La Gaceta Jurídica

Contra la trata y tráfico

…los planes de prevención y sensibilidad deberán constituirse en mucho más amplios para abarcar mayor segmento poblacional mediante la difusión de mensajes y apelar a la colaboración y coordinación con entes estatales operativos y de vigilancia. Tal vez la red pueda convertirse también en un ente de fiscalización, apoyo y conexión permanente con instancias estatales.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 24 de agosto de 2012

La Red Andina de Migraciones (ram), conformada hace un tiempo por Organizaciones de la sociedad civil de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, iniciará pronto un programa de ayuda a víctimas de trata y tráfico de personas, brindando atención psicológica, legal y médica a un segmento poblacional que se encuentra en contextos de migración. Esta articulación institucional realizará un servicio multidisciplinario y humanitario de forma gratuita como parte del trabajo que cumplen sus miembros en defensa y promoción de los derechos humanos en los países andinos.

Según datos e informes oficiales, el delito de trata y tráfico de personas mueve anualmente una cantidad de 8 mil millones de dólares en el mundo, lo que lo convierte en uno de los negocios más poderosos y de grandes complicidades, situación por la que en la región se ha promovido un Protocolo Andino con bases que estandaricen una acción regional de lucha contra ese flagelo.

La trata y tráfico de personas, además de ser lucrativa, es una práctica criminal de elevada crueldad y tiene fines de explotación laboral de servidumbre, explotación sexual y tráfico de órganos, actividades que son perseguidas internacionalmente con relativo éxito desde el 2000, año en que fue firmado el Protocolo de Palermo, que tipificó estas contravenciones contra la libertad e integridad de los seres humanos.

De esta forma, en julio de esta gestión se cumplió un encuentro en Lima, Perú, con la participación de  organizaciones de la sociedad civil de los cuatro países, donde se definió que se debía actuar mediante mecanismos de sensibilización en los que los esfuerzos de los estados y de esos organismos se orienten a prevenir que la población caiga en las redes mafiosas dedicadas a estos delitos, especialmente en sectores vulnerables como son mujeres, jóvenes, niños y niñas.

En este sentido, debería ser labor ardua que, además, el programa y las políticas que se vayan a aplicar deban considerar que “encontrarse en contextos de migración” tiene varias aristas, entre ellas que las personas en tránsito son más susceptibles de caer en redes mafiosas que, posiblemente, operan en terminales de buses, trenes o aviones. También puede suceder que se encuentran de viaje precisamente como víctimas de estos malhechores y que no han funcionado los controles fronterizos o que éstos han sido vulnerados mediante procesos de corrupción o complicidad.

De esta forma, los planes de prevención y sensibilidad deberán constituirse en mucho más amplios para abarcar mayor segmento poblacional mediante la difusión de mensajes y apelar a la colaboración y coordinación con entes estatales operativos y de vigilancia. Tal vez la red pueda convertirse también en un ente de fiscalización, apoyo y conexión permanente con instancias como el Ministerio de Educación, que trabajará en la inclusión curricular de la temática de trata y tráfico de seres humanos; el Ministerio de Gobierno, encargado de migraciones y controles policiales; el Ministerio de Justicia, con sus entes operativos, y la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Fronteras (Ademaf), que también apoya en estas iniciativas. Pero fundamental será que se tenga movilizada a la población total para la alerta temprana de estas situaciones perturbación social.

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