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Revelan que no se incineró a los 43 jóvenes desaparecidos

Equipo forense argentino estudió plantas, huesos y balas

Informe. El equipo del EAAF presenta sus datos a los medios de comunicación en Ciudad de México.

Informe. El equipo del EAAF presenta sus datos a los medios de comunicación en Ciudad de México. Foto: EFE

La Razón (Edición Impresa) / EFE, AFP / Ciudad de México

06:26 / 10 de febrero de 2016

Un equipo de forenses argentinos reveló ayer que no hay pruebas de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fuesen incinerados en el basurero de Cocula en septiembre de 2014, como asegura la versión oficial.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó los resultados de una investigación que empezó en octubre de 2014. En una conferencia de prensa, una de las representantes de esta organización, Mercedes Doretti, mostró fotografías tomadas en el lugar y explicó que no existen “evidencias biológicas y no biológicas” que “respalden la hipótesis de que hubo un fuego” en el basurero “que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes”.

Otro miembro del equipo forense, Miguel Nieva, afirmó que si bien en este basurero se habían registrado “reiterados incendios”, su estudio no encontró señal de “fuego reciente” en las plantas alrededor de la zona principal. Esas plantas tenían más de 30 días cuando el EAAF realizó las pruebas, lo que hace imposible la existencia de un incendio en el área entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, señaló Nieva.

Familiares. Gracias a un trabajo multidisciplinario de un año, en el que participaron 26 peritos, tanto en el campo como en laboratorio, los forenses establecieron también que los huesos encontrados en el basurero corresponden al menos a 19 personas, pero que “claramente no pertenecen a los estudiantes normalistas”.

El EAAF también estudió los casquillos y los proyectiles hallados en el basurero de Coluca. A partir de ellos establecieron que allí se habían disparado no menos de 39 armas de fuego distintas, y que la mayoría de ellas eran armas largas. Estas conclusiones, aseveró Nieva, presentan una importante diferencia frente a los testimonios de los supuestos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, quienes manifestaron que “solo utilizaron armas cortas”. En estos testimonios se basa la Procuraduría General de la República de México para mantener que los cuerpos fueron incinerados en el basurero.

El equipo argentino aseveró, además, que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular” los restos hallados en el basurero con los recuperados por la Fiscalía mexicana en la bolsa del Río San Juan, cerca del basurero.

La Procuraduría indica desde 2014 que los restos de esa bolsa pertenecen a Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes asesinados, que sería el único cadáver identificado hasta el momento. El EAAF lleva meses denunciando que cuando llegó al lugar la bolsa ya estaba abierta y, probablemente, manipulada.

Los familiares de las víctimas rechazan de plano la versión oficial sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. El abogado de las familias, Vidulfo Rosales, presente en la conferencia de prensa de los forenses, opinó que el informe presentado ayer descarta para siempre que los asesinatos ocurrieran en el basural de Coluca. “Resulta totalmente innecesario realizar un tercer peritaje en el basurero. Ahora se deben concentrar todos los esfuerzos para avanzar en nuevas líneas de investigación”, dijo Rosales.

Este estudio es el segundo que concluye que los cuerpos de los 43 jóvenes estudiantes normalistas no fueron incinerados en el basurero. Los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que también estudian el caso ya aseguraron en septiembre que no encontraron ninguna evidencia científica que apoye esa hipótesis.

HRW acusa a autoridades

Ficción

El director para las Américas de la organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), José Vivanco, calificó de “ficción” la versión del Gobierno mexicano y pidió que se investigue a las autoridades por “perpetuar la impunidad” y ocultar la verdad.

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