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Empresarios rehúsan integrar legislación indígena a la Justicia de Guatemala

Más de 1.500 representantes de diferentes sectores participaron durante meses en las mesas de trabajo para pactar la reforma, cuyo documento final fue remitido al Congreso este mes para finalmente ser sometido a una consulta popular.

Indígenas guatemaltecos reclaman la inclusión de sus leyes en las normas de su país

Indígenas guatemaltecos reclaman la inclusión de sus leyes en las normas de su país Foto: Internet

La Razón Digital / EFE / Guatemala

17:10 / 07 de noviembre de 2016

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) aplaudió hoy el "diálogo social" en la reforma de la Justicia de la Guatemala, pero rechazó la propuesta de integración del régimen consuetudinario indígena a la normativa legal.

"No se pueden tener sistemas jurídicos paralelos ya que esto atenta contra la certeza jurídica y la igualdad ante la ley", señaló la entidad.

El Cacif reconoció "avances importantes" en el diálogo social iniciado en abril pasado para pactar las reformas, pero reclamó al Congreso que ejerza su labor política antes de aprobar las modificaciones constitucionales.

"Los diálogos sociales son fundamentales en una democracia pero no son suficientes ni tienen la representatividad que únicamente confiere el voto a los espacios de representación política como lo es el Congreso", remarcó el Cacif en un comunicado.

Más de 1.500 representantes de diferentes sectores participaron durante meses en las mesas de trabajo para pactar la reforma, cuyo documento final fue remitido al Congreso este mes para finalmente ser sometido a una consulta popular.

El reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas, la creación de la carrera profesional y el fortalecimiento de la transparencia y la meritocracia son los ejes sobre los que gira la reforma al sector Justicia de Guatemala.

El espíritu de esta reforma es mejorar el sistema de Justicia y consolidar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, para lo que se basa en los estándares internacionales de derechos humanos.

Para ello, se centra en garantizar un mejor acceso a la justicia, sobre todo a mujeres e indígenas; regularizar el antejuicio, que aunque no se limita no es excluyente para realizar una investigación; establecer que el auto de procesamiento contra un funcionario provoque su cese inmediato, y crear un Consejo Nacional de Justicia, formado por 10 personas. (07/11/2016)

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