Nacional

Dan primer paso para juicio por privatización

Agenda. Legislativo 2015-2020 continuará con la investigación

Asamblea. El vicepresidente Álvaro García Linera preside la sesión en la que se dio lectura al informe sobre privatización y capitalización.

Asamblea. El vicepresidente Álvaro García Linera preside la sesión en la que se dio lectura al informe sobre privatización y capitalización. Ángel Illanes.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano / La Paz

04:35 / 14 de enero de 2015

La Asamblea Legislativa dio ayer el paso inicial para enjuiciar a 13 exautoridades, entre ellas Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina, y así comenzar a saldar cuentas por los procesos de privatización y capitalización de gestiones pasadas.

La Comisión Especial Mixta del Legislativo, que investigó esos procedimientos, llevados a cabo entre 1989 y 2000, entregó ayer un informe, que sin embargo resultó incompleto. Además estaba previsto que el mismo incluya a otros dos exmandatarios: Jorge Quiroga Ramírez y Jaime Paz Zamora, según adelantaron asambleístas.

El documento sobre los procesos de enajenación de las empresas públicas tiene, según el vicepresidente Álvaro García Linera, 100.000 hojas. Ayer fue aprobado junto con dos proposiciones acusatorias que serán remitidas al Ministerio Público bajo la querella de la Procuraduría General del Estado.

La primera demanda es por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la entrega de recursos estatales a la institución privada denominada Fundación para la Producción (Funda-Pro), una operación autorizada por el exministro de Planeamiento Samuel Doria Medina. Además de él están acusados Gonzalo Sánchez de Lozada Bustamante, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar.

La segunda proposición acusatoria es por los mismos delitos mencionados anteriormente en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe). Los acusados son Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Peters Arzabe, Gonzalo Apcha de la Parra, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Hernando Candia Castillo, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.

Ambos documentos serán remitidos a la Fiscalía General del Estado, instancia que en un plazo de 30 días deberá emitir un informe que luego será devuelto a la Asamblea Legislativa, que deberá autorizar o rechazar el inicio de un juicio de responsabilidades contra esas 13 exautoridades.

El senador René Martínez (MAS) explicó que ambas demandas son la base para esos y otros procesos judiciales que resultarán de la investigación que proseguirá en el siguiente periodo legislativo.

Similar es el criterio de la senadora Sonia Guardia, primera vicepresidenta de la Cámara Alta, quien consideró que sus sucesores deberán continuar este trabajo para encontrar a los responsables de haber privatizado o capitalizados las empresas del Estado, entre ellas YPFB, Entel, Ende, Fancesa. Esa misma tarea encomendó el vicepresidente García Linera a los asambleístas que asumirán sus funciones, pues los 11 años de privatizaciones y capitalización “no pueden quedar impunes”.

“No lo podemos meramente recordar como parte de la historia porque los jóvenes que nos están viendo y nos están oyendo hoy, tienen que saber que no se puede atacar a la patria impunemente, no se la puede destruir impunemente, que quien atente contra la patria, tarde o temprano tiene que tener sanción, de aquí para los siguientes años de la historia”, manifestó García Linera.

Según el Vicepresidente, todavía falta por determinar quiénes son los responsables del daño económico al Estado de más de $us 444 millones que fueron otorgados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional para privatizar y capitalizar diferentes empresas estatales.

García Linera mencionó que de la privatización de 35 empresas durante la gestión del exministro Doria Medina, el Estado recibió $us 90 millones, pero para llevar adelante ese proceso se erogó al menos $us 147 millones. En el caso de la capitalización, afirmó el Vicepresidente, el Estado no solo perdió $us 350 millones anuales de YPFB, Entel Enfe, ENDE y el LAB, sino que asumió una deuda de $us 297 millones.

Hechos

Etapas

La comisión mixta realizó su investigación en tres fases, la primera de 1991 a 1993, en la que se tiene el registro de 60 empresas públicas privatizadas. La segunda etapa fue entre 1993 y 1997, y se refiere al periodo de capitalización.

Compañías

Se capitalizó empresas    estratégicas como ENDE, Enfe, YPFB, Entel, LAB. La tercera fase, 1997 y 2000, hace referencia a la continuidad del proceso de privatización.

Impulso

En julio de 2013 se autorizó la indagación a los gobiernos que estuvieron entre 1989 y 2005. En ese periodo los gobernantes fueron: Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.

El informe genera varias mirad as 

René Martínez: Senador

“Este informe abre la posibilidad de juicio de responsabilidades, pero además es el primer paso para un verdadero proceso de investigación de la estafa a los bolivianos”.

Tania Melgar: Senadora, miembro de comisión mixta

“El documento no expresa, no logra mostrar todos los estudios de los casos analizados. Por eso se sugirió que se pueda profundizar las investigaciones y realizar auditorías”.

Armando Méndez: Analista

“Se está cuestionando el proceso de privatización de los años noventa y el de capitalización, que fueron consecuencia de una política que se aplicó en toda América Latina”.

Flavio Machicado: Exministro de Economía

“La capitalización o la privatización forman parte de una política, el problema sería si se lo hubiera hecho al margen de la ley”.

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