La Gaceta Jurídica

La violencia como tortura

En reiteradas ocasiones he expuesto que la violencia de género institucional constituye en gran medida actos de tortura, incluso con acciones directas por parte de agentes del Estado que facilitan o contribuyen a que estos actos se cometan y deriven en el menoscabo de los derechos de las mujeres.

En varios países existe la presión estatal a través de agentes para vulnerar los derechos femeninos.

En varios países existe la presión estatal a través de agentes para vulnerar los derechos femeninos. FOTO: César Martínez López-Cimac Noticias

La Razón (Edición Impresa) / Argentina Casanova*

00:00 / 30 de marzo de 2016

El 8 de marzo se hizo el llamado “a todos los países para mirar los crímenes de género a través del lente de la tortura, pues la explotación y trata con fines sexuales de las mujeres puede equivaler a tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes”. Bajo esta óptica se tendría que empezar por establecer sanciones administrativas y penales para quienes, con sus actos, contribuyan al sufrimiento de las mujeres.

De a poco se ha cobrado conciencia del impacto que la violencia de género tiene en la vida de mujeres y niñas y es ahora cuando también empieza a tomarse conciencia de los efectos que tienen los crímenes de género en especifico, es decir, los delitos que se comete fundamentalmente contra las mujeres.

En reiteradas ocasiones he expuesto que la violencia de género institucional constituye en gran medida actos de tortura, incluso con acciones directas por parte de agentes del Estado que facilitan o contribuyen a que estos actos se cometan y deriven en el menoscabo de los derechos de las mujeres.

La participación activa de agentes del Estado en redes de trata; los servidores públicos de hospitales que causan daño y sufrimiento innecesario en el cuerpo de las mujeres durante las intervenciones ginecológicas; la exhibición de sus cuerpos como “objeto de estudio” sin considerar el daño que esto ocasiona a las mujeres que pasan por las salas de parto y que no desean ser parte de ese ritual de enseñanza médica, pero, sobre todo, las veces que son tratadas con desdén y humillación en las salas de parto constituyen tortura.

Lo que hace que un acto sea tortura de acuerdo con la definición internacional es que sea cometido por agentes del Estado, que tenga como fin obtener información, causar sufrimiento o castigo por algo que se piensa hizo la persona o para que se autoinculpe.

En los casos definidos, el castigo es muchas veces un acto inconsciente que se ejerce sobre las mujeres que transgreden el orden establecido o su lugar de objeto-pasivo. También es tortura cuando es alentado o permitido por agentes del Estado, esto es el equivalente en los casos de redes de trata y explotación sexual auspiciadas por la permisividad de las autoridades y su indiferencia, lo que hace posible que sean cometidos otros delitos contra las mujeres.

Vivir en una sociedad en la que las mujeres son asesinadas diariamente, salir a la calle en un Estado en el que no se emite la Alerta de Violencia de Género y que se desarrollan políticas públicas sin recursos efectivos para incidir en el cambio constituye la exposición de las mujeres a vivir en una situación de estrés y tensión, miedo a vivir en una sociedad en la que ser mujer es la única razón para ser asesinada.

El efecto del terrorismo sexista contra las mujeres es el terror, hacerlas desistir, hacer ver que no pueden abandonar los espacios seguros, que no pueden transgredir y ubicarse en la periferia por actitudes que las llevan a ser identificadas dentro de las estructuras de género como “mujeres malas” a las que todo les puede pasar y el Estado no alcanza a proteger.

Por eso se insiste tanto en que a las mujeres que están en la periferia es a las que les suele ocurrir algo grave, ser violadas, asaltadas o asesinadas.

Se pondera, sobre todo, las características de la mujer que la hacen ver como una “transgresora”: “era puta”, “era bailarina”, “era una callejera”, “vivía en la calle”, “era una alcohólica” o era “mala madre”, eso es suficiente para privarla de su condición de persona y que todo lo malo puede ocurrir sobre ella, incluso que el Estado mismo se olvide de que tiene derechos y con ella su madre, sus hermanas y todas las mujeres que no son protegidas como ciudadanas “ideales”.

La explotación sexual de las mujeres tiene tras de sí la indiferencia del Estado que reconoce que es una “profesión” y su participación se limita a ser un explotador más a través de agentes que ejercen presión sobre las mujeres al pedir cuotas en los espacios en los que se encuentran, o peor, en el caso de videos hechos por personajes que se autoerigen jueces morales, quienes son brazos ejecutores de la sociedad que castiga a las transgresoras y las exhibe como objetos sin valor que merecen recibir castigo.

El Estado, actuando así a través de sus agentes, comete actos de tortura, es cómplice, es aliado y, al no ejecutar castigos ejemplares sobre las y los servidores públicos que violentan a las mujeres que se deciden a denunciar abusos, con el castigo sobre las mujeres transgresoras se constituye en verdugo del sistema patriarcal.

Lo que hay detrás de esos y muchos otros actos cometidos con aquiescencia del Estado es la tortura y es una extensión de los guardianes y guardianas del patriarcado.

*    Es integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.

Tomado de. cimacnoticias.com.mx

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