El Senado mexicano aprobó hoy una reforma constitucional que amplía las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el país.

La iniciativa, presentada en septiembre pasado por Enrique Peña Nieto cuando aún era presidente electo, otorga plena autonomía al IFAI y amplía su jurisdicción a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los estados y a los municipios, cuya información puede hacer pública.

Los organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y sindicatos también estarán obligados a transparentar el manejo de los recursos de origen público.

El IFAI, cuyas resoluciones serán vinculatorias, definitivas e inatacables a partir de la reforma, tiene en la actualidad solo facultades para transparentar la información procedente de las dependencias del Gobierno federal.

La información sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional, así como por inminente riesgo para la estabilidad económica o financiera del país, de acuerdo con la iniciativa.

En dichos escenarios, el presidente y el gobernador del Banco de México serían los únicos que podrán interponer controversias.

La reforma también establece el aumento de cinco a siete los consejeros del IFAI para hacer frente a la ampliación de competencias del organismo, que se ha convertido en un referente internacional en materia de transparencia desde su creación en 2002.

Esta iniciativa es el "punto de partida para luchar con mejores instrumentos contra el cáncer de la corrupción que agobia a nuestro país", dijo hoy la senadora Laura Angélica Rojas, del conservador Partido Acción Nacional (PAN).

El senador del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), David Penchyna, destacó que esta reforma es un paso más hacia el fortalecimiento del derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública.

Dado que se trata de una reforma a la Constitución, el documento aún tiene que ser aprobado por mayoría calificada en la Cámara baja y respaldado por al menos 17 de los 32 congresos de los estados de la república para su entrada en vigor.