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Una jueza peruana ordena suspender investigación contra la esposa del presidente Humala

Medios locales señalaron que, de esa manera, Heredia no podrá ser sometida a pesquisas por el dinero que le transfirieron su madre, Antonia Alarcón, y su amiga Rocío Calderón, por parte de la empresa venezolana Kaysamak.

La primera dama del Perú Nadine Heredia. Foto: beta.udep.edu.pe

La primera dama del Perú Nadine Heredia. Foto: beta.udep.edu.pe

La Razón Digital / EFE / Lima

19:35 / 09 de junio de 2015

Una jueza de Lima ordenó hoy que se suspenda la investigación fiscal que se seguía contra la primera dama de Perú, Nadine Heredia, por depósitos de dinero que recibió en sus cuentas bancarias entre 2005 y 2009, informó hoy el Poder Judicial.

Un comunicado oficial señaló que la jueza María Niño Palomino, titular del 43 Juzgado Penal, "declaró fundada, en parte, la demanda de hábeas corpus" que Heredia presentó contra la investigación del fiscal Ricardo Rojas "por afectación del derecho constitucional al debido proceso".

Precisó que la jueza aceptó el extremo referido a la investigación que el fiscal inició sobre "la procedencia y destino de ingresos examinados" ya en 2009 y que comprende el período entre el 20 de octubre de 2005 y el 5 de marzo de 2009.

Medios locales señalaron que, de esa manera, Heredia no podrá ser sometida a pesquisas por el dinero que le transfirieron su madre, Antonia Alarcón, y su amiga Rocío Calderón, por parte de la empresa venezolana Kaysamak.

Tampoco se podrá continuar con la investigación de los pagos por asesorías profesionales que recibió de parte de una empresa vinculada con el encarcelado empresario Martín Belaunde Lossio.

La nota oficial señaló que la jueza declaró nula una resolución fiscal del 29 de enero de 2015 y "todos los actos posteriores que se deriven del inicio de la citada investigación", además de disponer que la Fiscalía "se abstenga de continuar investigando estos hechos".

"La magistrada consideró que se trata de hechos ya decididos, los que tienen carácter inamovible, por lo que de iniciarse una nueva investigación por este caso se vulneraría el principio 'Non bis in idem' (no puede haber doble persecución)", remarcó la nota.

Agregó que el caso no puede ser reabierto porque una investigación hecha en 2009 ya concluyó "que está acreditado el origen lícito de las trasferencias de dinero de la demandada en el período 2005-2009".

La jueza declaró infundada la demanda de hábeas corpus interpuesta por Heredia en los demás extremos de la investigación que no guardan relación con la que ya se hizo en 2009.

El abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, dijo que ellos todavía no han sido oficialmente notificados de la resolución, aunque estimó que "se ha tomado en consideración que estos hechos ya han sido debidamente investigados por el Ministerio Público y esta reapertura de investigación afecta el debido proceso".

"Ha quedado demostrado que el fiscal cometió una irregularidad al momento que abrió esta investigación sin ninguna prueba nueva", indicó a la emisora RPP Noticias antes de señalar que probablemente apelará la parte que no les ha sido concedida, pero aún deben conocer los términos de la resolución.

El pasado 3 de junio, Heredia descartó haber recibido dinero del Estado venezolano de cara a la campaña electoral de 2006 y agregó estar dispuesta a presentar nuevamente sus descargos ante la Fiscalía.

La primera dama respondió, de esa manera, a las publicaciones hechas en varios medios locales sobre los fondos recibidos del extranjero en 2005, un año antes de la primera postulación de Humala a la presidencia, y sus vínculos con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.

Heredia afirmó que Humala y ella conocieron a Chávez en enero de 2006, meses después de los depósitos hechos por Kaysamak a cuentas de su entorno personal.

Consideró, también, que es víctima de una "campaña de desprestigio", aunque señaló que estaba "tranquila y dispuesta a presentar nuevamente ante la fiscalía" todos los descargos.

En 2009, la Fiscalía abrió una investigación preliminar a Heredia sobre un presunto desbalance patrimonial y lavado de activos, pero el tema fue archivado en 2010, aunque en febrero pasado el fiscal

Rojas abrió la investigación por una supuesta transferencia de poderes para manejar una cuenta bancaria, así como depósitos de dinero hechos entre 2006 y 2008.

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