Nacional

Guaraníes piden modificación de las leyes Safco y de Deslinde

El Gobierno se abre a la modificación de las dos normas en el corto plazo

Cumbre. Guaraníes y autoridades del Estado en la Cumbre de los pueblos indígenas del Chaco, en Charagua, el 25 de julio.

Cumbre. Guaraníes y autoridades del Estado en la Cumbre de los pueblos indígenas del Chaco, en Charagua, el 25 de julio. Rubén Ariñez.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / Santa Cruz

03:05 / 03 de agosto de 2015

Indígenas guaraníes del Chaco piden al Gobierno la inmediata modificación, “con prioridad para el Estado”, de la Ley Safco (de Administración y Control Gubernamental) y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, porque consideran que son “burocráticas” y no están adecuadas a los nuevos retos de la autonomía, en particular de la indígena.

Esta iniciativa surgió en el marco de la primera Cumbre de los pueblos indígenas originarios del Chaco que se desarrolló en la localidad de Charagua, Santa Cruz, el 24 y 25 de julio. “Demandamos la modificación de la Ley Safco por una nueva Ley de Gestión Pública, que no sea burocrática y facilite la gestión eficaz y eficiente, con control social”, reseña parte del documento que emanó de esta cita indígena.

A través de este manifiesto resolutivo que fue ratificado por representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y autoridades de unas 15 municipalidades de la región del Chaco boliviano que abarca los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, los indígenas además  exteriorizaron su preocupación por la “parcialización” del sistema ordinario de justicia y la ineficiencia de los operadores en la puesta en práctica de la Justicia originaria indígena.

Normas. La Ley Safco, que data de 1990, regula los sistemas de administración de los tres niveles del Estado con el fin de evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y es producto de los paquetes recomendados por los organismos internacionales a gobiernos conservadores.

En tanto, la Ley de Deslinde regula los ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas; además determina los mecanismos de coordinación. Este nuevo modelo de Justicia originaria está reconocido oficialmente en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), que rige desde 2009, como un sistema parejo al de la administración ordinaria, en todos los aspectos.

Las actuales municipalidades de Totora Marka en Oruro y la cruceña Charagua están a un paso de consolidar sus autonomías indígenas y someterán sus estatutos autonómicos a una consulta ciudadana el 20 de septiembre. La previsión de los indígenas de estas regiones es que sus documentos sean aprobados. Un hecho que el propio ministro de Autonomías, Hugo Siles, calificó de “inédito e histórico en el mundo”.

La autoridad aseguró, en el marco de la cumbre, que “sin duda” el Gobierno asumirá “en breve” las soluciones al petitorio de reformas. De hecho, en septiembre se podrían delinear los mecanismos, adelantó Siles.

A su turno, el viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina, René Martínez, afirmó que el Gobierno “tiene la voluntad” de emprender estas modificaciones e iniciar la discusión en el Ejecutivo y “si el caso amerita, trasladarla a la Asamblea Legislativa”.

Consulta previa en la mira

Los indígenas del Chaco boliviano, en su manifiesto, aseguran que “el respeto a la diferencia y el derecho a la consulta previa vienen siendo pisoteados por las diferentes instancias del Estado: nacional, departamental y local”. Siguen “con mucho pesar” que esas conquistas no sean cumplidas por los gobernantes.

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