Fútbol

Solicitud de extradición seguirá su curso legal

La Cancillería puede responder pronto, como también demorar

Acusado. Carlos Chávez (der.), junto a su abogado, Jaime Tapia, durante una audiencia en Sucre.

Acusado. Carlos Chávez (der.), junto a su abogado, Jaime Tapia, durante una audiencia en Sucre. AFKA.

La Razón (Edición Impresa) / Ramiro Siles / La Paz

03:09 / 11 de diciembre de 2015

El pedido de Estados Unidos para la extradición de los dirigentes del fútbol boliviano Carlos Chávez Landívar y Romer Osuna Áñez seguirá su curso legal en el país, anunció ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero. La autoridad confirmó que la solicitud llegó vía Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y aseguró que está siendo analizada y no habrá ninguna interferencia de parte del Gobierno Nacional.

Fuentes oficiales consultadas por Marcas de La Razón dijeron que es un tema que “así como puede resolverse de inmediato, también es factible que demore mucho tiempo, por las implicaciones que puede tener para el país cualquier decisión”. El ministro Romero aclaró que no es un tema político: “Nada tiene que ver con un componente político”, insistió.

“Es una decisión judicial, inherente a los órganos judiciales de ambos países. Si bien se canaliza a través de la Cancillería, la Cancillería o las cancillerías solo hacen un rol de puente, de enlace, de facilitación. La decisión en última instancia es jurisdiccional”.

Estados Unidos formalizó el pedido de extradición de los expresidentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y a la vez extesoreros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quienes figuran entre 16 nuevos inculpados la semana pasada por la Justicia federal de Brooklyn (Nueva York), denunciados por pedidos y pagos de sobornos por “más de 200 millones de dólares para vender los derechos de retransmisión y marketing de torneos y partidos internacionales de fútbol”, según la acusación.

Romero dijo que Estados Unidos acusa a Chávez y Osuna por su condición de extesoreros de la Conmebol, no así por sus gestiones al mando de la FBF, en alusión a que uno de ellos enfrenta cargos en Bolivia acusado por la Fiscalía General del Estado por supuestamente haber cometido varios delitos.

Chávez está detenido preventivamente en el penal de Palmasola de Santa Cruz en el marco de esa investigación interna iniciada de oficio por el Ministerio Público. Osuna, en cambio, está libre. “En este caso específico entiendo que lo que afectaría a Carlos Chávez no sería su gestión como presidente de la FBF, sino más bien como tesorero de la Conmebol”, insistió la autoridad.  Romero no se animó a anticipar criterio sobre si Chávez y Osuna son extraditables.

“Pero si la Justicia americana considera que hay unas investigaciones y unos presuntos delitos y éstos son coincidentes con las cláusulas del convenio de extradición, jurídicamente procedería la misma; sin embargo, reitero que es un tema que en última instancia lo tiene que valorar el Órgano Judicial”.

Una vez que el Gobierno ha recibido la solicitud, un equipo jurídico la analiza para determinar si cumple los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre ambos países. De ser así, será enviada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es la autoridad competente para decidir.

Según el fiscal Iván Montellano, asignado al caso de Chávez en Bolivia, el TSJ “remite la solicitud al Ministerio Público para que, en un plazo de 10 días, la Fiscalía General de Estado se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia a través de un requerimiento. Luego ya el Tribunal dispondrá lo que fuere de ley”.

Romero insistió en que será “una decisión estrictamente judicial, nada tiene que ver con un componente político, se enmarca en un intento de esclarecimiento del destino de recursos económicos y en este caso es inherente a una iniciativa de la Fiscalía de Estados Unidos, de tal modo que nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es respetar la decisión jurisdiccional en caso de ajustarse a la normativa, a las cláusulas del convenio de extradición, y en caso de justificarse en el marco de la investigación”.

Hay varios pasos que cumplir

Instancias

Si la Cancillería da curso a la petición, mandará el requerimiento al Tribunal Supremo de Justicia, ésta al Ministerio Público que tendrá un plazo de diez días para que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia a través de un requerimiento.

‘Rápido’

El fiscal Ramiro Guerrero, quien arribó ayer pasado el mediodía a La Paz, sostuvo en el aeropuerto de El Alto que los tiempos de este trámite en Bolivia “pueden ser rápidos” y agregó que “ojalá no tarden tanto”, como la petición del país a Estados Unidos por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El primero rechazado en septiembre de 2012 y el segundo presentado en julio de 2014.

Se derrumba

Para Romero, el escándalo del fútbol mundial puede ocasionar un derrumbe de la FIFA como entidad. “Sí, definitivamente es un capítulo muy duro en la historia del fútbol mundial, es un desmoronamiento prácticamente de las estructuras del fútbol, y en este caso lo que hay que hacer es generar una reestructuración que debe ser muy profunda, muy transparente”, sostuvo.

El caso en Bolivia no es impedimento

El proceso en contra de Carlos Chávez en Bolivia no sería un impedimento para dar curso al pedido de extradición hecho por el Gobierno de Estados Unidos, sobre todo porque en el país no hay un gran avance. Mientras Estados Unidos ya tiene una acusación formal en contra del expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), si bien en Bolivia está detenido preventivamente, hasta ahora no hay imputación.

“En el caso de Bolivia, entiendo que el proceso todavía no ha avanzado con la misma dinámica que sí ha ocurrido en el país del norte”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero. El también presidente de Sport Boys de Warnes emitió una opinión como abogado y dijo que “normalmente en estos casos lo que se hace, y lo que define la situación y las decisiones, es valorar cuál es el delito mayor”.

De acuerdo con esa explicación, las autoridades competentes pueden poner en una balanza las acusaciones en contra de Chávez de parte de la Justicia boliviana y las que le hace la norteamericana. “Eso puede determinar si es que corresponde a la Justicia de Estados Unidos o es de jurisdicción boliviana”, agregó.

El fiscal general, Ramiro Guerrero, señaló que la investigación sigue: “Se realiza una auditoría a los recursos financieros de la Federación; esperamos tener esos resultados en un mes, para que la comisión de fiscales pueda emitir el requerimiento que corresponde”, dijo y dejó abierta la posibilidad de extradición.

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