La Constituyente venezolana aprobó este miércoles una ley que castiga los delitos de odio hasta con 20 años de cárcel y prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que los inciten.

El órgano que rige el país con poderes absolutos desde agosto pasado aprobó la Ley contra el Odio, propuesta por el presidente Nicolás Maduro tras protestas para sacarlo del poder que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.

Los partidos políticos que "promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio (...) no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, y se revocarán las inscripciones a aquellos que incumplan la presente disposición", indica el texto.

El mandatario justifica la ley asegurando que 29 personas fueron "quemadas vivas por ser chavistas", en el marco de las manifestaciones opositoras.

"Quien incite al odio, la discriminación o la violencia a determinado grupo social o político será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece uno de los 25 artículos aprobados por la Constituyente, integrada únicamente por oficialistas.

Los medios de comunicación que difundan mensajes "a favor de la guerra o (hagan) apología del odio nacional" serán sancionados con la revocatoria de la concesión.

La organización no gubernamental Espacio Público contabiliza 148 medios de comunicación cerrados desde 1999, cuando llegó al poder Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Además, "queda prohibida la publicación de mensajes de odio, violencia o que inciten a esto, en redes sociales y otros medios de comunicación digital", añade el documento.

La ley obliga a los medios a difundir mensajes que promuevan "la paz, la tolerancia, la igualdad", y el "Estado podrá ordenar la difusión" de esos contenidos "por un tiempo de 30 minutos semanales", detalló la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.

Para la expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, la ley "pretende la legalización de la represión con apariencia jurídica".   "Maduro todos los días le muestra al mundo que es una dictadura. Es un atentado a la libertad de opinión, una represión sofisticada", declaró Sosa a la AFP.

La Constituyente también ordenó a los medios impresos difundir la ley "íntegramente", una vez sea publicada en gaceta oficial.