La Gaceta Jurídica

“No tenemos una varita mágica para mostrar que ahora sí hay justicia”

Para muchos, su elección como el primer Presidente del tsj fue una gran sorpresa; la tarde-noche sucrense en la que se consumó la posesión de los nuevos magistrados (3 de enero de 2012) se barajaba varios nombres, menos el suyo. No obstante, tras una fugaz Sala Plena (apenas duró una hora y media) fue ungido como la máxima autoridad del tribunal de justicia más importante del país.

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 05 de junio de 2012

Gonzalo Hurtado Zamorano es, con probabilidad, uno de los presidentes más jóvenes del Tribunal Supremo de Justicia (tsj), nació en Trinidad, Beni, en 1974, pero también tiene raíces chuquisaqueñas, su madre es oriunda de esta región del país.

Más de 12 años de carrera judicial atestiguan su experiencia y compromiso con la administración de justicia, mucho más cuando gran parte de su trabajo lo cumplió en la Bolivia profunda, en aquellas zonas del oriente del país donde ni siquiera se cuenta con vinculación caminera y, realmente, hay que estar muy comprometido con lo que uno quiere para conseguir objetivos institucionales.

De las provincias benianas llegó a Trinidad, donde luego de ser elegido Vocal fue designado –con la confianza de sus colegas– Presidente de la ex Corte Superior de dicho departamento, posteriormente renunció a ese cargo con el fin de habilitarse al proceso que organizó el Tribunal Supremo Electoral para la elección de magistrados que se llevó adelante el 16 de octubre de 2011.

La vigencia del procedimiento penal, la independencia del Órgano Judicial, la Escuela de Jueces del Estado son temas inexcusables en esta entrevista; no menos importantes son los propósitos que motivaron a Hurtado Zamorano a postularse a cargo tan importante y, entre ellos, se encuentra el intentar disminuir la retardación de justicia, modificar los códigos adjetivos y sustantivos que norman la actividad jurídica y acabar con todo tipo de corrupción.

¿Cuál es la trascendencia de la independencia judicial?

La independencia del órgano de justicia se encuentra establecida en la misma Constitución Política del Estado (cpe); ella determina que todas nuestras autoridades judiciales deben y son independientes. Más aún, el grado de independencia ha sido superado, está en una mejor posición, dado que anteriormente las autoridades judiciales eran designadas por el Poder Legislativo, es decir, los miembros del Poder Judicial eran elegidos por otro Poder, es decir, había cierta sumisión de un Poder hacia otro.

Esto ha cambiado. Por primera vez en la historia del país se ha procedido a la elección de nuestras mayores autoridades judiciales mediante el voto popular, el voto ciudadano; la democracia es la vía más idónea que existe, lo cual implica que los actuales magistrados ya no deben el cargo a un Senador o a un Diputado, sino su responsabilidad está con la cpe y con el pueblo, los cuales han confiado en ellos.Además, la independencia de las autoridades judiciales es inherente a ellas, es decir que no actuarán con independencia porque lo diga la Constitución Política o la Ley del

Órgano Judicial, sino porque todas las personas que actualmente se encuentran como magistrados primero son jueces y, al ser jueces, su actitud y su acción de por sí debe ser imparcial, alejada de cualquier influencia. Con esta nueva configuración del Órgano Judicial, ¿cuándo se podrá visibilizar cambios efectivos en la administración de justicia?

Los nuevos magistrados no entraron con una varita mágica para demostrar que ahora sí hay justicia, éste es obviamente un proceso, un trabajo integral que debe ser tarea no solamente del órgano de justicia, sino también de todas las instituciones que tengan que ver con su administración.

Hemos verificado que los códigos actuales no están adecuados a nuestra realidad, porque en verdad han sido perforados muchas veces a efectos de permitir que los procesos se dilaten más y exista una mora judicial; en esas circunstancias es necesario el trabajo apresurado de la Asamblea (Legislativa) Plurinacional, obvia- mente en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia a objeto de sancionar nuevas leyes, nuevos códigos, tanto sustantivos como procedimentales.

Esa labor dará lugar a la aplicación plena de la ley 025, consecuentemente tendremos un nuevo sistema de justicia en el que aparecen los juzgados públicos y los conciliadores, un procedimiento que, si bien ya está contemplado en los códigos, aquí aparece como una institución, es decir que, necesariamente, habrá conciliadores especializados con la misión de aplicar medios alternativos para resolver las disputas que existan entre las partes; esto ocasionará que no se presenten muchos gastos para las partes y que no todos los casos lleguen a juicio.

La conciliación permitirá solucionar los problemas sin crear enemistad entre las partes; en tal circunstancia, es un avance cualitativo en cuanto a la administración de justicia. ¿Hay observaciones al actual Procedimiento Penal?

Hay que recordar que el Procedimiento Penal vigente fue implementado el 2001 a objeto de dar celeridad a los procesos, pero, lamentablemente, no lo ha conseguido; por ello es necesario readecuar el procedimiento o dictar uno nuevo, pues con el transcurso del tiempo hemos visto que es muy garantista al imputado y que fue perforado en cuanto a su aplicación.

Si bien contribuyó a la transparencia a través de los juicios orales y con la incorporación de los jueces ciudadanos, en sentido contrario también permitió que las audiencias sean demasiado amplias, largas; en realidad hay demasiadas suspensiones, lo que da lugar a que se vaya en contra del principio de inmediatez que debe regir el Procedimiento Penal.

Otro de los defectos del adjetivo penal es que, en lugar de prevalecer la oralidad, se ha impuesto nuevamente la parte escriturada, es decir que se está procediendo al revés. El Legislativo trató de darle solución a través de reformas parciales, como la Ley 007 (modificación al Procedimiento Penal) la 2044 (seguridad ciudadana), pero esto no dio resultado. Definitivamente el Procedimiento Penal no es adecuado para nosotros, porque no fue elaborado de acuerdo a la realidad nacional, si no fue realizado a través de consultorías extranjeras, por eso es necesario un trabajo integral que nos permita contar con unos códigos adecuados a la realidad nacional y que no sean elaborados por consultoras extranjeras que no conocen la coyuntura actual.

¿Hay divergencias entre el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura?

Es necesario puntualizar que con la vigencia de la Ley 025 hay una importante restructuración en la parte administrativa. Antes la Gerencia Administrativa y Financiera dependía del ex Consejo de la Judicatura, ellos estaban encargados de la administración de los recursos económicos del órgano de justicia, del antiguo Poder Judicial.

Hoy en día, la Ley del Órgano Judicial creó una institución con personalidad y autonomía propia, una entidad desconcentrada que es la Dirección General Administrativa y Financiera (daf), que es la encargada de la administración financiera, la cual ya no depende del Consejo de la Magistratura, sino que es el brazo operativo del órgano de justicia.

La DAF está compuesta por un directorio conformado por tres integrantes, de los cuales dos corresponden al Tribunal Supremo de Justicia (Presidente y Decano) y uno al Tribunal Agroambiental (Presidente).

Si bien la daf cuenta con ese directorio, pero también hay ciertos mecanismos severos de control: primero, la ley determina el control y fiscalización por parte del Consejo de la Magistratura; segundo, a través de la tuición que tiene el Tribunal Supremo de Justicia sobre la daf y, finalmente, a través de la Contraloría General del Estado.

La ley pretende que esta entidad desconcentrada dé mayor dinamismo a la administración de los recursos económicos y no haya tanta burocracia; obviamente con los debidos controles.

Toda la parte administrativa que pertenecía al extinto Consejo de la Judicatura ha pasado a la daf, lo que dio lugar a que haya una fricción y que la misma haga ver que el órgano de justicia en la parte administrativa no estuviera trabajando con normalidad, pero sólo se produjo por algunas malas interpretaciones de la norma.

¿Son las autoridades responsables por estas malas interpretaciones?

Tengo el convencimiento de que es vital sacar de nuestros códigos mentales ciertos obstáculos que impiden advertir la nueva visión de justicia que impone la Ley 025. La verdad es que debe primar un trabajo coordinado entre todos los órganos de justicia, se debe tener la certeza de que las instituciones que conforman el Órgano Judicial no son independientes una de la otra, sino que todas son parte de un todo que busca mejorar el servicio judicial. Las atribuciones muestran básicamente que si una de las instituciones coordina, la otra controla y así en continua reciprocidad.

Tal vez, muchos de nosotros, estamos con la mentalidad antigua, la mentalidad del extinto Consejo de la Judicatura, que si bien tuvo partes buenas, también se convirtió en una institución de represión de autoridades del órgano jurisdiccional e incluso administrativo, es en tal circunstancia que la nueva visión de justicia trata de que nuestras autoridades judiciales lo que tengan que hacer es dictar resoluciones de acuerdo a ley, nada más, sin que exista ningún tipo de presión externa o interna.

¿Estas tensiones que se han identificado entre ambas instituciones no hacen que el Órgano Judicial esté perdiendo credibilidad?

El principal objetivo del órgano de justicia es el área jurisdiccional, es decir, dictar fallos, solucionar los problemas de manera oportuna, rápida y transparente, eso es lo que quiere el pueblo. Es decir que cuando una persona vaya a un Juzgado salga perdidoso sólo cuando verdaderamente no tenga razón y no porque el juez esté parcializado ya sea por cuestiones políticas, económicas o de un grupo social o incluso de un grupo de poder.

En tales instancias el aspecto administrativo corresponde sólo y únicamente al área administrativa y es evidente que hay dificultades que se deben solucionar, estamos en ese camino, hemos tenido reuniones de coordinación con el Consejo de la Magistratura en un sinnúmero de oportunidades, se está sacando ya algunas conclusiones respecto a las estructuras de la daf al igual que del Consejo de la Magistratura, estableciendo qué competencias tiene cada institución, haciendo notar que tanto el Consejo de la Magistratura como la daf son brazos operativos del órgano de justicia, la razón de ser del órgano de justicia es administrar justicia, entonces, las otras vienen a ser las que colaboran en dicha labor trascendental.

En este estado de cosas, ¿se nombrará al Director de la Escuela de Jueces del Estado de las nóminas que envió el Consejo de la Magistratura o se va anular ese proceso?

El Consejo de la Magistratura lanzó una convocatoria para la Escuela de Jueces del Estado, se realizó el procedimiento y se pasó las ternas de los habilitados al pleno del tsj; en Sala Plena se observó que la convocatoria realizada por el Consejo de la Magistratura se la realizó sin que exista el Reglamento de la Escuela de Jueces, este instrumento debe establecer los requisitos esenciales para postularse al cargo de Director General y obviamente de las direcciones nacionales, por esas circunstancias el tsj observó esa situación y mandó al Consejo de la Magistratura a objeto de que nos hagan una aclaración y explicación de los motivos por los que se obvió el procedimiento.

Respondieron señalando que seamos nosotros quienes hagamos una adecuación de las ternas de acuerdo al Reglamento; el Tribunal aún no trató ese oficio a objeto de proceder a la designación, o para sugerir la nulidad del proceso o, finalmente, remitir al Directorio de la Escuela de Jueces para que éste pueda enviar al Consejo de la Magistratura con el fin de que ellos hagan la adecuación a la nómina y no entrar en el tema de realizar acciones que no le competen.

Apunte

La pesadez heredada de la colonia aún no termina de dejarse de lado, continúa siendo un obstáculo para las víctimas, es tarea del Órgano Judicial terminar con los dramas humanos producidos por los vericuetos legales que –de una vez– deben llegar a su fin, porque el proceso judicial determina la libertad, el patrimonio de las personas y la familia, cuando no la vida de ellas

Los retos de las nuevas autoridades del Órgano Judicial están relacionados con los desafíos de implementar una revolución en la administración de justicia que incluya la eliminación de toda forma de corrupción, extirpación de la retardación, implementación de la gratuidad y, esencialmente, la descolonización. La espera confiada es nuestra, el trabajo es hoy de las nuevas autoridades.

Espere…

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