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La Justicia suspende el secreto bancario de un hijo de Lula y un exministro

Los abogados de Luis Claudio Lula da Silva han rechazado todas las sospechas contra su cliente y explicado que las maniobras habrían sido realizadas en 2009.

Luis Claudio Lula da Silva. Foto: caraotadigital.net

Luis Claudio Lula da Silva. Foto: caraotadigital.net

La Razón Digital / EFE / Brasilia

16:37 / 09 de diciembre de 2015

La Justicia brasileña aceptó un pedido de la Fiscalía y suspendió el secreto bancario que protege las cuentas de Luis Cláudio Lula da Silva, hijo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y del exministro Gilberto Carvalho, informaron hoy fuentes oficiales.

Tanto el hijo de Lula como Carvalho son investigados en el marco de una operación policial que intenta determinar si un grupo de empresarios del sector automotriz sobornó a funcionarios durante la gestión del exmandatario a fin de obtener ventajas tributarias y facilidades para maniobras dirigidas a evadir impuestos.

El tribunal federal de Brasilia a cargo del caso confirmó hoy que acató el pedido de la Fiscalía, que pretende tener el más amplio acceso a las cuentas bancarias y la información fiscal de Carvalho y el hijo de Lula, a fin de "cruzar datos" y establecer posibles conexiones con esas maniobras.

El hijo del expresidente es dueño de dos empresas dedicadas a la promoción de eventos deportivos y una de ellas fue contratada por la firma Marcondes & Mautoni, citada como intermediaria del pago de sobornos, para unos proyectos de asesoría por 2,4 millones de reales (unos 630.000 dólares hoy) que sembraron dudas en las autoridades.

En el caso de Carvalho, quien fue ministro de Lula y también titular de la cartera de la Secretaría de la Presidencia durante el primer mandato de la actual mandataria, Dilma Rousseff, se sospecha que tenía vínculos con algunas de las empresas implicadas en esas maniobras.

Los abogados de Luis Claudio Lula da Silva han rechazado todas las sospechas contra su cliente y explicado que las maniobras que están en la mira de la Policía habrían sido realizadas en 2009, mientras que los contratos de su cliente con la empresa investigada datan de 2011.

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