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Ministerio de Defensa argentino requiere depósito judicial en caso corrupción

Ejército argentino como depositarios judiciales de la maquinaria pesada y vehículos pertenecientes al empresario Lázaro Báez y a su hijo, Martín". 

El ministro de Defensa, Julio Martínez. Foto: www.eltribuno.info

El ministro de Defensa argentino, Julio Martínez. Foto: www.eltribuno.info

La Razón Digital / EFE / Buenos Aires

16:19 / 31 de agosto de 2016

El Ministerio de Defensa argentino busca ser depositario judicial de la maquinaria y los vehículos embargados al empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007) acusado de presunta corrupción, informaron hoy fuentes oficiales.

El ministro de Defensa, Julio Martínez, mantuvo hoy una audiencia con el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa de Báez, "para requerir nuevamente que se designe a la cartera que dirige y al Ejército argentino como depositarios judiciales de la maquinaria pesada y vehículos pertenecientes al empresario Lázaro Báez y a su hijo, Martín".

El pedido ya había sido formulado hace tres meses con el objetivo de que el Estado tenga los bienes, embargados por orden de Casanello, "con el fin de protegerlos, mantenerlos y utilizarlos al servicio de la comunidad", según Martínez.

La finalidad, aseguran desde el Estado, será "evitar la degradación de la maquinaria y mantenerla operativa y en valor, ante la eventualidad de que los empresarios Báez" resulten absueltos en la causa.

"Las Fuerzas Armadas son una institución adecuada para el mantenimiento y uso de esas maquinarias, que estarían destinadas a brindar apoyo a las comunidades que sufrieron inundaciones, mediante tareas de reconstrucción, obras hídricas y caminos", dijo el funcionario en un comunicado de esa cartera.

Según Martínez, en tanto se mantenga el embargo, el material contribuirá al desarrollo de las obras que se realizan en el marco del Plan Belgrano, una iniciativa oficial que busca mejorar la infraestructura en el norte de Argentina.

Los vehículos y la maquinaria pertenecen a la familia Báez, en especial a la empresa Austral Construcciones, una de las principales adjudicatarias de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, en la que Kirchner fue gobernador antes de llegar a la Presidencia argentina.

La causa, conocida en Argentina como "la ruta del dinero K", comenzó hace tres años a raíz de un informe periodístico, y tomó impulso en marzo pasado cuando se difundió un video de 2012 que muestra a Martín Báez en una financiera contando miles de dólares.

En la causa, el fiscal Guillermo Marijuán también ha pedido investigar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015).

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