Marcas

Braun demanda restituir derechos

Audiencia conciliatoria realizada ayer en La Paz no encontró solución.

La Razón (Edición impresa) / R. Sempértegui. / La Paz

01:17 / 28 de octubre de 2012

El club Mariscal Braun solicitó ayer al Tribunal Superior de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol la restitución de sus derechos deportivos y la aplicación de sanciones a la dirigencia de la Asociación de Fútbol de La Paz, que ignoró un fallo del ente matriz, expedido hace varios meses.

Los integrantes del ente punitivo se constituyeron en la sede de gobierno y procedieron a lo que se denominó “audiencia conciliatoria”, aunque a su término coincidieron en que esta circunstancia, al menos de momento, es inviable, por cuanto las partes mantienen posiciones distantes.

Por parte de la AFLP asistió Wálter Torrico, su presidente, acompañado de algunos personeros; mientras que por Braun estuvo Luis Alípaz, su titular.

Luego de aproximadamente una hora, en la que cada cual expuso sus argumentos, el Tribunal estableció la inexistencia de condiciones para una avenencia y abrió un nuevo margen de tiempo para estudiar el añejo caso, al margen de que a principios de año la Federación instruyó que Mariscal Braun vuelva a participar del torneo de Primera “A”, circunstancia que no se acató, con la agravante de que se condicionó su reinserción a que intervenga en la Primera “B”.

“Es difícil comprender cómo se ignora un dictamen, por lo cual ahora no sólo requerimos la reposición de nuestro legítimo derecho deportivo, sino el castigo que los estatutos contemplan para quienes eluden, sin razón valedera, una resolución proveniente de un organismo de jerarquía superior”, señaló Alípaz, al tiempo de expresar la esperanza de que “la justicia deportiva finalmente se imponga, porque el daño que nos ha sido generado es significativo”.

El caso se remonta a una deuda económica originada el año 2003, producto de gastos extraordinarios que se produjeron en ocasión de la Copa Simón Bolívar. “Pasaron varios años, a lo largo de los cuales recibimos la aprobación inherente a nuestra solvencia económica, por lo que tipificamos esta actitud como un acto de mala fe que no debe continuar”, añadió Alípaz Echazú.

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