Nacional

Analistas no ven reglas claras en suspensión de autoridades

La Razón / P.C.

00:00 / 08 de julio de 2012

La posible suspensión del Gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, por la aplicación del artículo 144 de la Ley 031 Marco de Autonomías, según analistas consultados por La Razón, abre un debate político-jurídico: primero, sobre la jerarquía y el respeto de las normas y, segundo, por el tinte político que tienen las suspensiones. El Gobierno dice que existe jurisprudencia y que el artículo es constitucional.

“Es un debate político-jurídico que existe acá”, señala el politólogo cruceño Luis Andia. El analista Marcelo Silva dice que la aplicación de la Ley de Autonomías ocasiona que la “vida política de los gobernadores esté en manos de un fiscal de materia”. Andia aclara que los que realmente tienen en sus manos la continuidad de una autoridad elegida en las urnas son los propios asambleístas del departamento.

“La acusación formal aún no ha llegado a la Asamblea Departamental, ¿por qué no se lo hace? ¿o es que hay un manejo político y jurídico en este proceso”, cuestiona Andia.

Costas podría ser suspendido temporalmente del cargo en los próximos días si los asambleístas departamentales aceptan la acusación formal presentada por la Fiscalía contra el Gobernador, acusado por daño económico al Estado; malversación de fondos y conducta antieconómica por la organización del referéndum autonómico del 4 de mayo de 2008.

Constitucionalidad. Sin embargo, los analistas también cuestionan la constitucionalidad del artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías, que dice que gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales podrán ser suspendidos a sola acusación formal fiscal. El analista Gonzalo Rojas recuerda que el artículo 28 de la Constitución dice que para la suspensión de derechos políticos es necesaria una sentencia ejecutoriada.

La réplica es de la ministra de Autonomía, Claudia Peña, quien asegura que existe jurisprudencia sobre la constitucionalidad del artículo 144. “La concejal (de Santa Cruz) Desireé Bravo presentó un recurso al TC. La sentencia dice que en caso de una acusación, la autoridad electa debe ser suspendida”, manifestó.

No obstante, Silva dice que “La Ley 031 contraviene la Constitución”. Rojas señala que lamentablemente la suspensión de una autoridad tiene que ver con su color político. “La Constitución debe estar por encima de leyes y decretos”.

MAS pide la renuncia

En abril, el Movimiento Al Socialismo pidió al gobernador, Rubén Costas, ‘por moral y ética’ renunciar a su cargo y asumir su defensa ante la justicia por  17 procesos. 

Cese de funciones  de Cossío y Suárez

Entre julio de 2010 y julio de 2012 dos gobernadores electos el 4 de abril de 2010 fueron cesados en el cargo por tener acusaciones formales de la Fiscalía por distintas denuncias penales. El gobernador de Tarija, Mario Cossío, fue el primero en ser suspendido por el artículo 144. Su suspensión ocurrió en diciembre de 2010.

Cossío radica en Paraguay, país que en enero de 2011 le concedió el refugio político. El segundo gobernador en ser suspendido, por la aplicación de la Ley de Autonomías, es Ernesto Suárez, exgobernador del Beni. La Asamblea Departamental determinó su suspensión temporal en diciembre de 2011, pero, en mayo     renunció al cargo para encaminar nuevas elecciones en ese departamento.

La Fiscalía acusó a Suárez formalmente en julio de 2010 por daño económico al Estado por la compra de un motor de luz para San Borja y el uso irregular de cerca de medio millón de dólares en el referéndum autonómico de 2008. Cossío, en cambio, debe afrontar más de una veintena de procesos, entre ellos, la malversación de cerca de 39 millones de bolivianos.

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