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Asesora de Goni aplaude la decisión de EEUU y dice que la solicitud de extradición tenía “motivos políticos”

"Las medidas adoptadas por el Gobierno democrático de Bolivia en 2003 (durante el mandato de Sánchez de Lozada) eran apropiadas y necesarias debido a una situación peligrosa con rehenes y revueltas armadas que causaron caos y amenazaron muchas vidas". afirmó Ana Reyes.

La Razón Digital / La Paz

18:14 / 07 de septiembre de 2012

Ana Reyes, la asesora legal del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aplaudió hoy la decisión del Gobierno de Estados Unidos de rechazar la solicitud de extradición de su cliente cursada por Bolivia, que lo responsabiliza de la muerte de más de 60 personas en una revuelta social en 2003.

"Estamos muy contentos con la decisión de EEUU de denegar la solicitud de extradición del Gobierno de Bolivia", dijo hoy Reyes a Efe en Nueva York. La información fue replicada posteriormente oor varios medios digitales

Y añadió: "Las medidas adoptadas por el Gobierno democrático de Bolivia en 2003 (durante el mandato de Sánchez de Lozada) eran apropiadas y necesarias debido a una situación peligrosa con rehenes y revueltas armadas que causaron caos y amenazaron muchas vidas"..

Según la asesora legal, "la solicitud del Gobierno actual" de Bolivia "tuvo motivos políticos y carecía de fundamento fáctico o jurídico".

Además de la extradición de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), solicitada a fines del 2008, también habrían sido denegadas las de Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, quienes fueron ministros de Defensa y de Hidrocarburos, respectivamente.

Sánchez de Lozada y sus dos colaboradores fueron acusados de genocidio por ser presuntamente responsables de la muerte de más de 60 personas en 2003, durante una oleada de conflictos que fue reprimida por las Fuerzas Armadas.

El conflicto social se desató por la decisión de Sánchez de Lozada de exportar el gas boliviano a EE.UU. a través de un puerto de Chile, país al que Bolivia le reclama una salida al Pacífico.

La crisis derivó en la dimisión de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003, 14 meses después de asumir su segundo mandato.

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