La Gaceta Jurídica

La tragedia de El Alto

…el ahora destituido comandante de la Policía de esa urbe señaló que los manifestantes no permitieron el paso de los uniformados, lo que revela ineficacia en las técnicas que debe poner en práctica la institución del orden para intervenir en situaciones de riesgo.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 21 de febrero de 2016

La tragedia de El Alto (no puede ser denominada de diferente modo) es otro de los temas que requiere investigación profunda por parte de las instancias correspondientes y que, como sucede con relación a muchos hechos, no debe quedar “a medias”, es decir que es imprescindible que se logre la identificación de culpables y se termine con sanciones judiciales pertinentes, esta deberá ser una insistencia y prioridad del Gobierno central.

No obstante, si el tema tiene cariz político (probabilidad existente) será muy difícil de demostrar, peor si se trata de una faena en torno a la guerra por el referéndum. Por lo pronto, lo que ayuda para el esclarecimiento es que hay implicados identificados gracias a imágenes de video y fotografías de los medios de comunicación y de personas particulares, además de denuncias de testigos y sospechas sobre posibles involucrados, algunos de los cuales ya fueron arrestados.

Otra situación indiscutible y que trasciende lo político hasta el delito es que quienes asaltaron la alcaldía alteña tenían un objetivo, que no era la reclamación de los padres de familia, sino la destrucción de documentos probatorios de irregularidades cometidas en esa institución en la gestión del exalcalde Édgar Patana. Si bien, según lo señalado por funcionarios actuales, esa documentación podrá ser restaurada a partir de otras instituciones que recibieron copias, las seis vidas segadas no serán recuperadas bajo ningún precio.

En lo acontecido también se enmaraña la actuación policial, más por la inacción y el retraso pese a que el jefe encargado de la fuerza verde olivo en El Alto conocía de los hechos. Las versiones al respecto son contradictorias, puesto que los uniformados debieron estar en el lugar como parte de sus funciones, sin que se requiera una denuncia. En este ámbito se complica el tema debido a que la protección policial habría sido requerida con una carta del ejecutivo municipal y luego por reiteradas llamadas telefónicas de vecinos y funcionarios ediles.

Al respecto, el ahora destituido comandante de la Policía de esa urbe señaló que los manifestantes no permitieron el paso de los uniformados, lo que revela ineficacia en las técnicas que debe poner en práctica la institución del orden para intervenir en situaciones de riesgo. Otro elemento reprochable es que el coronel al mando indicó que no recibió llamada de la alcaldesa de ese municipio con la denuncia, como si no hubiesen bastado las otras comunicaciones de alarma y la inminencia de un incendio. 

En torno a la investigación y sanciones penales ya surgieron voces de duda sobre la actuación que desarrollará el Ministerio Público y la misma Policía, sin embargo, es alentador que el Defensor del Pueblo haga lo suyo con sus representantes para esclarecer las responsabilidades de los ejecutores de los delitos y de las instancias que debieron prevenir los sucesos del 17 de febrero, además de determinar la vulneración por comisión y omisión de derechos de las personas que estaban en el edificio consistorial.

Esta es otra prueba que las instituciones como el Ministerio Público y la Policía deben superar para recuperar imagen y replantear sus actuaciones en cada situación que conciba riesgos y amenazas, más cuando se trata de vidas.

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