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Cristina de Borbón es la primera sombra en el reinado de Felipe VI

Corrupción. Fue imputada el miércoles y está apartada de la agenda oficial desde 2011.   

Duquesa. La hija de los exreyes de España, al lado de su hermano, el actual monarca ibérico. Foto: AFP

Duquesa. La hija de los exreyes de España, al lado de su hermano, el actual monarca ibérico. Foto: AFP

La Razón (Edición Impresa) / El País / Madrid

00:00 / 29 de junio de 2014

La infanta Cristina, hermana del nuevo rey Felipe VI, está en el ojo de la tormenta. Fue imputada el miércoles por corrupción, junto a su esposo Iñaki Urdangarin. La pareja cerró filas, interpretando la estrategia aislacionista diseñada por La Zarzuela como una injusta condena por adelantado.

Por mucho tiempo, Cristina de Borbón (Madrid, 1965) fue la imagen de la modernidad de la Corona. La primera mujer de la monarquía con título universitario —en Ciencias Políticas, 1989—; la que en 1991, en un desayuno con periodistas, prometía casarse por amor con un hombre “sencillo”; la que en 1992 compartía piso en Barcelona con una amiga del mundo de la vela y la que en 1993 empezó a trabajar en la fundación bancaria La Caixa con 1.200 euros ($us 1.635) al mes de sueldo.

El miembro más independiente de la familia real también era uno de los más queridos. El día en que se casó con Urdangarin, en Barcelona, 200.000 personas salieron a la calle a aplaudirles. Era 1997. Quince años después, ante “la indignación popular”, el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, del oficialista Partido Popular (PP), decidió retirarles la calle que les habían concedido en los días de popularidad: La Rambla de los duques de Palma pasó a llamarse, simplemente, La Rambla. El título de duquesa había sido el regalo de boda de su padre, Juan Carlos.

El destino de la Infanta, antes tan solicitada para acudir a actos públicos y representar a la Corona, empezó a torcerse el día en que el yerno perfecto —”¡Estamos encantados!”, proclamaba la ahora exreina Sofía cuando se anunció su compromiso— empezó a convertirse en un hombre tóxico. El día en que Cristina cerró filas con su marido.

Se conocieron en 1996, en un acto del Comité Olímpico Español, y anunciaron su compromiso el 30 de abril de 1997. Cristina ganaba 200.000 pesetas ($us 1.638) al mes en La Caixa, y Urdangarin tenía una ficha de 10 millones de pesetas (más de $us 81.000) al año como jugador de balonmano del Barcelona. El inminente yerno del Rey terminaba Empresariales, tenía 30 años, y parecía preocupado por trabajo. “Ya sé que será duro”, decía a El País.

Pero su tren de vida empezó a subir exponencialmente. Tanto que en 2004 se compraron, con un préstamo de La Caixa y otro del monarca Juan Carlos, un palacete de 1.100 metros cuadrados en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes. Costó seis millones de euros ($us 8,1 millones)—el entonces rey puso 1,4 millones— y en su reforma aseguran haber invertido otros tres.

¿Qué pasó entre aquella preocupación por llegar a fin de mes y el palacete? Urdangarin cursó un máster en ESADE y conoció a Diego Torres, el hombre que arrastró a la Infanta al juzgado. Furioso porque el abogado de Urdangarin se opuso en marzo de 2012 a que se levantara la imputación a su esposa, Ana María Tejeiro, el exsocio descargó sobre el matrimonio una montaña de correos electrónicos comprometedores. Ni siquiera algunos de ellos hicieron que Cristina se distanciase un milímetro de su marido.

La Infanta nunca planteó ni ofreció a la Corona su divorcio o la renuncia a sus derechos en la línea de sucesión al trono, pese a que la instrucción del caso Nóos mostraba, encuesta a encuesta, que estaba haciendo estragos en la imagen de la monarquía. La entidad logró remontar con una petición de disculpas ante las cámaras el bache de popularidad que abrió la cacería del entonces rey Juan Carlos en Botsuana, pero nunca recuperó el nivel previo al estallido del caso Urdangarin, que derivó en el caso Cristina de Borbón.

Cristina es ahora la sexta en la línea de sucesión al trono y renunciar a sus derechos no afectaría a sus hijos, que subirían un puesto en el escalafón. Pero nunca ofreció ese gesto a su padre, quien tampoco se lo pidió. De la evolución de su situación judicial dependerá que medite ofrecerlo ahora al nuevo rey, su hermano.

Los duques de Palma han encajado mal la estrategia de aislamiento que el anterior jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, diseñó para intentar proteger al monarca y a la institución. Siempre la entendieron como una condena por adelantado, pero tampoco pensaron que las cosas llegarían tan lejos. Cristina lleva apartada de la agenda oficial desde octubre de 2011, incluidas las ceremonias de abdicación de su padre y de proclamación de su hermano, al que antes estaba muy unida. Felipe VI evitó mostrarse en público con ella desde que estalló el escándalo.

Justicia. Ella, convencida de que se convirtió en un chivo expiatorio, intentó evitarlo. El hombre al que su padre había encargado su defensa, Miquel Roca, se apresuró a anunciar un recurso cuando el juez José Castro la citó como imputada por segunda vez. Pero el Palacio de La Zarzuela la convenció de que lo mejor era que acudiera a declarar para acortar “el martirio” de la instrucción y aprovechar la última oportunidad de lanzar un mensaje de colaboración con la Justicia.

Finalmente, el 8 de febrero, la Infanta tuvo que bajar la denominada Cuesta de la vergüenza —lo hizo en coche— hasta los juzgados para declarar como imputada por fraude fiscal y blanqueo. Nadie de La Zarzuela la acompañó; solo sus abogados, que habían estado entrenándola en algo para lo que nadie prepara nunca a los hijos de un rey: dar explicaciones.

Lo repitió muchas veces en su declaración: “Yo confiaba en mi marido”. Pero no logró convencer al juez. “Si la explicación a esta actitud residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido”, añade el instructor, no le corresponde a él juzgarlo. Aunque en La Zarzuela atribuyan a ese empecinamiento de mujer enamorada los suspensos en las encuestas y la primera sombra sobre el nuevo rey.

Los indicios que señalan a la hermana del monarca

Madrid / El País

El auto de 167 páginas que el miércoles dictó el juez José Castro resume tres años de investigación que, en su opinión, arrojan “sobrados indicios” de que Cristina de Borbón se lucró y facilitó que su marido Iñaki Urdangarin defraudara con “su colaboración silenciosa”. Por ello le imputó la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro por blanqueo de capitales.

El origen de la trama. Según el juez, Urdangarin y su exsocio Diego Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar “el área de influencia que se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real, surgido a raíz de su matrimonio con Cristina de Borbón en 1997”. Eso les permitió construir “un entramado societario” pensado supuestamente para consumar actos delictivos. Paso a paso, a partir de la creación del Instituto Nóos, se fue consolidando una alambicada red formada por 12 empresas que vaciaban el dinero que el instituto conseguía con la generosa aportación de varias administraciones gracias a ese abuso de la posición del yerno de Juan Carlos I. El entramado societario, sin el cual “no habría delito”, generó enormes beneficios, con facturas infladas o por servicios que directamente “no se realizaban”, algo “irreconciliable” con la naturaleza de Nóos, entidad sin ánimo de lucro.

Ignorancia deliberada. La clave del caso está en si la Infanta conocía o no las actividades de su marido. Contra el criterio del fiscal, el juez Castro explica que para cometer un delito de blanqueo no es exigible que una persona sepa cuál es la procedencia de los bienes, basta con que “esté en condiciones” de conocer su origen, lo que jurídicamente se conoce como “ignorancia deliberada”. Es decir, Cristina sería supuestamente consciente de las actividades ilícitas de su marido aunque no lo hablase con él de forma expresa.

La curiosidad que Cristina no tuvo. Castro usa la ironía para afirmar que si la Infanta “hubiera experimentado algún interés” por conocer el domicilio de la sociedad que constituyó con su esposo, Aizoon, en la Beethoven 9 de Barcelona, “iba a experimentar el agobio de verlo compartido” con cuatro compañías diferentes. Tampoco tuvo esa curiosidad cuando la dirección postal cambió y pasó a tener como domicilio el mismo que otras 11 empresas creadas por Torres y Urdangarin.

Blanqueo y fraude. El magistrado considera que, aunque “cabaran desterrándose”, los indicios que pesan sobre la hermana del Rey por su participación en dos supuestos delitos fiscales, “saldría entonces inevitablemente a escena el delito de blanqueo”, que “sí podría haber cometido respecto del dinero que su marido habría obtenido”.

La estrategia fallida del “no me acuerdo”. En su declaración del 20 de febrero ante el juez, Cristina se escudó en la ignorancia y la desmemoria —usó evasivas más de 533 veces al responder a 400 preguntas—. “Su actitud, la sola negación de la evidencia, la interminable apelación a la ignorancia y la falta de memoria, explica el auto, no pueden determinar ‘un cambio de criterio del instructor que sería imposible de justifica’”. Si la explicación a todas sus evasivas, continúa Castro, “residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido [...] es cuestión sobre la que este hasta ahora Instructor no debe pronunciarse”. Esa valoración “queda reservada” a lo que se decida en el eventual juicio oral contra la Infanta y su marido.

La Casa del Rey respeta la decisión tomada por el juez

La agencia EFE indicó que la Casa del Rey de España expresó su “pleno respeto a la independencia del Poder Judicial” tras conocer la decisión de un juez de imputar a la hermana de Felipe VI. Un portavoz de la institución real se limitó a responder así al auto judicial emitido por José Castro, de Palma de Mallorca (Islas Baleares, Mediterráneo).

Fiscal recurre la acusación y abogado alista objeción

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach presentó el jueves un recurso contra la imputación de la infanta Cristina, informó EFE. El abogado de la involucrada, Miquel Roca, anunció que hará lo mismo, por entender que no hay base jurídica para ello y que el instructor no ha tenido en cuenta informes de la Agencia Tributaria española.

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