Nacional

Las 29 recomendaciones de la Comisión Especial Mixta

La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización recomendó a la Asamblea, a la Contraloría, al Banco Central, ministerios y otras instancias del Estado la revisión de contratos, concesiones y la fiscalización de empresas privatizadas y capitalizadas.

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

04:07 / 14 de enero de 2015

1. Aprobar el informe de la delegación investigadora de los procesos de privatización y “capitalización” que se efectuaron en el país, aceptar la resolución de asamblea que el comité plantea y admitir las proposiciones acusatorias que la comisión propone.

2. Remitir el documento final de la investigación, los estudios de caso, anexos y documentación de respaldo al Ministerio Público, a la Procuraduría y Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus atribuciones inicien las acciones correspondientes.

3. Dar continuidad al proceso de indagación, haciendo énfasis en aspectos periciales de tipo financiero y jurídico en los casos que aún subsisten vacíos e irregularidades que no son plenamente conocidos (caso Comibol y Enfe, sistema financiero subsistente, funcionamiento de la Bolsa de Valores y emisión de bonos, entre otros) y que aún provocan daños económicos a la sociedad y al Estado boliviano. La continuación de la pesquisa debe incluir la ampliación del periodo de investigación.

4. Conocer y pronunciarse sobre los contratos de riesgo compartido y mixto, contratos de arrendamiento, de concesión y otros que fueron suscritos a partir de los gobiernos neoliberales y que aún no fueron puestos en conocimiento y consideración como: los convenios mineros, hidrocarburíferos, de concesión y licencia, entre otros.

5. A los ministerios y autoridades de control y fiscalización, realizar auditorías especiales a empresas que fueron privatizadas o capitalizadas, con la finalidad de determinar los daños económicos causados al país, como efecto de su privatización.

6. A las gobernaciones y municipios, realizar, a partir de este informe, investigaciones económicas, jurídicas y de auditoría de las empresas que fueron sometidas a privatización, ubicadas en su jurisdicción (por ejemplo, Hilandería Viacha y Cabobe). Además, la Asamblea Legislativa deberá investigar la situación jurídica de los bienes de las empresas públicas que fueron cerradas y/o desmanteladas (como sucedió, por ejemplo, con Fanviplan).

7. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que proceda a la revisión o modificación normativa de los incentivos tributarios establecidos en la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Seguros, en cumplimiento del principio constitucional de universalidad e igualdad en el ámbito tributario, en razón de que los actores regulados por estas leyes se benefician de la participación del Estado en su calidad de emisor y de los recursos frescos de los trabajadores, con relación a los aportes a la seguridad social de largo plazo.

8. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proceder con la modificación normativa con relación al régimen de inversiones, emergentes de la administración de los recursos del Fondo de Ahorro Previsional (ex Fondo de Capitalización Individual), debido a que los recursos de los trabajadores no se pueden prestar a beneficiar a pequeños grupos empresariales, manteniendo condiciones adversas y poco beneficiosas en el mediano y largo plazo.

9. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, proceder al estudio y modificación del régimen de seguridad social de largo plazo, superando el tratamiento estrictamente financiero.

10. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, analizar la pertinencia de sustituir la administración privada (o establecer niveles de coparticipación estatal) en la Bolsa Boliviana de Valores, Entidad de Depósito de Valores, Calificadoras de Riesgo, Burós de Informaciones Crediticia y otras entidades y registros públicos, que por su naturaleza deben estar bajo gestión del Estado.

11. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar auditorías especiales a los contratos con las AFP, a objeto de determinar el régimen de inversiones del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y del Fondo de Capitalización Individual (FCI) y todas las ganancias logradas por todos los participantes (AFP, Agencia de Bolsa, Bolsa Boliviana de Valores SA, Calificadoras de Riesgo, fiduciario Cititrust Bahamas Limited, Custodio Global de las acciones, Entidad de Depósito de Valores, entidades aseguradoras, Provivienda Bancos), desde el primer día en que entró en vigencia la Ley 1732.

12. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar la investigación y presentar informe a la brevedad sobre las condiciones y beneficios adquiridos por las entidades de intermediación financiera, bancos y cooperativas de ahorro y crédito, emergentes de la vigencia del Fondesif, Fondecoop y el FERE, así como de los procedimientos de pago subsecuentes y si se produjo daño económico al Estado.

13. A las autoridades de fiscalización y control, y a los ministerios que ejercen tuición sobre éstas, profundizar el estudio sobre el rol de las superintendencias durante la “capitalización”, establecer su andamiaje jurídico institucional, las redes de poder, su funcionamiento y sus propósitos, con la finalidad de que las actuales autoridades de fiscalización y control adquieran lecciones y aprendizajes para profundizar el proceso de transformación institucional y cumplan un rol acorde con el actual modelo económico plural.

14. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Ministerio de Planificación del Desarrollo y al Banco Central de Bolivia, realizar auditoría a los contratos de deuda externa suscritos en el periodo 1985-2000 para costear la privatización y “capitalización”, su negociación y condicionamientos, pagos, saldos y/o condonaciones que se hubieran efectuado y cuantificar los daños provocados (o que seguirían provocando) a la economía nacional.

15Al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, modificar la normativa que exime a las empresas petroleras el pago del IVA, de manera que su pago sea universal y concordante con la CPE, que establece que “no se podrá otorgar a (…) empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos” (Art. 320, parágrafo lll de la CPE).

16. Al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y al Ministerio de Minería y Metalurgia, iniciar un proceso de transición de los contratos de riesgo compartido y de arrendamiento a contratos bajo el régimen de asociación y prestación de servicios, a objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional que le asigna al Estado una función rectora en la economía, a “ejercer la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía” (Art. 316, numeral 3 de la CPE). Por consiguiente, se debe completar la recuperación de los recursos naturales y ejercer control de los contratos petroleros y mineros con privados.

17. Al Ministerio de Minería y Metalurgia, continuar y profundizar las modificaciones a la normativa minera, en cumplimiento de la CPE que reconoce al pueblo boliviano como el propietario de los recursos mineralógicos. En los contratos a firmar entre el Estado y las empresas privadas se debe reconocer a los privados sus inversiones, más un porcentaje de utilidades definidas a partir de un índice adecuado para cada mineral; el resto del excedente o la mayor parte de las ganancias deben destinarse al pueblo boliviano, propietario de los recursos naturales.

18. Al Ministerio de Minería y Metalurgia, ejercer mayor control sobre los procesos de producción y comercialización de minerales efectuados por las empresas privadas bajo contratos de riesgo compartido y de arrendamiento, en el entendido que los productos minerales son del pueblo boliviano y su comercialización debe estar a cargo del Estado.

19. Al Ministerio de Minería y Metalurgia que, entre tanto subsistan los contratos de riesgo compartido, instruya la conformación de directorios para administrar los contratos de riesgo compartido y de riesgo compartido mixtos, y designar representantes del Estado ante esos directorios para que ejerzan tareas de fiscalización en resguardo de los intereses del Estado y del pueblo boliviano.

20. Al Ministerio de Minería y Metalurgia, modificar la base imponible de la regalía de explotación de piedra caliza, tratando de que la misma también beneficie a la región o a los municipios productores.

21. Al Ministerio de Minería y Metalurgia, revertir la concesión minera de piedra caliza de La Tablada, en el departamento de Tarija, por cuanto su enajenación en 1997 infringió los artículos 136 y 137 de la CPE de entonces y actualmente no tiene derecho propietario perfeccionado.

22. Al Ministerio de Minería y Metalurgia y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dictaminar las medidas correspondientes a objeto de que el registro de toda la producción y comercialización de minerales en yacimientos de Comibol, incluida las de los concesionarios, sea a nombre de Comibol y ajustar ese registro en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

23.  Al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, conformar una comisión de expertos para analizar los convenios internacionales y de derechos de rutas obtenidos por el LAB, en la perspectiva de reactivarlos en beneficio de la política aeronáutica nacional.

24Al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, resguardar el patrimonio de Enfe en todo el territorio nacional, exigir a las empresas concesionarias de las redes ferroviarias andina y oriental la reparación de los daños causados a las vías férreas; de lo contrario, se deben rescindir los contratos de concesión de vías férreas con esas empresas privadas.

25. Al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, investigar sobre el estado en que se encuentran las propiedades de Enfe en Chile.

26. Al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, resolver las deudas tributarias de Enfe estatal que, habiendo dejado de operar desde 1997, sigue apareciendo en el registro tributario de “grandes contribuyentes” (Gracos), alcanzando  a la fecha una suma injusta e impagable.

27. A autoridades de ministerios, de control y fiscalización, el Banco Central de Bolivia, Contraloría General del Estado, a las autoridades departamentales y municipales, instruyan la realización de trabajos de acopio, clasificación y resguardo de documentación relativa a los procesos de enajenación de empresas que estaban bajo su tuición, igualmente a quienes administran empresas que anteriormente fueron privatizadas pero luego fueron recuperadas por el Estado. Esta recomendación permitirá al Estado demostrar sus derechos y probar sus demandas en procesos judiciales por delitos permanentes provocados por la privatización, y permitirá a la sociedad boliviana conocer mejor su historia.

28. Al Órgano Ejecutivo, realizar publicaciones, procesos de socialización, difusión y pedagogía a partir de los resultados de investigación, con la finalidad de resguardar el nuevo patrimonio estatal que se va construyendo en el país, y establecer sanciones morales y éticas contra quienes atentaron y/o pretendan nuevamente atentar al patrimonio público de los bolivianos(as).

29. Al Órgano Ejecutivo, rendir homenaje a los luchadores(as) contra la privatización y la “capitalización”, con la finalidad de cumplir un tributo justo e histórico a quienes contribuyeron a recuperar la patria que hoy gozamos y que son un ejemplo de vida para las actuales y nuevas generaciones.

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