La Gaceta Jurídica

Del verbo investigar

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 03 de mayo de 2013

Sobre todo en los últimos años, quizás incluso en el mundo entero, éste debe ser uno de los países donde se anuncia la investigación o se resuelve ejecutarla.

Pero, paradógicamente, también resulta ser uno donde generalmente la investigación anunciada nunca a comienza y donde la que comenzó nunca llega a ninguna parte.

Por eso es que, con una frecuencia digna de mejor suerte, escuchamos de continuo, fundamentalmente de fiscales y policías, aquello de que “tendremos que investigar”, “se requiere de una investigación”, “estamos investigando”, “seguimos investigando”. Tales frases valen lo mismo para cualquier caso, sobre todo la comisión del delito, aun en otras situaciones como la calidad de las personas intervinientes en aquella, la presentación de testigos o la identificación de personas.

Pero se ha añadido otro detalle también preocupante. Se ha sucedido una serie de acontecimientos que, genéricamente, podrían llevar a establecer responsabilidades en funcionarios del Gobierno, vinculados con las esferas del partido oficial, en los que ni fiscales ni policías muestran demasiado interés y menos agilidad en ninguna investigación o ésta se la hace tan lenta que acaba aburriendo a moros y cristianos o sea, se la lleva por caminos sinuosos.

Ahí están los casos de La Calancha, en Sucre; de Chaparina, en el conflicto del Tipnis; de Caranavi, en La Paz; de Huanuni, en Oruro, y otros que siguen dando vueltas y vueltas en medio de monumentales errores procedimentales, como los sumarios Terrorismo I y II, ahora tratado en juzgados de Santa Cruz y que por poco no “pasea” por todo el territorio.

El ciudadano común, que, además, en su mayoría no entiende de la terminología jurídica, ha acabado por cansarse ante semejante panorama tan absolutamente desalentador, asimismo tan poco imparcial y objetivo.

El Ministerio Público y la Policía Nacional repiten los mismos argumentos: falta de personal; infraestructura y equipamiento inadecuados; exceso de trabajo. Lo venimos escuchando hace décadas, pero el panorama no cambia. Por el contrario, está peor que antes, porque nadie podrá negar el evidente incremento de la criminalidad y la agudización de la inseguridad jurídica en el país.

¿Qué dice el ordenamiento jurídico vigente en torno al tema de la investigación, específicamente la de naturaleza penal?

El artículo 225.I de la constitución política del Estado (cpe) indica que “el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública...” A su vez, el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, al referirse a los fiscales de materia, consigna entre sus atribuciones (1): “Ejercer la DIRECCIÓN FUNCIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LA ACTUACIÓN POLICIAL, en los casos que le sean asignados”.

Por su parte, el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 70, entre las funciones del Ministerio Público indica que “corresponderá al Ministerio Público, dirigir la INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y PROMOVER LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA entre los órganos jurisdiccionales…”

Queda claro, por lo tanto, que la actuación y competencia de los fiscales en los procesos penales, fundamentalmente cuando se trata de la comisión de delitos de orden público, es relevante, no accesoria. Le toca, como dice el Código de Procedimiento Penal, no sólo actuar en la etapa de INVESTIGACIÓN, sino de DIRIGIR LA MISMA y de PROMOVER LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, se supone que de OFICIO, por cuenta propia y bajo su propia responsabilidad.

Se trata, en consecuencia, no de dividir tareas o de separar las mismas durante la fase de investigación de los delitos cometidos, sino que, más bien, deberá tratarse de aunar esfuerzos entre fiscales y policía. Pero existe un elemento normativo que, por desgracia, en la práctica y en los hechos, acaba siendo motivo para complicar el esquema.

En efecto, el artículo 252 de la cpe señala que “las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado POR INTERMEDIO DE LA MINISTRA O MINISTRO DE GOBIERNO”. (Este artículo es una repetición del artículo 216 de la anterior Constitución Política).

¿Qué efectos resultan de aquella disposición constitucional? Que en la práctica la Policía acaba siendo una “dependencia directa” del Ministerio de Gobierno, lo que a su vez implica una subordinación al mismo. A su vez, es el Presidente del Estado, el que designa y destituye al Comandante General de la Policía Boliviana (inciso 18 del artículo 172 de la cpe) es el mismo que designa a los Ministros de Estado (inciso 22 del mismo artículo).

Inevitablemente, el esquema anterior supone una relación subalterna de la Policía con el Poder Ejecutivo y, en concreto, con el Presidente del Estado y, más en concreto, con el Ministerio de Gobierno. Esto último no termina ahí, sino que supone una inevitable relación de subalternización con el partido de Gobierno. Aquella resulta imposible de separarla.

En cuanto al Ministerio Público, la autonomía que le otorga el artículo 225 de la cpe y la “independencia funcional” de la que habla el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la práctica no se cumplen. La forma de nombramiento del Fiscal General, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, o de los fiscales departamentales, por el Fiscal General, no garantiza ninguna función realmente independiente.

De tal forma, y en medio de una serie de hechos absolutamente reales, sería mucho pedir que las dos entidades del Estado, responsables principalmente de la investigación criminal, no sólo cumplieran eficazmente y con imparcialidad y objetividad sus funciones, sino que recibieran aplausos de la ciudadanía.

Es abogado, analista de lo constitucional y ensayista.

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