en su calidad de docente e investigador pueden estar mejor documentados a través de la información que les proporcionan las bases de datos jurídicas siempre y cuando sean capaces de seleccionar y procesar debidamente dicha información.

El Abogado: la importancia de su rol social

La palabra “abogado” tiene origen en el latín “advocare” cuyo significado literal es “convocar”, es decir, el abogado está llamado a ser, dentro de su ejercicio profesional, alguien que sirva como un intercesor o un mediador entre quienes, en un momento dado, pudieran requerir de sus servicios o asesoría como profesional, como el natural conocedor del ordenamiento jurídico que rige la vida de una sociedad.

Esta función no es para radicalizar una controversia o conflicto entre quienes tienen desacuerdos, como equivocadamente se cree, sino para procurar superar esa conflictividad, pudiendo de igual manera prestar asesoramiento a quienes, en una determinada circunstancia, necesitan conocer sobre el verdadero sentido de aplicación de una ley.

Para entender mejor la real misión social del abogado, es oportuno recordar la función que se le asignó en la época de auge del Derecho y/o del Imperio Romano cuando se adoptó la terminología de “jurisconsulto”, que era aquel abogado destacado dentro de la sociedad, que, como profundo y especializado conocedor del Derecho, era a quien se consultaba los más importantes asuntos de interés de la sociedad de aquel entonces.

Su versada opinión era considerada un criterio irrefutable e inapelable que debía ser respetado por todos, por eso, en los textos de la historia del Derecho, se sostiene que la opinión de un jurisconsulto en aquella época tenía la fuerza de una sentencia o cosa juzgada.

Desde otro ángulo de vista, y recurriendo al sentido gramatical y lato de la palabra derecho, significa rectitud de proceder, es lo equivalente a recto, lo contrario a torcido y sinuoso, lo que no se bambolea o anda de un lado a otro, de cuyo significado se infiere que, contrariamente a lo que socialmente se percibe, el abogado está muy lejos de ser un promotor o instigador de conflictos, de desencuentros entre personas, un fabricante de problemas, alguien que perniciosamente busca enfrentar a unos con otros.

Más bien, y esa es su razón de ser, el abogado debe procurar que se supere esas diferencias de criterios o de intereses, buscando con sus conocimientos y utilizando la sana y saludable disposición de la ley para solucionar aquellos desacuerdos o conflictos entre personas o entre personas y grupos, instituciones u organizaciones de la sociedad.

El Derecho, en su significado actual, está íntimamente ligado al abogado, entra como elemento fundamental de un país o sociedad para que ésta pueda convivir civilizadamente en un marco de mutuo respeto entre quienes la conforman; que esa sociedad pueda tener parámetros o reglas del trato social que posibiliten mantener comportamientos de respetuosa relación entre sus asociados, para que esa sociedad pueda existir organizada y ordenadamente.

Se requiere, fundamentalmente, de un instrumento que viabilice tan indispensable organización y orden para que prevalezca una convivencia racional, que la sociedad no se haga caótica, para que no gane espacio la barbarie, que en definitiva una sociedad pueda subsistir.

Eso necesita de un conjunto de normas que solo las puede suministrar el Derecho, ello explica el porqué las sociedades humanas, después de superar etapas primitivas con la formación de grupos sociales como las tribus, clanes, hordas, ligas de hordas, etc., donde el poder, la voluntad y el criterio omnímodo del jefe del grupo social era la suprema ley, permitiendo el imperio del arbitrio como algo normal y aceptable en este tipo de agrupaciones, es decir, la vigencia de la llamada “ley de la selva”, fue encontrando caminos y convino en que no habría una mejor forma de organizarse que no sea a través del Derecho y de una normatividad jurídica que estipule términos a los que deberán someter sus conductas y acciones los miembros de dicha sociedad o de un país.

A ello responde el nacimiento y existencia de los modernos Estados en que se han constituido países y naciones, en los que, inclusive, es fácil advertir que el antiguo poder absoluto de reyes y monarcas fue cediendo sus potestades al imperio del derecho y de la ley, aquello también explica el que países, especialmente los europeos y Japón, entre los más conocidos, mantengan su adhesión a ciertas tradiciones de la realeza, pero hayan preferido, por el bien de los propios monarcas y de sus súbditos, conformar gobiernos que se sustentan en monarquías constitucionales amparadas jurídicamente.

Esto favorece la propia subsistencia de un reinado pero sometido a un ordenamiento legal, lo cual da origen a la expresión de que “el rey reina, pero no gobierna”, si a ello agregamos la tendencia del mundo moderno para vivir en democracia, que equivale a vivir en un régimen de derecho o legitimado por la ley, se vuelve fácil comprender la enorme importancia que socialmente tiene el Derecho y la alta misión social del abogado, sobre todo cuando éste abraza su profesión y conocimientos al amparo del anhelo de convertirse en jurisconsulto, es decir, de ser un asesor ético y jurídicamente responsable.

Tan poderosa e importante es la conveniencia de una norma legal reguladora de conductas y comportamientos humanos que, inclusive, el Clero, que fundamenta su existencia en la creencia de su credo y de sus prédicas, en la fe en sus convicciones religiosas, ha aceptado respetar una saludable separación entre el Estado y la iglesia a través de convenios como el Concordato.

Esto ha permitido frenar fanatismos o dogmatismos exacerbados que, al ser descontrolados, han provocado finalmente enfrentamientos fratricidas al impulso de esas creencias o fanatismos y, si bien es verdad que todavía existen brotes de ese fanatismo, que se hacen un tanto más notorios en la religión musulmana, lo destacable es que aquellos concordatos, celebrados sobre todo en el mundo occidental entre la Santa Sede, repre- sentada por el Papa, y los gobiernos de los distintos Estados del mundo, han permitido que aquellas expresiones irreflexivas del dogmatismo cedan ante la con- veniencia de una convivencia legitimada por el Derecho.

En este modelo, el poder de la iglesia, entendido como un poder de orden moral y/o divino, aceptó convivir y someterse a una normativa legal admitiendo un poder terrenal sustentado en la ley como genuina expresión de la razón y la lógica, lo cual no es ajeno ni puede ser ajeno a una creencia religiosa bien entendida y practicada que defiende la existencia de un ser supremo llamado Dios como símbolo de la perfección.

Pero los fieles o devotos deben luchar en la vida por lo perfectible, lo libre, lo racional y lo justo,  a las propias enseñanzas de los libros bíblicos a los que se adhieren creyentes de diversas religiones.

En definitiva, en esta parte queda claro que los absolutismos dictatoriales de cualquier vertiente, origen o motivación, las creencias religiosas, es decir, el poder político o religioso, han cedido en sus conceptos absolutistas y excluyentes al poder del Derecho como la única forma en que la sociedad o un país puedan vivir en un ambiente donde exista seguridad, tranquilidad, libertad y sea posible, en definitiva, que las sociedades puedan convivir y subsistir como expresamos anteriormente.

El abogado como defensor de causas humanas

La misión social del abogado es tan noble, en su concepción doctrinaria, que lo convierte en un asistente o asesor de aquellas personas que, estando limitadas por desconocimiento de sus derechos o por limitaciones económicas, necesitan ser o estar asistidas por un jurista conocedor de la ley.

Aquello explica el que la propia ley da la posibilidad de nombrar los llamados defensores de oficio para que cualquiera cuente en cualquier circunstancia con un abogado que lo patrocine o defienda en asuntos litigiosos que podrían afectar sus derechos o intereses, que así nunca deje de tener asesoría y ayuda jurídica que evite colocarlo en desventaja frente a su contradictor.

Existe igualmente el caso de los llamados defensores de pobres que, tradicionalmente, han permitido tener una asesoría legal en casos o procesos judiciales en que la persona, por su precaria situación económica, no estuviese en la capacidad de contratar por sus propios medios a un profesional de la abogacía.

Continuará

Es ingeniero y licenciado de la República Dominicana.

Tomado de: monografias.com

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