La Gaceta Jurídica

Una vía hacia el autogobierno territorial

Un camino para llegar al autogobierno territorial en las comunidades del altiplano paceño es la gestión comunitaria. En busca de hacerla realidad, una iniciativa fue implementada en 30 comunidades priorizando el control de los derechos de propiedad y basada en la capacidad de las comunidades para administrar este recurso.

El cuadro  de gestión comunal muestra los pasos a desarrollarse a partir de la propiedad.

El cuadro de gestión comunal muestra los pasos a desarrollarse a partir de la propiedad. Foto: ftierra.org

Fundación Tierra

00:00 / 26 de junio de 2015

La explicación fue proporcionada en la oficina Regional Altiplano de la Fundación Tierra, con la advertencia de que esta gestión no se agota en la tierra, sino que abarca ámbitos económicos, productivos, medioambientales y simbólicos, así como el acceso y uso de los demás recursos naturales.

Bajo el nombre de “Gestión comunal de los derechos de propiedad de la tierra”, esta propuesta se traduce en la construcción de acuerdos familiares y comunales que permiten administrar la propiedad de este recurso. Según la Fundación, la puesta en práctica es una señal inequívoca de que cada comunidad organizada es capaz de documentar los derechos de propiedad, fijar reglas para la ejecución de actos administrativos, controlar las transacciones internas de tierras, dando fe de esos actos a través de sus autoridades comunales legítimas.

Pasos de la “Gestión comunal de la tierra”

La implementación de la propuesta tiene dos partes, la construcción del inventario de la comunidad en torno a los derechos sobre la tierra y el territorio y el desarrollo de los elementos para la administración de ese inventario, según explicación de la oficina regional.

Base del inventario

El saneamiento interno de tierras es la base para el inventario de los derechos de propiedad. Es una herramienta efectiva y legítima porque promueve la conciliación de conflictos entre vecinos o intrafamiliares, según el investigador de Tierra Esteban Sanjinés. En la experiencia analizada aquí, el saneamiento fue útil tanto en comunidades con derechos de uso colectivo de la tierra como en aquellas en donde coexisten el sistema de propiedad familiar-individual y el colectivo.

De esta manera, el saneamiento posibilita el objetivo del inventario, es decir, la consolidación de los derechos de propiedad comunal y familiar, la cual, a su vez, es la base para la administración de los derechos sobre la tierra.

Inventariando los derechos de propiedad

¿Cómo se lograron los resultados en las comunidades que aplicaron esta metodología de trabajo? En primer lugar, cada comunidad se organizó, emitió una resolución concertada entre las familias que declara la voluntad de acogerse al proceso de saneamiento interno.

Después se eligió un Comité de Saneamiento, instancia que se convirtió en el brazo derecho de las autoridades comunales para llevar a feliz término el proceso.

Posteriormente se pasó a la delimitación territorial de la comunidad a través del amojonado de los vértices, la redacción y firma de actas de conformidad de linderos y, finalmente, se elaboró un plano georeferenciado de reconocimiento del perímetro de la comunidad.

La tercera etapa fue la resolución de los conflictos internos de la comunidad, por ejemplo, entre vecinos o entre familias. El resultado fue el reconocimiento y la actualización de los derechos de propiedad de cada familia. Estas conciliaciones fueron plasmadas en actas de acuerdo familiar que describen cómo se resolvió la controversia.

En esta fase, las autoridades y comités de saneamiento promovieron el respeto de los derechos de grupos vulnerables tales como mujeres, jóvenes y adultos mayores. El producto final es la delimitación de las parcelas internas familiares y las áreas colectivas, ejecutado por los comunarios con ayuda de los (sistemas) gps.

El último paso en esta parte es la legitimación de los derechos familiares y comunales a cargo de las autoridades y en el marco de sus normas y procedimientos propios.

Esto se traduce en la otorgación de certificados de posesión pacífica a cada familia, documento que puede ser equiparado a una titulación interna, ya que no solo reconoce la legitimidad de la propiedad, sino que habilita a los propietarios para ejercer derechos y obligaciones ante la comunidad. El producto final de esta fase es un plano de parcelas internas, el cual es aprobado por la comunidad.

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