La Gaceta Jurídica

¿Quién es el verdadero autor de la demanda marítima?

De inicio, la pregunta “¿quién es el verdadero autor de la demanda marítima?” adolece de un grave problema de imprecisión. Se trata de un planteamiento ambiguo y confuso que podría y de hecho ha dado lugar a una variedad de interpretaciones y respuestas.

La abogada por la parte boliviana Monique Chemillier-Gendreau durante  los alegatos ante los magistrados de La Haya. Foto: comunicacion.gob.bo

La abogada por la parte boliviana Monique Chemillier-Gendreau durante los alegatos ante los magistrados de La Haya. Foto: comunicacion.gob.bo

La Razón (Edición Impresa) / Ariel Flores

00:00 / 06 de diciembre de 2015

De inicio, la pregunta “¿quién es el verdadero autor de la demanda marítima?” adolece de un grave problema de imprecisión. Se trata de un planteamiento ambiguo y confuso que podría y de hecho ha dado lugar a una variedad de interpretaciones y respuestas.

Desde aquellas opiniones que atribuyen la autoría a una “única” persona hasta las que la adjudican al “pueblo boliviano”, las interpretaciones sobre este importante asunto con diferentes matices no han terminado de convencer a los bolivianos. Entonces, como toda actividad intelectiva que genera juicios divergentes, la presente precisa de un planteamiento mejor.

Se trata de dos cuestiones íntimamente ligadas que no pueden explicarse de forma aislada o separada una de la otra. La primera de carácter político y la segunda de carácter jurídico. El carácter que guía la segunda depende de la primera. Es decir, la primera es la partera de la segunda.

La decisión y el problema

La decisión de demandar a Chile ante tribunales internacionales fue una decisión política. En cambio, la formulación de la estrategia jurídica fue producto de un análisis jurídico. Una decisión política, por definición, compete a una autoridad política, en tanto que un análisis jurídico compete a un técnico o a un cuerpo de “expertos”.

Una autoridad política asume tal decisión en el marco del ejercicio de un mandato político, se trata de una decisión personalizada en la figura del más alto representante del Gobierno; en cambio, el cuerpo de expertos jurídicos asume una posición bajo la forma de responsabilidad, se trata de una obra colectiva.

En ese sentido, parece necesario replantear la cuestión de “¿quién es el verdadero autor de la demanda marítima?”, no en una, sino en dos cuestiones distintas: (i) ¿quién es el responsable de que el país haya optado por acudir a un tribunal internacional para demandar a Chile por el enclaustramiento marítimo boliviano? y (ii) ¿quién es el responsable de la estrategia jurídica contenida en la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (cij)?

El problema del enclaustramiento marítimo boliviano ha sido una constante en la política exterior de los gobiernos desde la vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1904. En función a la línea ideológica o la coyuntura política, todos los gobiernos han aspirado, cada uno desde su propia concepción de posibilidades, a concretar el objetivo de recuperar nuestra cualidad marítima.

Gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha, gobiernos constitucionales y gobiernos de facto, todos han intentado resolver el más importante, permanente e irrenunciable de los problemas de la política exterior boliviana: la cuestión marítima.

Es a partir del gobierno de Evo Morales Ayma que se produjo una revitalización de las viejas concepciones en la forma de gestionar la política exterior y de una nueva forma de encarar las relaciones con Chile desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Así, el 2006, el presidente constitucional Evo Morales Ayma y su par chilena Michelle Bachelet Jeria dieron a conocer una Agenda Bilateral de 13 puntos que incluía el tema marítimo. Sin embargo, dicha iniciativa de carácter bilateral se vio pronto frustrada. Nuevamente, el Gobierno chileno postergaba el cumplimiento de la Agenda de los 13 puntos bajo el argumento falaz de que “no existen asuntos pendientes entre Bolivia y Chile”. Así el Gobierno de Evo Morales se encontró en la misma situación que sus antecesores.

No obstante, el mandatario tenía que convencerse por sí mismo de la mala fe que guiaba la política exterior chilena para replantear su posición inicial. ¿Qué hacer entonces?, ¿insistir por la vía diplomática manteniendo la misma estrategia de diferentes gobiernos?, ¿priorizar la política interna y dejar para otros gobiernos la solución del centenario conflicto?

Surgió, entonces, el histórico 23 de marzo de 2011 cuando el presidente Morales anunció la trascendental decisión de acudir a tribunales internacionales para resolver el enclaustramiento marítimo. Rompiendo con esto el carácter reactivo de la tradicional política exterior y asumiendo una conducta más activa y propositiva que no era posible sino a través de una importante legitimidad política.

Concretamente, señaló lo siguiente: “…a pesar de 132 años de diálogo y esfuerzos, Bolivia no tiene una salida soberana al Pacífico. Frente a esta realidad es necesario dar un paso histórico... el Derecho Internacional, en estas últimas décadas y, particularmente, estos últimos años, ha dado grandes avances, ahora existen tribunales y cortes a los cuales pueden llegar los Estados soberanos a reclamar y demandar lo que en derecho les corresponde... Por todo ello, la lucha por nuestra  reivindicación marítima, lucha que ha marcado nuestra historia por 132 años, ahora debe incluir otro elemento fundamental: el de acudir ante los tribunales y organismos  internacionales, demandando en derecho y en justicia una salida libre y soberana al océano Pacifico”.

Solo un antecedente histórico se equiparaba de forma errónea a tal decisión: la solicitud que Bolivia presentó ante la Liga de Naciones entre 1920 y 1921.

Sin embargo, es responsable recordar que aquella era una “solicitud de revisión” del Tratado de 1904, en cambio ésta, presentada ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, es una “demanda judicial” sustentada en una de las más contemporáneas fuentes de Derecho Internacional.

La responsabilidad del tema

En sentido estricto, no existe antecedente similar que haya servido de guía para la decisión política asumida y para la estrategia marítima que se perfilaba con muchas críticas y desconfianza. Por tanto, nadie podría haber pronosticado el futuro de tal empresa. La incertidumbre cubría a la mayoría de los sectores políticos, profesionales y académicos.

Lo indubitable era que el mérito o demerito, el éxito o el fracaso de la demanda boliviana recaería en una sola persona visible, la primera autoridad política del gobierno, el primer responsable del cambio en la dirección de la política exterior boliviana, el presidente.

Entonces, la respuesta a la primera cuestión es inequívoca: el responsable de que el país haya optado por acudir a los tribunales internacionales para demandar a Chile por el enclaustramiento marítimo es el presidente Morales, con aquella histórica y trascendental decisión para el país.   

Únicamente a él le correspondía asumir la responsabilidad de señalar el camino para la política exterior de Bolivia con el país vecino, después de la frustrada Agenda de los 13 puntos. Por tanto, le corresponde la autoría de la decisión soberana emanada del mandato del pueblo boliviano de llevar a Chile ante los más altos estrados judiciales creados por los Estados.

Ahora bien, queda responder a la segunda cuestión, que depende del contexto de la primera.

Procedimiento y actores

 Asumida la determinación de demandar a Chile, surgió la cuestión, no menos importante de ¿ante qué tribunales internacionales? y ¿sobre qué estrategia jurídica?

Para dicho propósito, el mismo 2011 se anunció la creación de dos importantes instituciones, el Consejo Nacional de Reivindicación Marítima y la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), acompañadas de asesores inter- nacionales de prestigio en el ámbito del Derecho Internacional.

Asimismo, para tan importante cuestión nacional, fueron convocados a participar en el Consejo Asesor Permanente los expresidentes de Bolivia. Ese mismo año fueron reunidos ocho excancilleres, quienes coincidieron con la demanda boliviana y aportaron conocimientos y experiencias.

Este cuerpo de expertos nacionales e internacionales forma parte de aquel “colectivo oficial” que contribuyó a la construcción de la estrategia jurídica, pero es Diremar la que, a través de una exhaustiva recopilación, revisión y sistematización de abundante documentación histórica y jurídica, definió la estrategia jurídica para sustentar la demanda marítima.

Este colectivo oficial fue el responsable directo en la definición de la estrategia jurídica hasta su presentación oficial el 24 de abril de 2013 y, recientemente, a través de la presentación de alegatos, cuyos resultados están en la convicción de los bolivianos y en la comunidad internacional.   

Con mucha propiedad, el procurador General del Estado, Héctor Arce, como parte del Consejo Nacional de Reivindicación Marítima, confirmó este aspecto en una conferencia, porque la demanda marítima boliviana no surgió del azar, sino que fue trabajada con un análisis jurídico de expertos nacionales e internacionales basado en argumentos históricos. En ese marco, sostuvo que la demanda marítima armoniza los planteamientos de derecho con las grandes bases de justicia, es una demanda científica en lo jurídico.

Por tanto, la cuestión sobre la autoría de la estrategia jurídica contenida en la demanda marítima boliviana interpuesta ante la cij corresponde a este cuerpo de expertos nacionales e internacionales.

Este colectivo oficial puede ser identificado a través de sus principales autoridades, desde el liderazgo del canciller David Choquehuanca, el procurador Arce Zaconeta, exministros de Estado, exmandatarios como Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltze, quienes se sumaron posteriormente y muchos otros profesionales que conformaron el “equipo jurídico nacional”.

Otro tanto ocurre con los expertos internacionales visibles a través de la presentación de los alegatos por parte de Bolivia y cuando el Tribunal de la cij emitió aquella histórica decisión sobre jurisdicción el pasado 24 de septiembre. Nos referimos a Antonio Remiro Bretóns, Mathias Forteau, Monique Chemillier-Gendreau, Payam Akhavan, entre otros, quienes forman el “equipo jurídico internacional”.

Estrategia y vinculaciones

En la estrategia jurídica, Bolivia se apartó sustancialmente de las propuestas que la vinculaban o tenían relación con el Tratado de 1904. Por primera vez la fuente de Derecho Internacional que sustentaba la reclamación boliviana no estaba relacionada con dicho documento.

Al contrario, la brillante estrategia consistía en demostrar, a través de acuerdos, práctica diplomática y declaraciones atribuibles a sus representantes del más alto nivel, que Chile se había comprometido a negociar de “buena fe” una salida soberana al mar para Bolivia.

Dicha estrategia se sostiene sobre la “Teoría de los Actos Unilaterales”, que, conceptualmente, es la manifestación de voluntad emanada de un Estado, que tiende a producir efectos jurídicos sobre él mismo (creación, modificación, extinción o conservación de derechos y obligaciones).

En términos generales, el Estado chileno queda vinculado por sus propios actos o declaraciones, es decir, a través de actos manifestados por Chile, certificados a través de diversos documentos oficiales contenidos en notas, declaraciones memorándums, actas, etc.

A partir de los actos unilaterales, como fuente de derecho internacional, se pretende demostrar tres supuestos de hecho: a) la existencia de una obligación por parte de Chile; b) el incumplimiento de esa obligación; y c) el deber de Chile de cumplir con la obligación y negociar de buena fe con Bolivia.

Pero estos compromisos no surgen de la nada. Fueron diferentes gobiernos, diferentes políticas exteriores, diferentes estrategias marítimas, diferentes diplomáticos y profesionales que, con gran habilidad y compromiso con el país, con- siguieron de sus pares chilenos los compromisos y obligaciones que hoy forman parte de la demanda marítima.

Este “colectivo histórico” ha contribuido indirectamente a la construcción de la estrategia jurídica que está claramente identificada y sintetizada en el Libro del Mar y contenida en la demanda marítima boliviana. Es responsable recordar a estas personas y las gestiones que nos acercaron al mar en diferentes tiempos.    

Siempre que se hable del “autor” de la demanda marítima, es importante, necesario y responsable poner las cosas en su contexto. Cada cual con el papel histórico que le ha tocado jugar.    

Hoy, el camino hacia el mar es aún largo e incierto. Sin embargo, el éxito de las gestiones ante la cij es indiscutible y nadie puede dudar que Bolivia, a través de sus propias autoridades políticas y sus profesionales, ha conseguido dar pasos concretos y certeros que nos acercan cada vez más y de forma inminente hacia el objetivo nacional.

A decir de Stefan Zweig, la historia se basta a sí misma al dar forma a los hechos en el parto de aquellos momentos sublimes; puesta a hacer de poetisa o creadora de tragedias, no hay bardo que pueda superarla.

La historia de Bolivia acaba de marcar un “momento estelar” para los bolivianos. Con seguridad, estos acontecimientos y los próximos formarán parte de la historia, de nuestra historia, que también es universal.

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