El debate sobre los regalos que recibe el presidente Evo Morales trascendió las fronteras. En Argentina se habla de corrupción de la presidenta por aceptar obsequios y en Chile solicitan una normativa para regular la recepción de presentes.

Desde un poncho hasta joyas, durante sus visitas oficiales, los presidentes intercambian obsequios con sus anfitriones. Aunque no es un gesto obligatorio, es una buena señal de protocolo el regalar objetos preciados y simbólicos.

Pero no sólo se da el intercambio de obsequios entre mandatarios. Un jefe de Estado también recibe regalos en actos públicos por parte de ciudadanos, que pueden ser dirigentes empresariales o de organizaciones sindicales.

El debate que ahora tiene lugar en Argentina y en Chile empezó en Bolivia, después de que el presidente, Evo Morales, justificara parte del incremento de su patrimonio con centenares de ponchos que le regalaron comunidades rurales. La oposición señaló un posible delito de cohecho activo en la recepción de presentes, con base en el Estatuto del Funcionario Público, norma que prohíbe a los servidores recibir obsequios a cambio de beneficios.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce justificó los obsequios. Según su argumento, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz refiere que las autoridades puedan recibir regalos.

Los planteos cruzaron las fronteras. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández enfrenta acusaciones de corrupción por recibir obsequios. En particular se señala que en 2008 recibiera una esmeralda valorada en $us 5.000 de parte de un “admirador”. A ese obsequio se suma al MacBook Air de Apple que ese año le obsequió el magnate mexicano Carlos Slim.

La polémica radica en que la mandataria no declaró los obsequios, pese a que existe una Ley que establece que los funcionarios “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones (...) en el desempeño de sus funciones”. En Chile, estudian la posibilidad de aprobar una norma que regule la recepción de regalos  para el Mandatario. Sugieren que los obsequios se conviertan en patrimonio estatal.