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ONG de comunicación de Ecuador se declara en resistencia ante su disolución

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPI) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han condenado la disolución y han exigido al Gobierno que dé marcha atrás

La Razón Digital / EFE / Quito

22:22 / 14 de septiembre de 2015

La organización no gubernamental del sector de los medios de comunicación de Ecuador Fundamedios, cuyo proceso de disolución fue iniciado por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) la pasada semana, se declaró hoy en resistencia y pidió a ese organismo que archive el procedimiento.

La organización, al solicitar a la Secom el archivo del caso, indicó que su resistencia obedece a que los eventuales recursos de reposición, apelación y revisión que pudiera presentar "serán conocidos por el mismo Secretario Nacional de Comunicación, lo cual asegura que el resultado adverso se mantendrá".

También pidió que se practiquen varias pruebas, entre ellas una audiencia pública, la designación de "peritos independientes" de las universidades Central, Pontificia y Politécnica Salesiana, para que digan si las "pruebas" que esgrime la Secom acreditan que la ONG lleva a cabo "actividad de política partidista".

Fundamedios sostiene que el proceso de disolución obedece a que ha divulgado contenidos de los blogs de opinión Estadodepropaganda.com y SentidoComunEcuador.com, de los periodistas Roberto Aguilar y José Hernández, respectivamente.

En tanto, la Secom argumenta que ha pedido a la ONG que cumpla "su propio estatuto", en especial la prohibición de "ejercer asuntos de carácter político", pero Fundamedios "permanentemente ha inobservado la normativa vigente", señala.

La ONG también demandó este lunes que la Procuraduría General del Estado indique si los ministerios y secretarías de Estado poseen atribuciones para disolver organizaciones sin fines de lucro.

Además exigió a la Secom que detenga inmediatamente lo que considera una "permanente campaña de difamación y descrédito" en su contra.

Sobre la disolución de Fundamedios, varios medios de comunicación publicaron durante los últimos días un comunicado de apoyo al proceso de disolución emitido a nombre de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape).

El escrito fue cuestionado hoy por Susana Piedra, que afirma ser la presidenta de la institución, al igual que Édgar Quiñones, firmante del citado comunicado y quien, a su vez, niega a Piedra la representatividad del colectivo.

Fundamedios se hizo eco de esto al afirmar que "la Federación Nacional de Periodistas (Fenape) denunció que una falsa directiva se está tomando su nombre para emitir comunicados que no representan la opinión de ese gremio".

Agregó que "Fenape rechazó la publicación de un anuncio pagado en los principales diarios del país en contra de Fundamedios y a favor de su intervención inconstitucional por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, Secom, suscrita por Edgar Quiñones quien ilegalmente se asume a sí mismo como Presidente del gremio".

El "intento por tomarse el nombre de la Fenape responde a la necesidad que tenían personas alineadas al oficialismo de tener una vocería en un gremio de periodistas", agregó Pineda, según cita la ONG.

El 2 de mayo unas 150 personas acompañadas por los dirigentes provinciales Martín Villegas y Edgar Quiñones "intentaron tomarse" el Colegio de Periodistas de Pichincha, en Quito, "para entorpecer el proceso de elecciones del Comité Ejecutivo de la Fenape y realizar un 'sainete de elecciones'" sin contar con el respaldo de los colegios de periodistas, publicó Fundamedios en su web.

Ante estas afirmaciones, Quiñones dijo a Efe que "la única falsa directiva es Susana Piedra y el resto de los tres o cuatro que la siguen a ella".

"El único presidente de esa entidad es Edgar Quiñones Sevilla y la única directiva es la que yo presido", remarcó.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPI) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han condenado la disolución y han exigido al Gobierno que dé marcha atrás, con argumentos como que el proceso cercena la libertad de expresión y de prensa, y tiene motivaciones políticas.

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