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Asambleas serán decisorias en los gobiernos indígenas

Las Asambleas serán las instancias de máxima decisión en cinco gobiernos autónomos indígenas. Lo dicen sus estatutos autonómicos que rescatan la identidad cultural de los pueblos indígenas, pero mantienen como sostén económico al Gobierno central.

Oruro. El presidente Evo Morales Ayma durante el acto de presentación del estatuto autonómico del pueblo Uru Chipaya, en la gestión 2011.

Oruro. El presidente Evo Morales Ayma durante el acto de presentación del estatuto autonómico del pueblo Uru Chipaya, en la gestión 2011. Foto: ABI

La Razón / Paulo Cuiza / La Paz

00:00 / 12 de febrero de 2012

Los municipios de Jesús de Machaca, en La Paz; Mojocoya, en Chuquisaca; Uru Chipaya, Totora Marka y Marka Pampa Aullagas, en Oruro, concluyeron la redacción de sus estatutos que les permitirá transitar de la autonomía municipal a la indígena, aunque aún deben pasar por el control constitucional y un referéndum aprobatorio.

En la jerarquía de toma de decisiones, las asambleas estarán por encima de alcaldes y concejos, instancias que tienen una denominación particular en cada una de las autonomías. En el caso de Totora Marka, el legislativo será Juliriuñanchayiri y el Ejecutivo, Jilirilrpiri.

Entre las tareas que cumplirá esta instancia deliberativa está el control de cumplimiento del estatuto, la resolución de conflictos de límites territoriales, el control de cuentas y la administración de la justicia indígena originaria campesina.

El viceministro de Autonomía Indígena, Gregorio Aro, informó que fue compleja la construcción de acuerdos para la redacción de los documentos porque debía conseguirse consensos entre ayllus, sindicatos, colonizadores y población urbana y rural de los municipios en tránsito a la autonomía indígena.

En Bolivia, desde diciembre de 2009 están reconocidas 11 autonomías indígenas. Los habitantes de esos territorios decidieron en un referéndum transitar a este modelo político-administrativo reconocido en la Constitución Política, junto a las autonomías departamentales, municipales y regionales.

La Carta Magna dice que “la autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de naciones y pueblos indígena originario campesino, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias”.

Las asambleas también tendrán la potestad de elegir a los candidatos para los órganos deliberantes como los Amaw’tanaka en Jesús de Machaca o los manakas (concejales)  y ephnakas (alcalde) en Chipaya.

Además de la recuperación de la asamblea como una máxima instancia de decisión indígena, en los estatutos también se incorpora la cultura y la estructura político-administrativa indígena originaria campesina. Por ejemplo los Uru Chipaya incluyen la kiwuna como un símbolo propio que representa las diferentes épocas del tiempo.

También se declara patrimonio oral e intangible a toda manifestación cultural, musical, ritualidad e idioma de los pueblos. En el caso de Jesús de Machaca, incorporan el himno machaqueño, la wara, la chakana, el titi y el asiru como símbolos indígenas.

Símbolos. En Totora Marka, una ley especial reglamentará el uso de la indumentaria para sus autoridades e incluye a la wiphala, la flor de quinua y papa entre sus símbolos. En Pampa Aullagas incorporan, junto a la tricolor, la bandera bicolor rojo-blanco de la región y fija como idiomas oficiales el aymara, quechua y el castellano.

Aro explicó que la recuperación de la cultura es parte del proceso de descolonización, aunque reconoció que es un tarea compleja. “En esta labor salen contradicciones de la organización territorial que el Estado colonial ha profundizado”, sostuvo.

Las autonomías indígenas tienen entre otras atribuciones la de crear impuestos, aunque también consolidaron la relación económica con el Gobierno central.

Establecieron como parte de sus ingresos el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías departamentales y  coparticipación tributaria.

El modelo económico a regir en los cinco pueblos indígenas será el familiar-comunitario. Se desarrollarán emprendimientos productivos como instalación de empresas agropecuarias  y de centros de formación técnico superior. Apuestan al turismo como factor de desarrollo.

Los estatutos incorporan otros regímenes especiales como de salud, educación, igualdad de género y otros. Charazani (La Paz); San Pedro de Totora y Salinas de Garci Mendoza (Oruro); Tarabuco y Huacaya (Chuquisaca); y Charagua (Santa Cruz) aún redactan sus estatutos. Los documentos aprobados en cinco municipios  serán enviados a finales de mes al Tribunal Constitucional. Si pasan el control legal, serán sometidos al soberano y entrarán en vigencia.

Estatutos revalidan el proceso de consulta

Los estatutos autonómicos de Jesús de Machaca, Uru Chipaya, Mojocoya, Marka Pampa Aullagas y Totora Marka revalidan el proceso de consulta previa, libre e informada que, según la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, se debe hacer a los pueblos indígenas en caso de existir medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

El artículo 13 del Estatuto Autonómico de Jesús de Machaca señala que si el Estado pretende la explotación de recursos naturales no renovables, deberá consultar a las comunidades y ayllus de su jurisdicción.                        

El estatuto de Mojocoya establece que “en el marco de la Constitución y las leyes internacionales se respetará el derecho a la consulta previa”, y que una ley especial aprobada por el Magno Congreso definirá el procedimiento a seguir. 

Los documentos de los otros tres pueblos indígenas también validan la consulta.

Suspensión autoridades

Acusación

De acuerdo con los estatutos autonómicos de Jesús de Machaca, Mojocoya, Uru Chipaya, Totora Marka y Marka Pampa Aullagas, la suspensión de una autoridad jerárquica podrá darse en caso  de que ésta tenga una acusación formal, tal como señala el artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Otras vías contempladas para la cesación de un mandato son la renuncia, muerte, impedimento o invalidez, abandono injustificado de sus funciones o la revocatoria de mandato.

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