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Diarios condenan violación a libertad de prensa en EEUU

El espionaje telefónico del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) a la agencia de noticias AP puso en pie de guerra a los medios de comunicación del país, que aducen que el Departamento de Justicia se excedió en sus poderes y exigen dé marcha atrás.

Conferencia. Una periodista de AP pregunta a Obama sobre el caso.

Conferencia. Una periodista de AP pregunta a Obama sobre el caso. AFP.

La Razón / EFE / Washington

00:18 / 16 de mayo de 2013

EFE/Washington

El espionaje telefónico del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) a la agencia de noticias AP puso en pie de guerra a los medios de comunicación del país, que aducen que el Departamento de Justicia se excedió en sus poderes

“El alcance de esta acción pone en tela de juicio la integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa”, asegura una carta respaldada por más de 50 organizaciones y dirigida al fiscal general de Justicia, Eric Holder, y su adjunto, James M. Cole, quien supervisó la operación.

Los firmantes, entre ellos el diario The New York Times y Periodistas sin Fronteras, aseguraron que en los 30 años desde que se publicaron las pautas para lograr citaciones judiciales con las que obtener los registros de llamadas de periodistas no hay precedentes de “semejante extralimitación” y piden más protección para periodistas y fuentes.

“El que el Departamento de Justicia se sienta con el derecho de obtener secretamente registros telefónicos de decenas de periodistas es contrario a la libertad de prensa garantizada en la Primera Enmienda” de la Constitución, dijo en un comunicado Tony Mauro, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa. La organización pide al Gobierno que entregue todos los registros telefónicos y destruya todas las copias o, al menos, prohíba el uso adicional de las mismas.

El Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de 20 líneas telefónicas correspondientes a abril y mayo de 2012, incluidas líneas de las oficinas de AP en Nueva York y Washington y teléfonos privados de periodistas de la agencia. El Gobierno del presidente Barack Obama sostiene que esas medidas extraordinarias buscaban descubrir al responsable de una filtración “muy seria”, que, según la versión oficial, “puso en peligro la vida de estadounidenses”.

Seguridad. Se desconoce exactamente cuál es la filtración investigada, pero todo apunta a que se trata de una noticia publicada por AP en mayo de 2012, en la que informaba de que el Gobierno había frustrado un complot de la red terrorista Al Qaeda en Yemen para atentar contra un avión con rumbo a EEUU.

Pero en una carta publicada este martes el presidente de AP, Gary Pruitt, señaló que la agencia esperó a publicar la historia hasta que el Gobierno confirmó que no había peligro para la seguridad del país. El caso de espionaje marca un punto bajo en las ya tensas relaciones del Gobierno con los medios y ha llevado a algunos a comparar sus políticas con las de Richard Nixon (1969-1974).

Este caso de espionaje “recuerda a los esfuerzos del gobierno de Nixon de cancelar las dos licencias de televisión del Washington Post como un castigo por investigar el Watergate (el escándalo de espionaje político que destapó el Post y costó la presidencia a Nixon)”, señaló en un artículo ayer el analista del Instituto Poynter Al Tompkins.

Presentarán ley sobre protección de fuentes

AFP

Un proyecto de ley que refuerza la protección de las fuentes de los periodistas será presentado al Senado de EEUU, anunció la Casa Blanca, en el contexto de la controversia sobre el espionaje telefónico realizado por la justicia a la agencia Associated Press (AP). Atacado desde todos los frentes, desde sus aliados demócratas hasta sus adversarios republicanos, el presidente Barack Obama no tardó en reaccionar, cuando su administración está en el centro de otras dos controversias.

Si la ley es aprobada, permitirá a los periodistas y sus empleadores no revelar el nombre de las fuentes a las que le prometieron confidencialidad. Actualmente, los periodistas están protegidos por ese “escudo” en 40 estados de la Unión y sólo algunos tribunales federales tienen una jurisprudencia similar.

El proyecto crearía “un marco legal para determinar las circunstancias limitadas” en las que la justicia podría exigir que se revelen esas fuentes. Ningún privilegio “ABSOLUTO” (en mayúsculas en el texto) será atribuido a los periodistas, pero el Estado federal deberá argumentar ante un juez la necesidad de obtener la información.

El juez sopesará el interés del público en revelar la fuente y el de proteger el trabajo de la prensa. Se harán excepciones en casos en los que la información amenace la “seguridad nacional” o sea susceptible de impedir un atentado terrorista.

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