La Gaceta Jurídica

Sin vacíos ni contradicciones jurídicas

Más allá de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado Plurinacional, Ley N° 483, de fecha 25 de enero de 2014, planteada por el diputado opositor Juan Luis Gantier de Convergencia Nacional (cn), y admitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), y que en tanto se considere y emita un fallo la aplicación de la ley fue suspendida, se deben considerar otros aspectos.

Siguen las observaciones a la Ley del Notariado.

Siguen las observaciones a la Ley del Notariado. Foto: blogspot.com

Juan Chávez Alanoca

00:00 / 03 de junio de 2014

Mediante la demanda de inconstitucionalidad abstracta, el legislador recurrente se limitó a solicitar: a) La abstención de la designación del Director Interino del Notariado; b) La inhibición de transferencia de archivos y documentos al Ministerio de Justicia por parte del Concejo de la Magistratura; c) La suspensión de elaboración y aprobación del Reglamento del Notariado y d)  Que el Ministerio de Economía y Finanzas se abstenga de aprobar presupuestos adicionales para que entre en plena vigencia la Ley del Notariado Plurinacional.

El legislador recurrente no solicitó como medida cautelar la suspensión de la aplicación de norma dispuesta por el TCP. Esta decisión motivó críticas de altas autoridades como el vicepresidente  Álvaro García Linera, quien calificó como "inconstitucional e ilegal" la medida del Tribunal; la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, consideró una "aberración jurídica”; el Procurador General del Estado, Dr. Héctor Arce, dijo que "no hay problema que el tcp admita una demanda, lo grave está en que haya dejado en suspenso la ley. Hay una violación de la Constitución”; asimismo el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Dr. Milton Mendoza, calificó de exceso la determinación del tcp; el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elio, informó que la Asamblea Legislativa se declaró "en emergencia” ante la actuación de la comisión de admisión del tcp, y finalmente el constitucionalista Dr. Gabriel Peláez, aseguró "Más que un exceso, se les fue la mano a los magistrados”.

La petición del diputado Gantier se enmarca en su oposición a que el Notariado del Estado se convierta en una dependencia del Ministerio de Justicia, cuando manifiesta que “es inconstitucional que el Notariado sea una oficina dependiente del Ministerio de Justicia, debe prevalecer la independencia del Órgano Judicial respecto del Poder Ejecutivo”.

Sin restringir nuestro enfoque jurídico a la independencia y/o intervención de los órganos del Estado, o sobre las ventajas y/o desventajas de la organización del Notariado Boliviano y su regulación del ejercicio de los servicios de escribano dependan del órgano ejecutivo y no del órgano judicial, así como sostenía en sus clases el Dr. Ramiro Hernando Villarroel Claure debemos realizar un análisis objetivo bajo una interpretación estrictamente jurídica sin lineamientos políticos y obtener un verdadero sentido sobre los alcances de una ley.

Primero, esta Ley del Notariado Plurinacional fue promulgada con muchos elogios para la sociedad civil boliviana, por otorgar a los notarios de fe pública nuevas atribuciones de Juez de Familia y Civil a fin de alivianar la carga procesal existente en la justicia, ya que se les ha conferido facultades de resolver reque- rimientos de declaratoria de herederos, disolver matrimonios; en éste último punto, siempre y cuando no sean casos controversiales, como cuando existen hijos o hijas de por medio.

Segundo, de acuerdo a la previsión del artículo 3 Num. 7), 8) y artículo 97 de la Ley N° 483, para fines de determinar con la responsabilidad disciplinaria, penal y civil, el notario o la notaria es el único responsable por ser el autor material y redactor de los documentos, sin embargo en el Num. 7) de la citada norma, aún continúa mencionando la intervención de los testigos como la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858, artículo 17, donde exige que las escrituras se otorgaran ante un notario y dos testigos mayores de edad. Esto muestra que no habría ninguna innovación con respecto a los testigos instrumentales, y en cuanto al grado de su responsabilidad disciplinaria, penal y civil de los testigos existe un vacío jurídico, puesto que la validez de los documentos otorgados por personas que no saben (analfabetas), o no pueden (ciegos), están subordinadas a la concurrencia de testigos que deben firmar a ruego del otorgante, junto a la impresión digital de acuerdo a las previsiones de los artículos 1295 y 1299 del Código Civil, y en los actos de última voluntad como son la sucesión testamentaria previstos en los artículo1126, 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, y los testamentos especiales establecidos en el Código Civil.

Otra observación se encuentra en el uso incorrecto de las terminologías de “personas interesadas”, en el léxico jurídico y por su contenido corresponde a las “Partes Contratantes” de los hechos, actos y negocios jurídicos.

De la misma forma las previsiones de los artículos 65, 66 y artículo 45 – II Inc. f), sobre la Certificación de firmas y rúbricas, debía de regularse en el Título V, artículo 92 de la citada Ley N° 483. Así como actualmente se encuentra sistematizado en la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, Ley N° 1760 de 28 de febrero de 1997, artículo 17 y 18, la certificación notarial de firmas y rúbricas de los documentos privados susceptibles de Reconocimiento Voluntario por sus otorgantes, mismo que anterior a la vigencia de la Ley N° 1760, fue competencia de los Jueces Instructores, ahora es competencia de los Notarios de Fe Pública.

Sobre la Nulidad de documentos notariales, el artículo 82, se limita a enunciar que puede declararse mediante sentencia ejecutoriada emanada por autoridad jurisdiccional competente; previsión que debía establecer las causales, caracteres y clases de la nulidad absoluta, al momento de suscribir la escritura pública y/o otros documentos notariales. Mas, guarda un vacío jurídico total sobre la regulación de Anulabilidad de escritura pública y/o otros documentos notariales, sobre sus causalidades, caracteres y efectos de la anulabilidad relativa. 

Ahora, para la procedencia del interdicto de retener posesión de un bien mueble o inmueble previstos en los artículos 591 Num. 2) y 602 a 606 del actual Código de Procedimiento Civil, se requiere que quien intentare la retención de posesión debe encontrarse en posesión o tenencia actual de un bien mueble e inmueble, ante una inminente amenaza de ser perturbado o exista perturbación con actos materiales. Es decir, la simple amenaza autoriza emplear este interdicto para conservar la posesión o tenencia del bien mueble e inmueble. En el derecho romano  “es el daño que aún no se ha hecho, pero que se teme para el futuro” (Damnum infectum est damnum nondum factum, quod futurum veremur). Si la amenaza se convierte en hecho y se produce la privación de posesión, la acción debe proseguir como interdicto de recobrar la posesión, de acuerdo a las previsiones de los artículos 591 Num. 3) y 607 a 614 del actual Código de Procedimiento Civil. Por lo que se determina la naturaleza jurídica del interdicto de Retención y Recuperación de posesión son juicios contenciosos o contradictorios, puesto que implica controversia o contradicción entre las partes y se requiere de un juez y de una decisión que la dirima. Se caracterizan por el principio de lo contradictorio y la bilateralidad; en cambio en la jurisdicción voluntaria no existe esa controversia, ni dualidad de partes y rige el principio de unilateralidad, por eso según el procesalista Eduardo Couture “Se dice habitualmente que la jurisdicción voluntaria cumple una función administrativa y no jurisdiccional”. Por tanto, la competencia del notario se remite al Derecho Privado siempre que su actuación se refiera a actos, contratos y declaraciones, que son materias propias de la Jurisdicción Notarial Voluntaria, misma que no condice  con las previsiones de los artículos 89, 90, 91 y 92 Inc. a), de la Ley N° 483, además se refieren únicamente a la posesión de los bienes inmuebles y guarda un silencio absoluto con relación a la retención y recuperación de bienes muebles.

Finalmente, el Capítulo II, Divorcio Notarial, artículo 94 Inc. a) de la Ley N° 483, para la procedencia del divorcio notarial exige “Consentimiento” y “Mutuo Acuerdo” entre los cónyuges para la disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué sucederá si solo existe consentimiento y no mutuo acuerdo, o contrariamente hay mutuo acuerdo pero no existe consentimiento? Con seguridad que el funcionario fedatario rechazará la solicitud de disolución del vínculo matrimonial. Esto constituye una incoherencia del uso de terminologías, cuando el concepto de Consentimiento no es más que el acuerdo mutuo de voluntades integradas por la composición de intereses opuestos, en el que las partes, cediendo a su pretensiones, hacen que las voluntades del oferente y aceptante se combinen dando nacimiento a una nueva realidad entitativa, constituida por la integración de voluntades de las partes contratantes.

El autor es abogado, exnotario de Fe Pública, Diplomado en Derecho Notarial, Derecho Procesal Civil y Derecho Civil.

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