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Juicio busca probar asociación ilícita de dictaduras en 8 países

La justicia argentina lleva adelante un proceso contra 25 civiles y militares acusados de crímenes de lesa humanidad de los que son responsables Rafael Videla y Reynaldo Bignore.

Info juicio.

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La Razón / AFP/EFE / Montevideo y Sao Paulo

00:29 / 07 de marzo de 2013

EFE/Montevideo

El juicio por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de los regímenes militares sudamericanos, trata de probar que hubo “asociación ilícita” para hacer desaparecer “objetivos subversivos” en los años 70 y 80, en al menos ocho países de la región.

Desde el martes, la justicia argentina lleva adelante un proceso contra 25 civiles y militares acusados de crímenes de lesa humanidad como las desapariciones de las que son responsables los exdictadores Rafael Videla y Reynaldo Bignore entre los años 1976-1983.

El Plan Cóndor o Operación Cóndor fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay a partir de mitad de la década de los 70 para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.

“Los opositores huían a los países vecinos creyendo que allí estaban seguros y no era así”, explicó la abogada querellante Alcira Ríos, que trabajó ya en la primera causa por el Plan Cóndor, abierta a finales de los años 90. “Este juicio tiene una importancia fundamental porque demostrará que hubo una asociación ilícita de las dictaduras suramericanas para detener y hacer desaparecer a opositores políticos”, manifestó la jurista.

Un documento desclasificado de la CIA del 23 de junio de 1976 explica el surgimiento de este plan: “a principios de 1974, agentes de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas contra objetivos subversivos”. Luego se integrarían Brasil, Perú y Ecuador.

Argentina fue el epicentro del operativo, y el país donde la represión contra nacionales y extranjeros alcanzó mayores dimensiones, con 30 mil desaparecidos según algunos organismos de derechos humanos. Posteriores gobiernos indemnizaron a los familiares de 16 mil desaparecidos.

Represión. En Chile, el exdictador Augusto Pinochet —quien se jactaba de que no se movía una hoja en Chile sin que él lo supiera— nunca admitió su participación en este plan, aunque colaboradores cercanos reconocieron su responsabilidad política al albergar en Chile en noviembre de 1975 una de las primeras reuniones de coordinación para la ejecución del plan.

En Uruguay, en ninguno de los juicios por violaciones de los derechos humanos en la última dictadura hubo procesados por haber participado en el Plan Cóndor, aunque sí hay condenados por asesinatos ejecutados en el marco del plan. Durante la dictadura uruguaya desaparecieron unos 200 opositores, en su mayoría en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.

En Paraguay, los “Archivos del terror” encontrados cerca de Asunción en 1992 muestran la participación de la dictadura paraguaya en el plan. “Brasil tuvo un papel poco conocido, pero activo, en la Operación Cóndor”, según la Comisión de la Verdad instalada en 2012 para investigar las denuncias por la presidenta Dilma Rousseff, una exguerrillera detenida y torturada por la dictadura militar (1964-85).

En Bolivia, el exgeneral Hugo Banzer, presidente de facto entre 1971-1978, fue sindicado de haber coordinado la lucha antiizquierdista, principalmente con sus pares de Chile y Argentina, aunque él oficialmente negó cualquier relación o vinculación.

EEUU sabía del plan

Documentos desclasificados en 2010 demostraron que EEUU conocía desde 1976 el plan común de las dictaduras del Cono Sur destinado a recopilar e intercambiar información sobre disidentes con el objetivo de ejecutarles o trasladarles a cualquiera de los países firmantes del pacto.

Dictadura militar de Brasil apoyó a Pinochet

APF/Sao Paulo

La dictadura militar brasileña (1964-1985) otorgó préstamos por unos $us 115 millones de la época al régimen del dictador chileno Augusto Pinochet “para garantizar la seguridad interna”, según documentos secretos del gabinete de los exministros de Relaciones Exteriores divulgados por Folha. Un texto “secreto” y “urgente” con fecha del 26 de octubre de 1976 asegura que Brasil prestaba “importante ayuda”, incluso financiera, al régimen de Pinochet (1973-1990), consignó la versión.

El dinero fue enviado en tres porciones y se destinó a la compra de equipamientos militares. En un documento del 9 de noviembre de 1978, el general Gustavo Moraes Rego Reis, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, le explica al entonces presidente militar Ernesto Geisel cómo se realizaron los pagos.

La autorización para el financiamiento, explicó, data de noviembre de 1974, un año y dos meses después del golpe militar que encabezó Pinochet para sacar del poder al socialista Salvador Allende. En un primer momento se había aprobado una ayuda inicial de $us 40 millones. La ayuda financiera buscaba “la garantía de la seguridad interna de Chile”.

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