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Congreso chileno recibe proyecto de ley para instaurar el aborto libre

La presentación del proyecto para instaurar el aborto libre ocurre justo un año después de que se promulgara una iniciativa largamente esperada para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación.

Una activista durante las movilizaciones en Chile en favor de la despenalización del aborto.

Una activista durante las movilizaciones en Chile en favor de la despenalización del aborto. Foto: EFE

La Razón Digital / AFP / Santiago

14:53 / 21 de agosto de 2018

Un grupo de diputadas de la izquierda opositora ingresaron este martes al Congreso chileno un proyecto de ley para establecer el aborto libre, siguiendo los pasos de Argentina un año después de la instauración en el país de la interrupción de embarazo por razones médicas y violación.   La iniciativa busca despenalizar la interrupción del embarazo "decidido por la mujer" hasta las 14 semanas de gestación.

"No puede ser que las mujeres sean llevadas a la cárcel por abortar. Creemos en la maternidad deseada", dijo a periodistas la diputada del partido Revolución Democrática (izquierda), Maite Orsini, que lidera a un grupo de 12 parlamentarias que se presentaron ante el Congreso vistiendo el pañuelo verde que se impuso en Argentina como símbolo de la lucha por el aborto libre.

En paralelo, y vistiendo pañuelos celestes -que usaron en Argentina los grupos contrarios al aborto libre- un grupo de parlamentarios de la derecha oficialista anunció la presentación de una reforma constitucional "para proteger la vida del que está por nacer".

"Este es un día triste para Chile", lamentó el diputado conservador Juan Antonio Coloma, en representación del llamado "Frente por la defensa de la vida".

En tanto, para el gobierno del derechista Sebastián Piñera la iniciativa no forma parte de su agenda de trabajo legislativo.

"No es parte de la agenda; no lo identificamos como una situación a la cual nosotros tengamos que abocarnos toda vez que hay prioridades que son de mayor envergadura para la población", señaló el ministro de la Salud, Oscar Santelices.

"Numerosas restricciones"    

La presentación del proyecto de ley para instaurar el aborto libre en Chile ocurre justo un año después de que se promulgara una iniciativa largamente esperada para permitir la interrupción del embarazo en caso de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad fetal, siguiendo la iniciativa que finalmente fue rechazada por el Congreso de Argentina.

Impulsada por la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), la ley sacó a Chile del escasísimo grupo de países en los que el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia, al final de una ardua lucha con grupos conservadores -ligados a la Iglesia Católica chilena- que por años bloquearon cualquier iniciativa que permitiera la interrupción del embarazo.

Pero varias organizaciones han denunciado que la iniciativa es insuficiente.

De acuerdo a un reporte de este lunes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, (FIDH) "la gran mayoría de las mujeres en Chile -más del 97% según algunas estimaciones- continúa privada del derecho a un aborto legal y seguro".

Mientras que la minoría que puede recurrir al aborto con la nueva ley "enfrenta numerosas restricciones, así como los intentos de las autoridades para limitar la implementación de la ley", denunció la organización con sede en París.

La crítica se centra en el protocolo que facilita la posibilidad de que instituciones y trabajadores de la salud invoquen la objeción de conciencia para negarse a participar en un aborto, aludiendo a creencias o reglas morales.

A través de un reglamento, a los once días de haber asumido el poder el gobierno del conservador Sebastián Piñera redujo los requisitos exigidos a las instituciones para justificar su decisión de negarse a realizar abortos y permitió acudir a la objeción de conciencia a las instituciones privadas que tengan convenios de atención con el Estado.

Pero a petición de parlamentarios opositores, la Contraloría estimó que este protocolo no se ajustaba a derecho y obligó al gobierno a ingresar una nueva iniciativa -actualmente en revisión- que vuelve a prohibir la objeción de conciencia en organismos privados que reciban aportes públicos.   Sin embargo, esta "también elimina diversas disposiciones dirigidas a garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y contribuye a facilitar el ejercicio de la objeción de conciencia", de acuerdo a la FIDH.

Entre septiembre de 2017 y el 16 de julio de 2018, 359 abortos fueron practicados en el marco de esta nueva ley, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.

(21/08/2018)

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