La Gaceta Jurídica

La tragedia penitenciaria

Si bien las disculpas y críticas pueden enfocarse en dirección a la ineficacia policial para controlar con antelación, prevenir permanentemente e intervenir de manera oportuna en casos pertinentes, es obligación del Régimen Penitenciario promover estas reformas que impliquen mejores condiciones…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 27 de agosto de 2013

Según los reportes, hasta ayer lunes son 32 las personas fallecidas y más de 50 heridas en diverso grado a consecuencia del ataque que perpetraron la madrugada del 23 de agosto los reclusos de alta peligrosidad del Pabellón B de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz a los internos preventivos y en adaptación del Pabellón A. Entre los muertos figura un niño de apenas año y medio, quien se quedó la noche anterior por primera vez para acompañar a su padre.

La tragedia, con seguridad preparada con antelación, fue efectuada con la utilización de garrafas de gas como lanzallamas, además de otros artefactos como gases lacrimógenos y armas blancas, denunciados por los parientes de las víctimas, lo que pone en evidencia el negligente o corrupto control policial en ese penal, donde no debieran existir elementos peligrosos en manos de los reclusos.

Para lograr su objetivo de control del sector que atacaron, los reos cortaron la malla olímpica divisoria, lo cual también demuestra que las condiciones de separación entre secciones del penal son muy rudimentarias y fáciles de vulnerar, lo que también indica que las condiciones de infraestructura requieren de mayor y urgente atención en Palmasola.

Si bien las circunstancias en las que se encuentran las cárceles del país son por demás conocidas por la población y por las autoridades, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en ese centro de reclusión confluyeron cuatro elementos para desencadenar el conflicto. De acuerdo a un reporte del matutino La Razón, estos son la existencia de redes delincuenciales externas que tienen coordinación con el control interno de los penales; los llamados “seguros de vida y de protección para los propios internos”; el abastecimiento de productos ilegales que ingresan al recinto carcelario, como alcohol, drogas y armas, y la distribución de tareas al interior del penal, en desmedro de algunos grupos sometidos.

Al conocer estos componentes de la crisis carcelaria, se puede verificar que se encuentran presentes en mayor o menor medida y de una u otra forma en todos los centros carcelarios del territorio, salvo excepciones en las que se pueda haber erradicado eficazmente algunos, pero siempre con alta posibilidad la reaparición de cualquiera de ellos, en especial el de tráfico de artículos prohibidos.

Para que esto no continúe y no exista una especie de latencia con el peligro de que pueda ocurrir algo similar en otros panales, es preciso que urgentemente sean constituidas nuevas políticas penitenciarias de parte del Estado, de este modo se podrá atacar los vicios administrativos y de control carcelario. Si bien las disculpas y críticas pueden enfocarse en dirección a la ineficacia policial para controlar con antelación, prevenir permanentemente e intervenir de manera oportuna en casos pertinentes, es obligación del Régimen Penitenciario promover estas reformas que impliquen mejores condiciones de vida para los internos e infraestructura adecuada como principales factores.

Del mismo modo, es fundamental que se trabaje en la lucha contra la corrupción dentro las cárceles, para que no existan pandillas hegemónicas en “combinación” con agentes externos y de vigilancia que cometen arbitrariedades y someten a otros grupos menos beneficiados y susceptibles de sufrir abusos.

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