La Gaceta Jurídica

Las verdades ocultas de una polémica entrevista

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 07 de octubre de 2015

Ha causado enorme revuelo, tanto en el país como fuera de nuestras fronteras, la entrevista que concedió recientemente el vocero de la demanda marítima boliviana, Carlos D. Mesa Gisbert, en un programa de la televisión chilena respecto al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (cij) en el asunto pendiente con Chile.

En aquella oportunidad se dejó muy claros ciertos extremos; por ejemplo que el párrafo 34 del reciente fallo es el que define exactamente la naturaleza de la controversia, porque la Corte Internacional de Justicia ha sido muy clara al establecer que la misma fallará sobre si Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar, es decir, que dos conceptos son inseparables.

Uno es negociar y otro es otorgarle un acceso soberano al mar y, haciendo una lectura correcta del punto 33 del fallo, lo que la Corte no puede predeterminar es la naturaleza del arreglo específico sobre ese acceso soberano al mar y sus detalles, dado que son cosas radicalmente distintas. En consecuencia, y jurídicamente, es imposible que la Corte establezca una división de la naturaleza de la demanda marítima.

Todo ello es una directa consecuencia de que Bolivia ha recogido las sistemáticas oportunidades de compromisos y promesas formales de Chile que establecieron, desde la perspectiva chilena, que ese país estaba dispuesto a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar, y en esto hay que tener en cuenta que Bolivia no pide algo unilateralmente, sino que está generando el pedido a partir de los compromisos de Chile y, además, no le pide a la Corte que establezca un fallo predeterminado, le pide a la Corte que le recuerde a Chile su compromiso; porque, de acuerdo al criterio de los Actos Unilaterales de los Estados, el compromiso no cumplido genera una obligación exigible, y ese es el tema planteado en la Corte.

En otras palabras, según aclara el entrevistado, el pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana, sino más bien, nace de los compromisos generados por Chile, habiendo sido precisamente el Estado chileno que en 1920, 1923, 1926, 1950, 1961, 1975 y 1983 (para no mencionar la agenda de los trece puntos), quien se comprometió a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar, en consecuencia, no es una de las partes que pretende un fallo con un resultado predeterminado.

Asimismo, no debe dejar de tenerse en cuenta que en la Corte un juez preguntó ¿en qué momento se produjo el compromiso entre ambos países? Y la respuesta de Bolivia es: en todos los momentos en que Chile hizo una propuesta positiva, diciendo “estoy dispuesto a negociar para otorgarle una salida al mar a Bolivia”.Estos y otros argumentos (que ahora se hallan íntegramente transcritos en el Blog de Carlos Mesa (1)) son los que, con bastante dominio del tema, fueron expuestos por el vocero oficial de la demanda marítima boliviana, con bastante sustento histórico y jurídico, como amerita este tema tan polémico entre ambos países, que permanece irresuelto hace bastante tiempo.

Sin embargo, una de las preguntas que mostró la falta de argumentos sólidos sobre el tema marítimo por parte del entrevistador fue precisamente cuestionar si Bolivia era un Estado Democrático: ¿es Bolivia una democracia plena cuando un Pre- sidente puede mantenerse tanto tiempo en el poder porque ha modificado la Constitución y que esto en la práctica termina favoreciéndolo?

Esto claramente no tenía nada que ver con el tema de la entrevista; no obstante, se refiere a uno de los aspectos más débiles de nuestra política interna y que pone en riesgo nuestra imagen como país democrático a nivel internacional, considerando que, en los seis años de vigencia de nuestra Constitución, en la Asamblea Legislativa no se ha pensado en solucionar ninguna de las contradicciones, confusiones y probables debilidades que presentan algunas de las normas de la ley fundamental, sino que solamente se pretende ampliar los periodos de mandato del Presidente del Estado como si fuera esa la única norma que requiere una reforma inmediata.

Ello pone en evidencia los afanes políticos prorroguistas que persiguen el actual régimen de gobierno a través del “rodillo masista” que posee en la Asamblea y que ahora utiliza para satisfacer sus propios intereses sin pensar un momento en los verdaderos intereses del pueblo boliviano, que requieren ser atendidos desde el contenido de las normas constitucionales, para hacer efectivo el denominado “vivir bien”.

Es que hay que dejar claramente establecido que esta propuesta de reformar la Constitución para ampliar la cantidad de veces en que se puede reelegir al Presidente no surge de una demanda del pueblo boliviano, sino que proviene de la misma cúpula del poder político, que, utilizando al denominado “Conalcam” (que no es más que una organización social creada por el gobierno para fines estrictamente políticos), pretende disfrazar su verdadera intención de quedarse en el poder por el tiempo que así le plazca.

Lo que pretendo decir es que esta propuesta de reforma constitucional no ha surgido ni representa los verdaderos requerimientos y necesidades más ur- gentes del pueblo boliviano (requisito que debiera cumplir cualquier propuesta de reforma constitucional para ser legítima); sino que únicamente se trata de una muestra clara del servilismo con que ahora actúa una organización creada para fines políticos, a fin de satisfacer los intereses del caudillo que lidera el partido de gobierno.

En consecuencia, en Bolivia sí existe democracia; pero una democracia desvirtuada por el actual régimen de gobierno, que, inobservando el mandato del constituyente, ha secuestrado la voluntad popular sustituyéndola por los presuntos pedidos de aquellas “organizaciones sociales” afines a su ideología (o más bien, serviles a sus órdenes) y ahora pretende modificar la Cons- titución solo para acomodarla a sus intereses políticos, afectando así la vigencia de los derechos políticos de los bolivianos(as) y la alternabilidad en el ejercicio del poder, todo lo cual debilita nuestra propia institucionalidad democrática.

Entonces, ciertamente es muy difícil hablar de la existencia de una “democracia plena” en Bolivia, no obstante de encontrarnos próximos a cumplir 33 años de vida democrática.

Nota

1. El enlace a la polémica entrevista a Carlos D. Mesa Gisbert y la transcripción íntegra de la misma se encuentran disponibles en la página web: http://carlosdmesa.com/2015/10/04/entrevista-en-el-programa-el-informante-de-tvn-de-chile/

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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