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El ‘no’ categórico de los alteños y la Guerra del Gas de octubre de 2003

El riesgo de la agenda de octubre

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont

00:00 / 25 de marzo de 2012

Para nosotros los alteños, la propuesta trasnochada del senador Eugenio Rojas (de considerar vender gas a Chile) es inaceptable, porque con los millones que ellos puedan ganar no nos van a devolver los muertos que han caído en la ciudad de El Alto (durante la Guerra del Gas)”, dice el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Rubén Paz.

En efecto, la mayoría de los caídos durante la Guerra del Gas (que combatió la intención del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada de vender gas a Chile y de exportarlo a México, Estados Unidos y Canadá a través de ese país) del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2003 pertenecieron a esta ciudad.

Según el abogado de las víctimas del caso Octubre Freddy Ávalos, la sumatoria total de muertos durante esas jornadas fue de 77 y más de 400 heridos, una cifra que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a la masacre de Todos Santos (cerca de 100 víctimas) del dictador Alberto Natusch Busch en 1979, con el matiz de que éste lo hizo invocando a la seguridad del Estado y Sánchez de Lozada a la “defensa de la democracia”.

La presidenta de la Asociación de Heridos y Afectados de Septiembre-Octubre de 2003 (Ahsoc), Elena Cullagua, dice al respecto: “No estamos de acuerdo con vender gas a Chile, por eso hemos luchado, pero (para) los que están en el poder (es) fácil, pues hacen lo que quieren. ¿Hemos perdido entonces a nuestros familiares para nada?”

Según Paz, vender gas a Chile significaría borrar la agenda de octubre y que en caso de hacerlo El Alto se va a pronunciar firmemente. “Además, ya se hizo un referéndum y tiene que respetarse el voto de los bolivianos”.

Una vez que Sánchez de Lozada huyó, Carlos Mesa asumió la presidencia bajo la demanda popular de la nacionalización de los hidrocarburos. A cambio de ello, planteó un referéndum vinculante sobre la venta de gas a Chile y su importación a través de ese país. En los meses previos al día de la consulta se criticó que en las preguntas que responderían los bolivianos se evadiese el tema de la nacionalización.

“La nacionalización, estrictamente hablando con una expropiación sin indemnización, como yo la entiendo, era imposible, lo que se pudo hacer es ganar mayores regalías para el Estado, aunque si se habría tratado de hacer una ‘nacionalización’ como la que hizo Evo Morales, yo no habría dudado un segundo en hacerla”, expone Carlos Mesa.

Una de las preguntas del referéndum hablaba de utilizar el gas como un “recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico”. El 15 de marzo, Eugenio Rojas, senador del MAS, planteó la reconsideración de la venta de gas a Chile en el futuro, haciendo consideraciones que quedan registradas en el artículo precedente. Pero, el viernes, el canciller David Choquehuanca pidió cautela y responsabilidad en la discusión del tema, tomando en cuenta que no está incluido en la agenda de 13 puntos con Chile.

“No podemos estar mendigando a Chile por un territorio que nos pertenece. Por otro lado, El Alto logró que los hidrocarburos vuelvan a  propiedad de los bolivianos. Respecto a la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), El Alto —que dio su sangre mientras las demás ciudades veían todo desde el balcón— tiene un IDH miserable, lo que es injusto”, dice Paz.

Seguramente, lo vivido durante la Guerra del Gas de octubre de 2003 es para los que nacieron en el periodo de la democracia boliviana lo más cercano a lo que las anteriores generaciones experimentaron durante los regímenes totalitarios previos a 1982.

Bolivianos de La Paz y El Alto pedían que no se venda gas a Chile ni se lo importe por puertos de este país (como pretendía hacerlo Goni) hasta que se resuelva el problema del mar. Durante esas semanas, el Estado boliviano propició asesinatos, persecución política, amenazas a medios de comunicación, detenciones y espionaje que vulneraba los derechos individuales de la democracia; en fin, aplicó una serie de métodos ajenos al derecho y que lo abolían bajo la justificación legal de, paradójicamente, mantener el estado de derecho.

Tal es la argumento que el teórico Giorgio Agamben (Estado de excepción, Homo sacer II, 1, 2003) hace sobre lo que según él ha sido la característica de la política en el siglo XX y parece ser el cimiento de la democracia: contradecir y suspender legalmente sus principios básicos, mediante la figura constitucional del “estado de sitio”, con el objetivo de mantenerlos.

La carta de renuncia que dejó Sánchez de Lozada es una apología de este mecanismo que utiliza el sistema democrático, donde se puede leer, además, un total convencimiento de tener la legalidad y los valores de la democracia de su lado: “Bolivia está viviendo horas cruciales, la democracia está bajo asedio de grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en ella y que la utilizan según su conveniencia, todo esto configura un cuadro de sedición que con el pretexto de la exportación del gas natural ha violado la esencia de la democracia, que es el respeto al veredicto de las urnas para la elección de los gobernantes” (y habría que añadir la afirmación tácita que subyace: “los sediciosos han irrespetado la prerrogativa que la Constitución da al Gobierno de declarar el “estado de sitio” y hacer legalmente contra ellos todo lo que la democracia repudia”).

La cita de la carta de Sánchez de Lozada es una caracterización del estatuto de este sistema político: la democracia se atribuye ser un agente del bien por oposición al mal, Sánchez de Lozada se considera un representante de los valores democráticos que lucha contra “grupos corporativos políticos y sindicales que no creen en ellos” y que no pueden tener sino intenciones perversas. Es como el teórico Slavoj Žižek dijo irónicamente para referirse al sistema de la democracia: se trata de un “totalitarismo del bien”.

Las muertes justificadas a través del engaño de la democracia de defenderse a sí misma comenzaron el 20 de septiembre de 2003 en Warisata y Sorata, y terminaron el día en que Sánchez de Lozada fugó hacia Santa Cruz para realizar un acto cuestionable: acogerse a la segunda nacionalidad para evadir la justicia.

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