La Gaceta Jurídica

Se vislumbra otra controversia latinoamericana

En la Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional es un actor político que debe buscar las mejores soluciones a la demanda.

La Corte Internacional es un actor político que debe buscar las mejores soluciones a la demanda. Foto: wikipedia.org

Tomas Brockenshire/Herald

00:00 / 28 de marzo de 2014

Hace poco, la Corte Internacional de Justicia (cij) emitió un fallo sobre la disputa centenaria entre Chile y Perú, que dejó a ambos lados capaces de retratar el resultado como una victoria.

La mecánica legal de la fila territorial está básicamente centrada en dónde la frontera marítima debe comenzar y el ángulo en el que se debe extender hacia el océano. La disputa se remonta a la Guerra del Pacífico de cuatro años, que se inició en 1879, después de lo cual Perú y Bolivia perdieron terreno a favor de Chile.

El fallo redibujó la frontera marítima en una “tercera clase de vía”, concediendo a Perú unos 22.000 kilómetros cuadrados de océano, pero manteniendo la soberanía chilena sobre las zonas de pesca. Chile emergió ileso comercialmente y Perú recibió grandes extensiones de territorio que pueden ser de importancia estratégica.

Tanto el entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su homólogo peruano Ollanta Humala, retrataron el fallo como una victoria y la atención se desplazó de la cij a la forma en que los vecinos implementaran la resolución. Como árbitro para las disputas internacionales, la cij no tiene ningún deseo de ser el blanco de la crítica política.

Sobre la sentencia

El presidente boliviano, Evo Morales, se ha apresurado en aprovechar de la percepción de “ecuanimidad” de la sentencia y ha insistido en que favorece la propia demanda de Bolivia contra Chile por una salida al mar, que también fue perdida después de la guerra.

Morales ha dejado claro que Bolivia preferiría negociar el acceso al mar, pero que seguirá adelante con su reclamo en los tribunales si Chile no coopera.¿Pero cuáles son las implicaciones de la sentencia de la cij? Para algunos expertos jurídicos, la decisión no estuvo sólo basada en un marco legal, sino que también tuvo en cuenta las complejidades geopolíticas de la región.

Carolina Loayza, profesora de Derecho Internacional y jefe del departamento de Estudios de Derecho Internacional en la Universidad de Lima, dijo al Herald que el fallo de la cij no podría haber sido abordado exclusivamente desde una postura legal. Haciendo notar que el nuevo límite de 80 millas garantiza la pesca chilena; señaló que la solución de la Corte no interrumpirá los medios de vida existentes.

No obstante de llamar a la decisión de conceder a Perú más océano como “predecible”, Loayza identificó un importante cambio que se inició en los años 80, cuando las sucesivas administraciones peruanas abandonaron “una actitud de apatía e inutilidad” y decidieron reclamar sus derechos legales sobre el mar. Derechos que, añade, la cij no podía ignorar.

Tal como era previsible, esta opinión fue rechazada por Mario Arnello, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile, quien explicó que la cij había reconocido la validez de un tratado existente entre Chile y Perú, que tácitamente estipulaba la frontera marítima, pero había hecho caso omiso del mismo tratado cuando se reseñaló la frontera, lo que favorece a las alegaciones de Perú.

Para Arnello, esta fue la primera vez que el tribunal no tomó en consideración un tratado vigente y relevante y esto podría ser comienzo de una nueva tendencia hacia juicios “equitativos” en los que el tribunal no aplicará en sus decisiones sólo la ley, sino la percepción de justicia que se encuentre en las demandas que conozca.

Cuando se le preguntó por qué pensaba que Chile no trató de negociar un acuerdo con Perú antes de participar en la cij, Arnello argumentó que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Perú jugó sus cartas mejor que su homólogo chileno, quien dijo que era “demasiado terco para encontrar una solución política”.

El reclamo boliviano

Es precisamente este tipo de política de solución negociada que Bolivia ha identificado como la mejor manera de resolver su disputa con Chile. Bolivia ha exigido que la cij obligue a Chile a negociar de buena fe. Para tal fin, Arnello cree que La Paz no tendrá éxito ante la Corte, debido a que no existe un “derecho “a negociar una salida al mar y Bolivia no tiene un tratado o un marco al cual señalar”. El profesor considera que la reclamación es “sin fundamento”.

La profesora Loayza tomó una posición similar. Aunque simpatiza con la posición de Bolivia, ella considera el reclamo como “aspiracional” y sólo ligeramente apoyado por la ley, debido a que bajo las interpretaciones clásicas de derecho, la pérdida de Bolivia del territorio como consecuencia de la guerra en el siglo 19 no puede ser revertida sin el acuerdo de Chile. Aunque el derecho internacional contemporáneo considera el uso de la fuerza para adquirir territorio como ilegítimo, el hecho de que el reclamo se remonta al siglo 19 significa que una salida al mar sería condicionada a la voluntad política de Chile.

Oscar Alba Salazar, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Mayor de San Simón y presidente del Instituto Boliviano de Estudios Internacionales (Idei), sostuvo una opinión diferente a sus colegas peruana y chileno.

Alba dijo que la reclamación de Bolivia se ha visto reforzada por el carácter “equitativo” de la sentencia Chile-Perú, con el argumento de que este principio es susceptible de ser utilizado “por los representantes de Bolivia y de los consejeros en relación con la cesión del territorio conocido como departamento Litoral (cedido en un tratado de 1904) y los recursos y la riqueza de la zona…”.

Integración y litigios

Loayza destacó las numerosas guerras (y sus correspondientes tratados incompletos) que se dieron en América Latina en el periodo en que la mayoría de los países logró su independencia, mientras que el profesor Alba señaló la insuficiencia de los acuerdos coloniales de delinear claramente las fronteras, así como la obligación moderna para resolver disputas a través de medios judiciales en lugar de conflictos armados.

Arnello cree que la evolución de la jurisprudencia de la Corte, junto con su tendencia a favorecer soluciones de media, ha estimulado más reclamaciones de los países que no necesariamente hubieran ganado en el pasado.

Es en este contexto, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores chileno ha sugerido una discusión sobre si la permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá sería beneficioso. Tanto Loayza y Alba consideran la retirada de Chile como “lamentable” y un claro retroceso para la región.

Aunque un fallo de la cij sobre la disputa entre Bolivia y Chile tiene muchos años de distancia, sigue teniendo importancia. Por otra parte, las expectativas establecidas por el caso Perú-Chile han sido señaladas por los gobiernos de Bolivia y Chile, debido a que se encuentran ansiosos de proteger sus intereses.

La cij no es simplemente un cuerpo jurídico internacional, sino también un actor político que ahora tiene que encontrar la mejor solución posible para los problemas en los cuales los líderes regionales no han sido capaces o no han estado dispuestos a resolver desde hace décadas.

Nota

Traducido por el Programa de Comunicación y Relaciones Públicas con la colaboración de Marianela Salazar, Teresa Alba y Diandra Céspedes (Idei)

Tomado de: Revista virtual del Instituto de Estudios Internacionales Idei-Bolivia, año 4, Nº 76, febrero de 2014.

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