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‘La iniciativa de aumentar penas será mal recibida en la región’

Guido Croxatto - Las demandas de diversos grupos por la pena de muerte y los anuncios de reformas en el Derecho boliviano que llevarían a aumentar las penas en delitos contra la vida o la propiedad o la honestidad sexual, así como la idea de que alguien pueda ser condenado a más de 25 años de prisión despertaron alarmas regionales. Aquí las expresa el asesor de Derechos Humanos de la presidencia argentina, el jurista e investigador Guido Croxatto.

MINISTERIO. El jurista Guido Croxatto en su despacho en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MINISTERIO. El jurista Guido Croxatto en su despacho en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Tiempo argentino

La Razón / Alfredo Grieco

00:00 / 18 de marzo de 2012

— ¿Cómo será recibido en la región, a la luz de los tratados internacionales de los que el Estado Plurinacional de Bolivia es firmante, una iniciativa de reforma del Código Penal boliviano con aumento de las penas o acumulación real de ellas?

— Esta iniciativa de aumentar penas o pasar a un sistema de acumulación real de las penas en Bolivia no será en modo alguno bien recibida por los gobiernos de la región, por ejemplo Argentina u otros países del Mercosur, como Brasil. En la Argentina hay una política muy fuerte de promoción y respeto de los derechos humanos en todos los niveles. El derecho penal es uno de esos ámbitos. En la Argentina se considera que el encierro no aporta mayores soluciones. El encarcelamiento suele ser negativo. Massimo Pavarini, el penalista italiano, en su texto Un arte abyecto, repasa distintos aspectos del derecho penal y muestra que todas las teorías de la pena (positivas y negativas, de prevención especial o general) han fracasado. Que el encierro nunca ha servido para nada.

— Pero que exista un clamor popular por la pena de muerte, ¿no es justamente una prueba del fracaso de la cárcel?

— La pena de muerte tampoco es una solución. Es sólo una cortina de humo que deja los dramas sociales irresueltos. El derecho no puede ser una cortina de humo. Merece ser algo más. El desafío del derecho latinoamericano es pensar alternativas a la cárcel y a la pena de muerte. Pensar el crimen y el delito en una visión social más amplia. No sirve de nada encerrar o matar más personas.

— ¿La pena nunca sirve para resocializar, sólo para marginar?

— Encerramos personas para definirnos a partir de lo que está encerrado. Ya lo dice el filósofo francés Jean-Paul Sartre en su libro Jean Genet, Comediante y Mártir: encerramos pero encerramos sobre todo para encontrar sentido: somos "mejores" o "más humanos" que el reo. Pero no es así. El reo es parte de nosotros y de la sociedad. No tiene sentido encerrarlo. Sino integrarlo y pensar por qué la sociedad fracasó al punto de que los delitos se cometan. Debemos ir hacia un modelo donde la pena no tenga el protagonismo. El protagonismo debe ser del hombre. La pena es un recurso último (y en general superficial) de un Estado que no soluciona los problemas. La pena misma representa un fracaso de la sociedad y del mismo derecho. El desafío del derecho es lograr la Justicia y la equidad. Evitar la pena. No aumentarla ni promoverla. No agregar más violencia a la violencia que ya existe.

— Si Bolivia vuelve ley la acumulación real de las penas o la prisión efectiva por más de treinta años para condenados, ¿cuál será la reacción de la comunidad jurídica argentina?

— En modo alguno ese cambio será percibido como un avance. Al contrario, será percibido como un retroceso. El Dr. Eugeni Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de la Nación Argentina, acuñó distintos términos para dejar en evidencia el trasfondo de este "populismo punitivo", suerte de demagogia política de los gobiernos que le quieren hacer creer a la gente que la solución de todos sus problemas sociales y políticos y humanos pasan exclusivamente por la expansión o el endurecimiento de la pena y del derecho penal. No todos los problemas sociales (tal vez muy pocos) pueden ser solucionados y enfocados desde el derecho penal. La pena es una solución triste, paradojal y vacía, de última ratio.

— El aumento de las penas, ¿es entonces una solución política de gobiernos desesperados o poco imaginativos?

— El aumento de penas suele ser una reacción política pueril pero efectiva a problemas complejos que demandan más inversión, estudio, paciencia, y tiempo. Ninguna solución es de un día para el otro. Hay que desconfiar de las soluciones mágicas. El derecho necesita pensar. En su libro Crímenes de Masa, Zaffaroni analiza este proceso como la tensión continua que existe entre lo que él denomina el "estado de policía" y el Estado de derecho. Ambos estados conviven en el interior de cada sociedad. Aumentar las penas, llenar las cárceles de gente en su mayoría pobre y sin recursos, no hace sino agravar la desigualdad social que domina en Latinoamérica.

Aumentar las penas es un avance del Estado de policía. No del Estado de Derecho. El desafío del derecho es resolver la desigualdad y la pobreza. Es atacar y erradicar la miseria.

— ¿Es preferible entonces aumentar los derechos antes que aumentar las penas?

— Nunca subir las penas. Sino aumentar las oportunidades y los derechos. Eso es lo que haría un derecho inteligente. Aumentar las penas es una medida de escasa utilidad pero además es una medida deshonesta que no ataca las causas del problema. Se conforma con criminalizar las consecuencias. Con encerrarla o matarla. Con eliminar el síntoma sin atacar la enfermedad (y el derecho a menudo se conforma con eliminar el síntoma sin atacar la enfermedad) Que es la pobreza, la desigualdad, la falta de democracia, salud o educación de calidad para todos. Estos son los desafíos del derecho: más educación, más igualdad, más salud, más justicia.

— ¿Un país como Argentina, ¿extraditaría a ciudadanos bolivianos buscados en su país bajo esta reforma penalizadora?

— Para el caso de acumulación de penas, sería simplemente pasar a un sistema más rígido, como el de España, que Argentina no aplica ni tampoco comparte. Pero si la Justicia de España solicita la extradición de un ciudadano procesado en España, Argentina lo extradita. Lo mismo sucedería con Bolivia. Distinto sería el caso si los bolivianos pidieran en la Argentina asilo político o se presentasen como refugiados que escapan de un sistema legal violatorio de los derechos humanos. Si ese fuera el caso, entonces sin dudas la situación cambiaría y los países de la región, tanto en el Mercosur como en la Unasur, tendrán que ponerse de acuerdo sobre los pasos a seguir y debatir al respecto la mejor solución con el propio gobierno de Bolivia. El desafío es ir hacia modelos donde las condenas no sean las protagonistas. Sino los hombres. ¿Qué sentido tiene encerrar 40 años o 50 años a una persona? ¿Es lo mejor que puede ofrecerle nuestra sociedad y nuestro derecho? ¿Tan poco habrá evolucionado el derecho del siglo XXI que quiere remontar a las formas de las sociedades hispánicas del siglo XVI?

Perfil

Nombre: Guido Leonardo Croxatto Nació: 23-11-1982 Profesión: Abogado Cargo: Asesor de Derechos Humanos de Argentina

Un abogado defensor de la vidaGuido Leonardo Croxatto es un joven abogado argentino y destacado profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especializado en derechos humanos.  En su cargo de asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, trabaja en áreas sensibles como la violencia de género, la salud mental, tratando de promover que el nuevo derecho civil deje de denominar a las personas “incapaces” o “discapacitadas” por oposición a las personas “normales”. Ha avanzando en la representación de la violencia en las sentencias judiciales y en la construcción de plataformas que consolidan las Políticas de la Memoria que lleva adelante la República Argentina.

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