La Gaceta Jurídica

Sobre la vigencia de la Jurisdicción Constitucional en Bolivia

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 26 de noviembre de 2013

Constituye un evento de enorme relevancia que en octubre del presente año el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) haya realizado en Cochabamba las “Segundas Jornadas sobre Justicia Constitucional”, con la participación de todos los tribunales y jueces de garantías del país. Particularmente, lo que llama la atención es que en el evento se hubiera planteado la idea de “crear la jurisdicción constitucional” (sic), propósito que, según el Presidente de esa instancia, marcará la agenda para 2014.

Así, se ha señalado que dicha jurisdicción constitucional, estaría conformada por la creación de Salas de Garantías Constitucionales a nivel de los nueve tribunales departamentales de Justicia que existen en el país y que, considerando la cantidad de procesos de garantías procesales, podrían funcionar dos salas. Entonces, la jurisdicción constitucional estaría conformada por “jueces penales de garantías en las capitales de departamento y jueces de garantías en las provincias” (sic), según se ha dado a conocer en La Gaceta Jurídica.

La estructura propuesta sería completamente nueva e independiente al Órgano Judicial y dependería exclusivamente del tcp como órgano de control de la constitucionalidad, tratando de que no sean los mismos jueces ordinarios quienes desarrollen la labor de garantías.

Es una buena iniciativa, indudablemente, sin embargo, se debe precisar que no se trata de la “creación” (como si hasta el momento no existiese en nuestro país), sino más bien de la consolidación plena y expansión territorial de la Jurisdicción Constitucional en Bolivia.

A este efecto se debe aclarar que existe una diferencia sustancial entre lo que se denomina jurisdicción constitucional y lo que es la justicia constitucional, cuya eventual sinonimia ha sido superada en la actualidad.

De manera general, según las enseñanzas del maestro mexicano Héctor Fix-Zamudio, existe Justicia Consti-tucional cuando los órganos judiciales ordinarios se dedican a resolver problemas de carácter constitucional y, en cambio, se habla de Jurisdicción Constitucional propiamente dicha cuando existen órganos especiales y calificados, creados específicamente para realizar esos fines; es decir, cuando la labor de control de la constitucionalidad se halla encargada a los tribunales o cortes constitucionales.

Entonces, como indica el profesor chileno Humberto Nogueira Alcalá, existirá jurisdicción constitucional, cuando existan tribunales (como es el caso del tcp en Bolivia) que ejerzan la potestad para conocer y resolver mediante un procedimiento preestablecido y con efecto de cosa juzgada en el ámbito del Estado, los conflictos constitucionales que se promueven respecto de las materias o actos que la Constitución determine, garantizando la fuerza normativa de la Constitución.

En este sentido, la jurisdicción constitucional es una de las máximas expresiones de la defensa de la Constitución y de la justicia constitucional.

Asimismo, se debe considerar también que entre los conceptos de Justicia Constitucional y Jurisdicción Constitucional parece existir una indisoluble relación de género a especie; de ahí que el expresidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Pablo Dermizaky, ha precisado que se debe entender por justicia constitucional: “un sistema de legislación, doctrina y jurisprudencia aplicables al control, defensa e interpretación de la Constitución Política del Estado. La justicia constitucional se realiza a través de la jurisdicción constitucional, conjunto de normas sustantivas y adjetivas, y de órganos encargados de administrar la justicia constitucional”.

Por tanto, y como lo he precisado en mi Libro sobre el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia (2012), la Jurisdicción Constitucional en Bolivia debe ser entendida como aquella potestad exclusiva que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia para administrar justicia en aquellos conflictos constitucionales de carácter normativo, competencial y/o tutelar, que son sometidos a conocimiento del órgano encargado del control de constitucionalidad (ahora configurado como Tribunal Constitucional Plurinacional), para que el mismo se pronuncie asegurando la primacía de la Constitución y velando por la defensa y protección efectiva de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas de acuerdo a su configuración (artículo 196.I constitucional).

Ello significa que, en Bolivia, el tcp constituye una auténtica Jurisdicción Constitucional que tiene por función esencial administrar justicia constitucional a través del ejercicio exclusivo del control concentrado y plural de constitucionalidad.

Aquí se debe apuntar que la Constitución boliviana, lamentablemente, no logra precisar en forma clara los alcances de la función asignada al tcp, cuando en su artículo 179-III, de manera muy escueta indica: “La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”, sin aclarar que en realidad está instituyendo una jurisdicción constitucional representada por el tcp como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, así como defensor de los derechos humanos.

Éstos aspectos, ciertamente, debieron ser aclarados expresamente por la respectiva Ley del tcp (Ley Nº 27 de fecha 6 de julio de 2010) que desarrolla este precepto constitucional, lo cual además hubiera coadyuvado a dilucidar la naturaleza jurídica de éste órgano, asegurando así la comprensión exacta de su contenido normativo; al no haberlo hecho así, esta omisión provoca las confusiones que ahora sobresalen.

En consecuencia, y considerando que la Constitución boliviana ha instituido al Tribunal Constitucional Plurinacional con funciones jurisdiccionales en el ámbito normativo, competencial y/o tutelar, es posible concluir que el mismo se encuentra plenamente instituido por la misma Ley Fundamental como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia (junto a la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, que han alcanzado un justo reconocimiento constitucional), creado con la exclusiva finalidad de administrar justicia constitucional a través del control concentrado y plural de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, para resguardar la supremacía de la Constitución y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.

A este efecto, conoce y resuelve todos los conflictos jurídico-constitucionales que se manifiesten en una triple dimensión: a) normativa, en los casos en que se produzca la incompatibilidad de una disposición legal ordinaria (sean leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de resoluciones no judiciales), frente a las normas (axiológicas, dogmáticas y/u orgánicas) previstas por la Constitución; b) tutelar, en situaciones en que el poder público –o un eventual poder particular– vulnere ilegalmente, por acción u omisión, los derechos fundamentales consagrados por la Ley Fundamental y/o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como parte del bloque de constitucionalidad, y; c) competencial, en los casos en que se llegue a desconocer el principio de separación de funciones o división del ejercicio del poder político para poner fin a los eventuales conflictos de competencia que llegaren a suscitarse entre los diferentes órganos del poder público y/o niveles de gobierno.

En definitiva, el tcp se constituye en el órgano guardián de la vigencia de la Constitución, como norma suprema, básica e indispensable para la convivencia pacífica y democrática de la sociedad boliviana.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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