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Estado chileno debe pagar 319 mil dólares a cada preso político de Pinochet

El fallo, emitido por la jueza Claudia Donoso, del 18º Juzgado Civil de la capital chilena, acogió una demanda presentada en enero de 2008 por los exprisioneros, residentes en la austral región de Magallanes.

La Razón Digital / EFE / Santiago de Chile

21:29 / 24 de enero de 2013

Un juzgado de Santiago condenó hoy al Estado chileno a pagar a cada uno de los 31 antiguos presos políticos 150 millones de pesos (unos 319 mil dólares) como indemnización por el "daño moral" que les causó su cautiverio en una inhóspita isla de la Patagonia, informaron fuentes judiciales.

El fallo, emitido por la jueza Claudia Donoso, del 18º Juzgado Civil de la capital chilena, acogió una demanda presentada en enero de 2008 por los exprisioneros, residentes en la austral región de Magallanes.

Los demandantes, tras ser secuestrados por agentes del Estado, permanecieron largo tiempo confinados en diversos centros de detención de la zona, especialmente en la isla Dawson, a cargo de la Marina chilena, 2.500 kilómetros al sur de Santiago.

La jueza Donoso fundamentó su fallo en "la gravedad de las violaciones a los derechos humanos" a que fueran sometidos los demandantes, que fueron reconocidos oficialmente como víctimas del Estado en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura".

Dicho documento, conocido como "Informe Valech" certificó el año 2004 que unos 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La magistrada rechazó un recurso del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para prescribir el caso, por considerar que "no es posible sostener, a juicio de esta sentenciadora, que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso del tiempo".

"Ello significaría un desconocimiento del Derecho Humano conculcado", remarcó la jueza, cuyo fallo se sustenta en el artículo 131 del Convenio de Ginebra, referido a la aplicación de torturas o tratos inhumanos.

En Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, Baldovino Gómez, los demandantes consideraron en una declaración pública que el Estado "debiera moralmente acatar la resolución judicial y abstenerse de apelar".

"Estamos dispuestos a concordar con el Consejo de Defensa del Estado las formas de facilitar la ejecución de este veredicto ejemplar del Estado de derecho chileno en democracia", señalaron.

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