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Chile llama a parlamentarios a aprobar proyecto que despenaliza el aborto

Amnistía Internacional (AI) Chile instó hoy a los parlamentarios del país austral a aprobar el proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales.

Despenalización del aborto. Foto: Internet

Despenalización del aborto. Foto: Internet

La Razón Digital / EFE / Santiago de Chile

13:09 / 17 de junio de 2015

Amnistía Internacional (AI) Chile instó hoy a los parlamentarios del país austral a aprobar el proyecto de ley para la despenalización del aborto en tres causales que fue presentado por el Gobierno a principios de este año.

"Obligar a una mujer a continuar con un embarazo cuando se pone en riesgo su vida, hay inviabilidad del feto o éste es producto de una violación es un trato inhumano", dijo a Efe el presidente de AI Chile, Roberto Morales.

Por este motivo, la organización lanzó este miércoles la campaña "Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos", que anima a los parlamentarios a avanzar en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas y les anima a votar a favor del proyecto presentado por el Ejecutivo.

Asimismo, la campaña invita a la ciudadanía a firmar la petición que se encuentra en el sitio web de Amnistía Internacional.

"Creemos que la sociedad chilena está suficientemente madura para aprobar una legislación de este tipo. Todas las encuestas dicen que el 70 % de los chilenos apoyan la despenalización de la interrupción del embarazo en estas tres causales", sostuvo el representante de AI.

En Chile, las mujeres que viven embarazos complejos y dolorosos y que toman la difícil decisión de interrumpirlos, se ven empujadas a viajar al extranjero o arriesgarse a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su vida y exponiéndose a la criminalización; o bien, se ven obligadas a continuar embarazos contra su voluntad.

De acuerdo a las normas de derechos humanos expuestas por la organización, el Estado tiene la obligación de derogar las leyes que criminalizan el aborto y los profesionales que lo practican, garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto pueda ser atendida y garantizar el acceso a servicios seguros y asequibles a cualquier mujer embarazada producto de una violación.

Actualmente Chile es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra, Malta y El Vaticano.

Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud en 2012, en Chile se registraron un total de 30.000 abortos de los cuales 3.000 fueron practicados a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.

En tanto, Amnistía Internacional se hizo eco hoy de estudios que cifran en 60.000 y hasta 160.000 los abortos que se practican en Chile cada año.

"Los datos demuestra que aunque el aborto esté criminalizado, sigue practicándose", sostuvo la directora ejecutiva de AI en Chile, Ana Piquer, quien afirmó que, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, el número de abortos que se practican en países donde éste está penalizado "no difieren demasiado de los países donde la interrupción del embarazo está legalizada".

Asimismo, la criminalización del aborto, tiene, según Piquer, un "efecto discriminatorio", pues mujeres con recursos pueden obtener servicios seguros o viajar al extranjero, y por tanto tienen la posibilidad de decidir, mientras que mujeres con menos recursos "se ven obligadas a continuar con un embarazo que las atormenta".

Para Morales este proyecto de ley es un "acuerdo de mínimos" que queda lejos de la despenalización total, no obstante, el representante considera que "es un avance importante para el país".

En Chile, una norma impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1989, poco antes de dejar el poder, prohibió totalmente el aborto al modificar el artículo 119 del Código Sanitario de Salud, que desde 1931 permitía la interrupción terapéutica del embarazo.

Tras la modificación, el texto señala que "no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto".

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